‘Defiende’ su derecho a gastar

El Instituto de la Defensoría Pública estatal pareciera no tener un plan de austeridad para cuidar su presupuesto de miles de millones de pesos.

Este organismo derrocha cantidades inexplicables en instalaciones eléctricas, suministro de material, conexión de red y datos y hasta en puertas de aluminio para oficinas de reciente creación en los municipios de Santa Catarina y Monterrey.

La Defensoría Pública es un organismo descentralizado, y aunque cuenta con autonomía, en su organigrama depende de la Secretaría de Gobierno estatal.

Y utiliza el poder de tomar sus propias decisiones para desembolsar cantidades exageradas, aparentemente, sin tener alguna sanción a sus dirigentes.

Aunado a esto, Reporte Indigo reveló que la Defensoría carece de mecanismos que reflejen la cantidad de sentencias favorables para los procesados, además de que los defensores públicos luchan por sacudirse el estigma de mal litigante. 

Una relación en poder de este medio revela el pago excesivo a un proveedor por el suministro e instalación eléctrica, que al comparar el mismo servicio con otras empresas del mismo ramo el precio es más bajo. Y los números no cuadran.

Deslumbran el presupuesto

Por el suministro e instalaciones de salidas electrónicas para alimentar climas y extractores, el instituto pagó 538 mil 879 pesos a la empresa proveedora Corporación Kirshee S.A. DE C.V., explica el documento.

En el reporte no detalla cuántos conectores se utilizaron, cuántos metros de cable se instalaron y con cuántos extractores contaría la oficina de reciente creación en el municipio de Santa Catarina.

Incluso no especifica con claridad el gasto, pues navega en la ambigüedad.

Este medio realizó un ejercicio en la cotización de precios para la instalación de salidas eléctricas, la alimentación de energía a climas y extractores.

La empresa Multiservicio explicó que sólo por la instalación eléctrica cobraría 800 pesos, pero facilitó suministrar el material eléctrico. 

Informó que el costo por 480 metros de cable rondaría en los 3 mil 360 pesos, y por 50 salidas eléctricas se tendría que pagar mil 500 pesos, mientras por 10 cajas de suministro tendría un valor de  800 pesos.

En total la empresa cobraría 6 mil 460 pesos.

Cabe recordar que el instituto público recibió en 2014 un presupuesto de 263 millones, 574 mil 566 pesos de aportaciones estatales y federales.

Otro pago inexplicable está en la suministro de 23 puertas de aluminio y tendido de tubería para la instalación eléctrica para alimentar contactos y apagadores para una oficina.

Y es que la empresa Estructura Urbana y Construcciones Geminis S.A. de C.V. cobró 578 mil 016 pesos al instituto.

En el ejercicio de este medio también se cotizó con la empresa Comfort Windows la instalación y suministro de 23 puertas de aluminio, por lo que el precio de cada mueble ronda en los 13 mil pesos.

La suma de todas las puertas arrojó un costo total de 300 mil pesos, más 10 mil por la tubería para el tendido de instalación eléctrica.

En el documento se aprecia otro pago indescifrable.

Para el suministro e instalación de tendido de tubería de red de voz y datos para una oficina en San Jerónimo en Monterrey, se pagó 507 mil 730 pesos a la empresa Comercializadora 409, S.A. DE C. V.

Sin embargo, especialistas en sistemas aseguran que este servicio podría rondar en un aproximado a los 200 mil pesos.

De observaciones a nepotismo

En el 2012, La Auditoría Superior del Estado emitió un total de 13 observaciones y hasta nepotismo al Instituto de la Defensoría Pública.

El instituto no registró el pasivo por importe de 601 mil pesos, que debieron afectar los resultados del ejercicio en por lo menos 12 casos no solventadas y parcialmente solventados.

En el rubro de control interno, la Auditoria señaló que en la Defensoría no se tiene consistencia al registrar las adquisiciones de los activos no circulantes, ya que en algunas ocasiones se paga el IVA y en otras se pone el impuesto en los gastos ocasionando diferencias contables.

Y esto se detectó en la compra de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, soporte y anaquel, equipo de audiovisual y equipo de seguridad, entre otros.

“Cuando se presente una declaración sin pago, se presumirá que no existe impuesto a pagar en las declaraciones posteriores y no se presentarán las mismas, hasta que exista cantidad a pagar, siempre que se presente conjuntamente con la primera declaración sin pago en el que se señalen las razones por las que no se tuvieron erogaciones gravadas”, explica el documento de la Auditoría en poder de Reporte Indigo.

El reporte añade que se contrató personal con parentesco en el propio instituto, siendo los casos detectados muy relevantes como el de Armando Flores Ramírez, contador general, pues el organismo contrató a su tío Guilebaldo Ramírez García como contralor interno con un sueldo mensual de 49 mil 900 pesos.

En el caso de María de Jesús Garza Garza, auxiliar del director administrative, el instituto contrató a su hija Karla Guadalupe Acosta Garza como analista administrativo, con un sueldo mensual de 10 mil 480 pesos.

Otra caso de nepotismo está en el nombre de Agapita Hernández Ramírez, analista de documentación; se contrató a su hija Alejandra Garza Hernández como auxiliar administrativo con un sueldo mensual de 6 mil 300 pesos.

“Análisis de la Auditoría Superior del Estado derivado de las manifestaciones vertidas por el Instituto, esta observación se solventa parcialmente, toda vez que ninguno de los empleados tiene facultades para hacer contrataciones, según la descripción del puesto.

“Sin embargo, en el caso específico del contador Guilebaldo Ramírez García, no es ético, ya que no existe la independencia para vigilar el adecuado control interno, al ser familiar del contador general”, concluye el texto de la Auditoría.

Lo anterior incumple con el Artículo 50 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Debe tener transparencia

Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), consideró que el Instituto de la Defensoría estatal tendrá que ser transparente.

“La transparencia es un elemento que se tiene que tener, sobre todo ahorita debido a la complejidad que se tiene en el estado, y es importante para hacer cambios”, dijo Morales Elizondo.

Aseguró que este organismo no está cumpliendo con su función pública, y lo está pagando la sociedad de Nuevo León.

“Yo creo que la Defensoría Pública debería de empezar a revisar todos sus expedientes para tener un mayor control, pero también los casos que tiene como delito contra la seguridad de la comunidad.

“Porque todos los que están por ese delito deberían salir, por eso digo que tiene que ser transparente la Defensoría Publica en todo”, consideró Morales.

Por su parte, fuentes al interior de la Defensoría Pública aseguraron que la junta que se tendría ayer con el equipo de transición del gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón, se pospuso para el próximo martes.

Y es que aparentemente están intentando poner en orden todos los registros de este organismo para presentar datos exactos en la mesa de transición.