Corría el año 2016 y la presidencia de la República, encabezada por Enrique Peña Nieto, tenía en sus manos uno de los casos más sombríos del México contemporáneo: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En aquel entonces, Omar García Harfuch, actualmente secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se desempeñaba como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que junto con otras dependencias, investigaba el caso.
En noviembre de dicho año una manifestación, frente a las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), llamó la atención de medios y transeúntes: los padres de los 43 exigían una investigación contra García Harfuch después de que un reportaje de Proceso develara sus supuestos nexos con un grupo de la delincuencia organizada.
Tomando como bandera el reportaje, publicado en la edición 2089 de la revista, que revelaba que el número telefónico de Harfuch se encontraba entre los contactos de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, los padres exigieron a las autoridades una investigación al respecto.
“¿Cómo investigará con imparcialidad Omar Hamid García si es señalado de tener nexos con uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué confianza dará a las víctimas?”, cuestionaron en ese entonces.
Según el reportaje periodístico, que fue ampliamente replicado, el nombre y teléfono de Omar García se encontraban en una libreta asegurada en 2014 al líder de Guerreros Unidos, grupo delincuencial asociado a la desaparición de los normalistas.
García Harfuch se desempeñó de diciembre de 2012 a octubre de 2014 como coordinado estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero.
Los padres de los 43 fueron más allá y el 16 de noviembre entregaron un documento en Oficina Especial para el Caso Iguala de la Subprocuraduría de Derechos Humanos en la que pidieron dar fe al artículo periodístico referido.
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