Alejandro Martí sostiene que todas las organizaciones sociales esperaban la Ley General de Víctimas. Sin embargo reconoce que tal y como está ahora resulta inoperante. Le hacen falta cambios indispensables para que empatice con otras leyes y se definan con precisión varios conceptos.
Su temor es que ahora se genere un proceso tan largo y burocrático que suscite una tercera o cuarta revictimización de las víctimas.
El suyo, dice, es “un temor paradigmático; en el sentido de que estamos acostumbrados a que en el Congreso las cosas dilaten muchísimo tiempo”.
Se requiere una gran voluntad política para que funcione realmente. En este sentido, el empresario y activista social comenta “este primer mes el nuevo gobierno ha mostrado una gran capacidad coordinadora, de agrupar voluntades y de concertar”.
Al no estar muy acostumbrados a que eso ocurra, hay miedo. Pero lo más importante es insistir en que en el periodo de los próximos seis meses haya voluntad para corregir esta ley y volverla verdaderamente operante.
Esta legislación ha tenido un proceso sumamente accidentado. Fue un tema que se planteó desde hace tiempo en las mesas de diálogo encabezadas por Javier Sicilia.
En el sexenio pasado el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió a avanzar en él. En los hechos nunca hubo voluntad para que llegara a buen puerto.
El presidente de la organización México SOS recuerda que el día que la iniciativa se mandó a firmar, la Presidencia de la República descubrió que tenía inconsistencias. Que en su redacción faltaban aclaraciones para que fuera realmente operativa.
“Tengo la impresión que se tardaron mucho en implementar esas observaciones”, dice Martí a Reporte Indigo.
Hoy enlista distintos puntos que cuidar. Por ejemplo el capítulo referente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la comparecencia de los servidores públicos, la reparación del daño a las víctimas –que no es armónico con otros mecanismos legales como el Código Penal del Distrito Federal, por poner un ejemplo.
También se debe diseñar adecuadamente lo relativo al fondo de ayuda a las víctimas. Preocupa que los recursos recaigan sobre los propios contribuyentes y no sobre quienes cometen los delitos.
“En esta ley casi todos participamos, fundamentalmente el Inacipe, en lo general esta ley cumple con los objetivos de que el Estado se comprometa con la víctima, sin embargo esa no es la litis o discusión”.
Martí dice que todos los activistas, “tanto Sicilia, como Wallace, como Morera, incluyéndome a mí, estamos de acuerdo en esta ley, es lo que estamos buscando.
“En lo que tenemos que ser muy puntuales y exigentes es en el hecho de que no por el hecho de haberse aprobado esta ley nos relajemos en los puntos que tiene de defecto la propia ley para ser operativamente viable”.
Si no se logra esto, la propia legislación revictimizará a las víctimas. La protección esperada no llegará.
Siempre existieron los dos caminos, reconoce Martí. El de corregir la ley y luego repararla.
“Hoy se da la firma, nosotros tenemos la obligación moral en que se repare, como ya lo comenta el gobierno, que se perfeccione, y nosotros tenemos la obligación de estar pendientes de que esto ocurra. Si no será letra muerta”.
–¿El balón está en la cancha de los legisladores o de qué actores?
“Fundamentalmente está en su cancha pero también en la de los partidos. Necesitan ponerse de acuerdo”.
Además, agrega, hay un trabajo de concertación muy importante que tiene que realizar el gobierno del presidente Peña Nieto, “el Ejecutivo, a través de sus dependencias como Gobernación. Fundamentalmente tendrá que ir conciliando y empujando para que esto suceda.
“Si queda en puras manos de los partidos, se puede politizar; si queda en puras manos de los legisladores se puede enredar en procesos”.
“El diablo está en las letras”, afirma Martí.
Por ello –remata– “se necesita algo más que una discusión legislativa, algo más que una discusión entre intereses de partidos. Se necesita una verdadera concertación nacional para sacar una ley importantísima”.