El dictamen aprobado en la pasada Legislatura exhibe los motivos políticos que empujaron a los actuales diputados a reducir el número de magistrados del Poder Judicial del Estado.
En el estudio, aprobado por la anterior Comisión de Justicia y Seguridad Pública, imperaron los argumentos técnicos y un estudio para aumentar de 16 a 20 el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
La Comisión era presidida por la entonces diputada María de los Ángeles Rodríguez. Entre los integrantes se encontraba Luis David Ortiz y Fernando Elizondo Ortiz.
La justificación principal para incrementar el número de magistrados era que en México había estados con menos población que Nuevo León que contaban con un número mayor de juzgadores.
Sin embargo, esos argumentos de pronto se esfumaron de una Legislatura a otra.
Y ahora el Poder Judicial del Estado podría quedar limitado, tras el albazo del Congreso local para reducir el número de magistrados de 16 a 14 por medio de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nuevo León.
El golpe al Poder Judicial del Estado estuvo orquestado por el coordinador de los diputados del PAN, Arturo Salinas, y su contraparte priista Marco González.
La actual Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso, que encabeza el diputado del PRI, Gabriel Tláloc, determinó en sesión secreta que se tendría que bajar el número de magistrados porque el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio bajaría la carga de trabajo.
“Va a haber menos expedientes que lleguen a una segunda instancia y, por ende, no se van a ocupar tantos magistrados”, dijo Tláloc en el pleno el pasado 26 de abril.
El documento fue aprobado por 33 votos a favor y cinco en contra.
Sin embargo, Tláloc no mostró ningún estudio que sustente que con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio los casos bajarían notoriamente.
Muchos magistrados, pocos casos
Nuevo León ocupa el sitio 29 en un ranking de estados del país si se compara la relación entre población y cantidad de magistrados de cada uno:
> 1. Campeche
Tiene una población de 822 mil 441 habitantes y cuenta con 17 magistrados, uno por cada 48 mil 379 personas
> 2. Nayarit
Población de un millón 084 mil,979 habitantes y 17 magistrados, uno por cada 63 mil 822
> 10. Coahuila
Hay 2 millones 748 mil 391 ciudadanos y en su sistema de justicia hay 23 magistrados, uno por 119 mil 495
> 11. Chihuahua
Tiene una población de 3 millones 406 mil 465 y cuenta con 27 magistrados, uno por 126 mil,165 habitantes
> 15. Guerrero
22 magistrados atienden a 3 millones 388 mil 768 ciudadanos, un magistrado para cada 154 mil 035 habitantes
> 19. Oaxaca
Con 3 millones 801 mil 962 en su censo poblacional y 21 magistrados, uno por 181,045 habitantes
> 20. Baja California
Cuenta con 17 magistrados, uno por 185 mil 592 habitantes, del total de 3 millones 155 mil 070 de su índice poblacional
> 29. Nuevo León
Tiene una población de 4 mi-llones 653 mil 458 y cuenta hasta ahora con 16 magistrados, uno por cada 290 mil 841 habitantes. Con la reforma aprobada bajaría a 14 el número de magistrados
Desairan dictamen anterior
El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León se sitúa en el lugar 29 del país si se compara la relación entre población y cantidad de magistrados con que cuenta cada estado.
Así lo revela un dictamen elaborado por la pasada Legislatura local, del cual Reporte Indigo tiene copia.
Nuevo León tiene una población de 4 millones 653 mil 458 habitantes, y Coahuila tiene 2 millones 748 mil 391 habitantes, pero los coahuilenses cuentan con 23 magistrados, mientras que los nuevoleoneses sólo tienen 16 y podrían bajar a 14.
“De acuerdo al estudio realizado con el resto de los poderes judiciales del país, se pudo constatar que Nuevo León ocupa el lugar veintinueve, esto tomando como referencia el número de habitantes que le corresponde a cada magistrado.
“Por ello, manifestamos como necesaria e importante el reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a efecto de elevar de 16 a 20 el número de magistrados, para que nuestra entidad esté acorde con la transformación del sistema de justicia que se está dando en nuestro país”, dice el texto del estudio.
El dictamen elaborado por diputados que conformaban la pasada Legislatura, abrió la puerta para aumentar el número de magistrados de 16 a 20.
Por medio de un estudio, consideraron que había muy pocos juzgadores para tener una justicia pronta y expedita, pues el Tribunal cuenta con un magistrado por cada 290 mil habitantes.
“Entre otros datos exponen que de las entidades federativas, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ocupa el lugar 29, con 16 magistrados.
“Quienes proporcionalmente les corresponde la cantidad de 290,841 habitantes por magistrado muy por encima de la media nacional que es 197 mil 411 habitantes por magistrado”, dice el dictamen.
Un solo juzgador desahoga 7 mil casos al año, es decir, tendría que atender 20 casos diarios si trabaja los 365 días del año.
Diputados rehúyen debatir
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados Capítulo Nuevo León informó ayer que canceló el foro previsto para ayer por la inasistencia de los coordinadores del PRI y del PAN.
En un comunicado, Miguel Zárate Martínez, presidente de esta asociación, informó que los legisladores ignoraron el foro que se realizaría en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, A.C.
“Por su parte los diputados ignoraron la misma con la salvedad del diputado Arturo Salinas, que envió una disculpa, ya que, por su agenda, no le era posible acudir el día de hoy (ayer) adjuntando una serie de justificantes del por qué consideraba viable y fundada dicha reforma.
“Teniendo esto (la falta) un impacto directo en el mismo y utilizando como foro la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, A.C. para hacer notar el interés académico sobre el tema”, explica el documento.
El pasado martes los diputados priistas no acudieron a la reunión que habría convocado el Consejo Cívico para tratar la reforma que permitirá bajar el número de magistrados del Tribunal.
Jorge Lozano, presidente de esta asociación, entregó ayer una carta a la oficialía de partes del Congreso local para mostrar su decepción por el incumplimiento de no acudir a la mesa de diálogo.
“Su inasistencia contravienen el espíritu de apertura y diálogo que la ciudadanía espera de quienes detentan cualquier tipo de cargo público en nuestro estado; además las organizaciones civiles representadas y adherentes a este llamado nos sentimos menospreciadas y minimizadas”, se lee en la carta entregada en Congreso.
