El endurecimiento de las medidas de aislamiento social que implementa el Gobierno de Jalisco, autorizando incluso el uso de la fuerza pública para su acatamiento, continúa sumando voces en contra que alertan de violaciones al marco constitucional y de la creación de un entorno desfavorable para los derechos humanos.
Entre los primeros actores que cuestionaron la determinación del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, por utilizar la fuerza pública contra las personas que desatendieran las medidas sanitarias por la pandemia fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), ahora se han sumado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); la legisladora federal por Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura; y hasta el cineasta tapatío, Guillermo del Toro.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos señaló que “Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos han instrumentado políticas públicas restrictivas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito”, por lo que cuestiona:
“Nos parece inaceptable que aprovechándose de la preocupación y angustia social, diversos actores políticos pretendan restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político”.
En Jalisco fue el 19 de abril cuando el gobernador, Alfaro Ramírez, determinó que se usaría la fuerza pública contra los ciudadanos que no atendieran el aislamiento social y el uso de cubre-bocas en la vía pública –en caso de tener que salir por asuntos de urgencia-.
A decir de la Red conformada por 86 asociaciones del país, medidas como las de Jalisco estarían contraviniendo el marco constitucional: “Las disposiciones restrictivas de derechos a que aludimos carecen de fundamentación y motivación. Omiten lo establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el capítulo Décimo de la Ley General de Salud. Esto da pie a crear marcos normativos que favorecen la violación de derechos humanos”.
La Red alertó este 26 de abril sobre los “espacios de oportunidad que abre (la pandemia) a los autoritarismos e ilegalidades“.
Riesgo de desapariciones en Jalisco: Cepad
El Cepad aseguró que el acuerdo que emitió el gobernador de Jalisco el 19 de abril, y que dio pie al uso de la fuerza pública contra la población que incumpla las medidas sanitarias por la pandemia, podría conducir inclusive a desapariciones forzadas:
“Nos preocupa que la implementación del acuerdo derive en la comisión de violaciones a los derechos humanos debido a la ausencia de criterios y reglas de sanción y actuación en el desarrollo de las medidas establecidas, tales que se podrían manifestar en abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsión, el uso excesivo de la fuerza, actos de discriminación y la comisión de tortura o desaparición forzada”.
El Cepad, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, también apuntó el riesgo de que “las autoridades municipales del estado apliquen las sanciones de manera arbitraria y que las mismas no se encuentren debidamente fundamentadas y motivadas”.
Cuando el Cepad se pronunció de esta forma, el 23 de abril, se habían efectuado 72 detenciones de ciudadanos por incumplir las disposiciones sanitarias, por lo que dijo: “cifra que es alarmante en relación con los cuatro días en los cuales se han venido implementando dichas medidas”; al día de hoy ya van al menos 165 de estos arrestos.
Amparo contra autoritarismo
La diputada federal de Morena por Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura, anunció este 29 de abril que había interpuesto un amparo contra estas disposiciones del gobernador, Alfaro Ramírez, con el cual, dijo:
“Dejamos constancia de que las medidas estatales implican violaciones a los derechos humanos tutelados en el artículo primero constitucional, y violentan la jerarquización institucional. Buscamos que Jalisco regrese al camino de la legalidad y respeto a la Constitución”.
Al referirse al acuerdo del 19 de abril, la legisladora alertó: “El multicitado acuerdo del Ejecutivo Estatal que hemos llevado a tribunales trastoca al orden constitucional, ya que el artículo 29 es claro al señalar que sólo el presidente tiene facultades para decretar un estado de excepción, con aprobación del Congreso la Unión”.
La legisladora lamentó que las decisiones del Gobierno jalisciense “a veces hasta provoquen pánico”, y que este desoiga los llamados a “evitar los actos autoritarios y la politiquería“, por lo que presentó un Punto de Acuerdo en el que exhorta a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos para que hagan público un informe sobre posibles actos violatorios de derechos por el acuerdo de marras.
Guillermo del Toro cuestiona a Alfaro
Este 29 de abril el cineasta tapatío Guillermo del Toro cuestionó también el endurecimiento de las medidas sanitarias del gobernador, Alfaro Ramírez, cuando le recriminó a este por la detención de un ciudadano en Tala por no portar cubre-bocas, según se aprecia en un video que difundió.
Dirigiéndose al gobernador, el cineasta ganador de un Oscar expresó en redes: “A la mejor yo no entiendo las cosas- pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto…” y también: “Definicion de brutalidad: Accion desmedida e irracional- sin humanidad. Este es un ciudadano en medio de una pandemia. No un criminal (sic).”
El gobernador tuvo que responderle: “Esos elementos no son estatales, son del municipio de Tala, @RealGDT. Ya hablé con su alcalde, @EnriqueBuenros, para aclarar los hechos y que no se repitan. Las reglas que definimos son para cumplirse, pero eso no significa que toleraremos abusos de ninguna autoridad”.
Un usuario cuestionó al gobernador: “Ahora si se te frunció el ceño, no fuera Juan pueblo porque hasta pendejos nos dices (sic)”, refiriéndose al mensaje del mandatario del 23 de abril sobre la pandemia, donde afirmó: “Es por la gente consciente que cumple con su responsabilidad y también por los pendejos que siguen sin entender”.
