A unas horas de que se concrete la muerte de Ramiro Hernández Llanas, en Texas, Amnistía Internacional (AI) hizo una solicitud urgente al gobernador Rick Perry.
Clamó por su indulto para detener “inmediatamente” la ejecución del ciudadano mexicano que sufre de discapacidad mental y que fue sentenciado a morir luego de “un proceso basado en testimonios de mala calidad”.
Según el organismo, este proceso se ha enmarcado en “estereotipos raciales” y opiniones de “testigos expertos desacreditados”.
El lunes pasado, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas votó por unanimidad no recomendar al gobernador Perry el otorgar clemencia al mexicano convicto y condenado por el homicidio de un hombre en 1997.
AI recuerda que en el año 2000 la fiscalía utilizó el testimonio de un psiquiatra desacreditado –el doctor James Grigson– “para refutar las opiniones de los expertos en salud mental, que habían sido presentadas por la defensa”.
Grigson nunca examinó al acusado y en años pasados su testimonio ha sido desacreditado por colegas “quienes incluso utilizaron el término ‘ciencia basura’ para describirlo, y él mismo fue reprendido y luego expulsado de la Asociación Americana de Psiquiatría”, refiere Rob Freer.
El investigador de AI en Estados Unidos agrega que “la sentencia se basa en gran medida en las infundadas afirmaciones de Grigson de que Ramiro era un sociópata que suponía un peligro para otros reclusos. Ignorar esto y proseguir con la ejecución supondría transformar un proceso injusto en una atrocidad permanente”.
Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también urgió al gobierno estadounidense a suspender la ejecución de Ramiro Hernández Llanas.
¿Ejecución ilegal?
En el comunicado emitido ayer AI explica que el doctor Richard Coons también se presentó en representación del estado de Texas en una audiencia de 2008, refutando el argumento de un experto de la defensa de Hernández que sostiene el condenado sufre de “retraso mental”.
Se afirma además que el doctor Coons “nunca conoció al prisionero ni a ninguna persona que hubiera tenido contacto con él”, que no habla español, y sustentó la conducta criminal del prisionero atribuyéndola al “grupo cultural al que pertenecía”.
Tal hecho “podría volver su ejecución ilegal bajo una ley de la Suprema Corte de EU de 2002”.
