En manos no confiables

Las sillas en el gabinete estatal de seguridad pública de Jalisco no siempre han estado ocupadas por funcionarios confiables, a pesar de lo sensible de esas tareas en la alta jerarquía del Ejecutivo, según lo confirman informes de la Procuraduría General de la República (PGR). 

Guadalajara acaba de vivir la controversia alrededor de la prueba de confianza de su jefe de la Policía, Salvador Caro Cabrera, cuyos resultados demoraron más de 20 días tras el inicio de la gestión del alcalde, Enrique Alfaro Ramírez, aunque este clarificó finalmente que fueron aprobatorios. 

Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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Luis Carlos Nájera, el primer fiscal general en el actual gobierno, sí fue aprobado por la PGR en abril del 2013; dejó el cargo en julio pasado
Guadalajara creó controversia al retrasar el resultado de la prueba de confianza del jefe de la Policía
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Las sillas en el gabinete estatal de seguridad pública de Jalisco no siempre han estado ocupadas por funcionarios confiables, a pesar de lo sensible de esas tareas en la alta jerarquía del Ejecutivo, según lo confirman informes de la Procuraduría General de la República (PGR). 

Guadalajara acaba de vivir la controversia alrededor de la prueba de confianza de su jefe de la Policía, Salvador Caro Cabrera, cuyos resultados demoraron más de 20 días tras el inicio de la gestión del alcalde, Enrique Alfaro Ramírez, aunque este clarificó finalmente que fueron aprobatorios. 

Hoy los registros de la PGR revelan que este tipo de perfiles aptos en el control de confianza no fueron la constante entre los altos mandos del exgobernador panista en Jalisco, Emilio González Márquez (2007-2013 a febrero), en particular los de su Procuraduría General de Justicia.  

En ese sexenio en que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) surge y comienza a fortalecerse, la Procuraduría –hoy Fiscalía General- estuvo encabezada por Tomás Coronado Olmos y su gabinete más cercano, aunque la mitad de los funcionarios que lo integraban fueron considerados no confiables por la PGR. 

Aun con esta calificación federal, esos funcionarios fueron mantenidos en sus cargos por prácticamente todo el gobierno de González Márquez. 

A diferencia del ámbito estatal donde la información del control de confianza está mucho más restringida por la Secretaría de Gobierno, en el federal la PGR sí hace públicos sus resultados cuando se trata de altos mandos. 

Estos registros que publica la PGR muestran que el exprocurador Coronado Olmos remitió para su examen a seis de los miembros claves de su gabinete, de los cuales tres no aprobaron, pese a ello, ninguno fue removido de su cargo. 

Estos fueron: su subprocurador de Concertación Social, Aurelio del Toro Zapién, a quien la PGR reprobó el 18 de julio de 2011; el exprocurador lo mantuvo e intentó una segunda prueba que se dio el 27 de febrero de 2012, pero tuvo la misma conclusión. 

Aunque el perfil del exsubprocurador se halló no apto en dos ocasiones, Coronado Olmos lo sostuvo todo el sexenio, así que salió por renuncia hasta el 6 de marzo de 2013, cuando inició la gestión del PRI. 

Según la Fiscalía, del Toro Zapién ingresó a la extinta Procuraduría en 1992, y ocupó diversos cargos, desde actuario y secretario en una agencia del Ministerio Público (MP), hasta la titularidad de la Dirección General de Averiguaciones Especializadas. 

Otra exfuncionaria del exprocurador reprobada por la PGR fue Lorena del Carmen Gómez de Dios, Subprocuradora de Apoyo a la Investigación de Delitos Federales. Fue hallada no apta el 18 de julio de 2011, sin embargo, tampoco fue despedida por ello. 

Retuvo su cargo por más de un año tras su examen, y renunció hasta el 16 de septiembre de 2012. Su ingreso a la Procuraduría fue en 1989 y salió en 1992. Regresó en 2009 hasta su dimisión. Llegó a ser directora de Atención a Delitos contra Indemnidad Sexual e Integridad de las Personas. 

Finalmente, la PGR reprobó el 18 de julio de 2011 a Marco Antonio Venegas Mendoza, quien fue coordinador general de la Policía Investigadora, un puesto clave en la Procuraduría y en la integración de las averiguaciones previas. 

Coronado Olmos lo sostuvo ahí al frente de la corporación por un año más, renunció hasta el 16 de agosto de 2012. Su ingreso a la Procuraduría fue en 2001 y salió ese mismo año, regresó  en 2006 como policía investigador hasta su dimisión.  

Falla PGR

En el mandato del exgobernador González Márquez no solo su Procuraduría estuvo en buena parte en manos no confiables, lo mismo pasó con la delegación de la PGR. 

Estos registros muestran que quien fuera su delegada en Jalisco desde el 14 de marzo de 2011, Teresa García Chávez, reprobó la prueba el 22 de julio de 2011; estuvo muy poco tiempo al frente de la PGR, apenas cuatro meses, pues el 1 de agosto su salida ya se oficializaba.  

Fue parte de los 21 delegados que dejaron sus puestos a poco de arribar a la titularidad de la PGR Marisela Morales, que sustituía a Arturo Chávez. 

Con estas deficiencias en el gabinete de la Procuraduría y la PGR, Jalisco atravesaba por el año 2011, el de mayor violencia en un entorno de disputa de su territorio por el CJNG y La Resistencia, batalla de la que se alzaría aquel hasta evolucionar en uno de las principales grupos delictivos del país. 

Coronado Olmos sí fue aprobado por la PGR, pero fue evaluado hasta el 16 junio de 2011, ya en la recta final del sexenio. 

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el primer fiscal general en el actual gobierno, fue aprobado por la PGR el 17 de abril de 2013. En mayo pasado la organización Causa en Común informó que mil 170 oficiales de la Fiscalía habían reprobado sus exámenes. 

El sustituto

Quien estuvo a punto de encabezar a la Fiscalía General de Jalisco, José Martín Godoy Castro, hoy  procurador de Michoacán, fue reprobado por la PGR en su control de confianza el 17 de julio de 2008, eso consta en sus registros públicos.

Godoy Castro asumió la titularidad de la Procuraduría michoacana como parte del equipo de Alfredo Castillo Cervantes, designado por el Gobierno federal comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, el 15 de enero de 2014. 

La llegada de Godoy Castro a Jalisco se daba por un hecho a mitad de este año, pues se propagó ampliamente que sustituiría a Nájera Gutiérrez de Velasco, entonces fiscal general. 

En ese momento la permanencia del fiscal ya lucía insostenible ante la crisis de seguridad que vivía Jalisco, cuyo punto más álgido fue el 1 de mayo, con los bloqueos viales del CJNG y el derribo del helicóptero militar en Villa Purificación. 

Su renuncia se concretó el 6 de julio, pero quien lo suplió, para sorpresa de muchos, no fue Godoy Castro, sino Eduardo Almaguer Ramírez, exdirigente del PRI, sin experiencia en el ámbito de la seguridad, ni el combate y prevención del delito.

La renuncia de Godoy Castro a la Procuraduría michoacana el 9 de junio de 2015, había fortalecido los rumores de su arribo a Jalisco, no obstante, tras la designación de Almaguer Ramírez, aquel retornó el 22 de agosto al puesto que había dejado. 

Silvano Aureoles Conejo, gobernador michoacano desde el 1 de octubre, avaló en la Procuraduría a Castro Godoy, a quien su resultado negativo en el control de confianza no le ha obstaculizado en absoluto su camino profesional. 

Fue delegado de la PGR en Sonora de enero de 2008 a octubre de 2009, ahí es cuando fue determinado no apto, y aunque esto se concluyó desde julio de 2008, se le mantuvo en dicho puesto.

Luego de Sonora, en 2010 ingresó a la Procuraduría del Estado de México cuando la encabezaba Castillo Cervantes, y la entidad era gobernada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto.  

Cuando el PRI llega a la Presidencia en diciembre de 2012, Godoy Castro va a la PGR como coordinador general de Delegaciones y luego como encargado de despacho de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 

En junio de 2013 pasó a la Procuraduría Federal del Consumidor con Castillo Cervantes, su paso previo a Michoacán. 

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