Fallan puntería

A los agentes del Ministerio Público (MP) de Jalisco se les han ido de las manos miles de presuntos homicidas, secuestradores y extorsionadores, en contra de los cuales no pudieron armar expedientes sólidos para demostrar su culpabilidad ante los jueces del estado. 

Primero en la Procuraduría General de Justicia, y ahora en la Fiscalía General, creada en 2013, los agentes ministeriales han recibido duros y constantes reveses de los juzgadores, aun en estos delitos de alto impacto que son los que más agravan a la sociedad. 

Los jueces no emitieron las sentencias condenatorias que buscaba el MP para mil 75 individuos que había hallado responsables de asesinatos, y lo mismo pasó con 770 que involucró en secuestros y privaciones ilegales de la libertad, y otros 205 en extorsiones, en el periodo de 2007 a junio de 2015.

En lo que respecta exclusivamente a la Fiscalía, de 2013 a 2015, 195 de esos presuntos homicidas fueron dejados en libertad durante su gestión -o siguen sin ser sentenciados-; así como 378 individuos a los que acusó de ser secuestradores, y 58 extorsionadores. 

Todo esto según los registros del Consejo de la Judicatura del Estado en materia de sentencias condenatorias. 

La conformación de la Fiscalía hace casi tres años, con la llegada al poder del PRI y el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, implicó la extinción de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, para unificar sus estructuras en una sola dependencia. 

Los indicadores de la Fiscalía muestran que ha sido más eficiente que la Procuraduría a la hora de fundamentar la culpabilidad de los homicidas y los extorsionadores, pero ha empeorado en lo que respecta a la integración de los expedientes contra los secuestradores. 

La Fiscalía logró de 2013 a 2015 sentencias condenatorias sobre el 81 por ciento de los presuntos homicidas que llevó ante los jueces, también sobre el 69 por ciento de los extorsionadores, pero apenas sobre el 36 por ciento de los secuestradores –poco más de una tercera parte-, según el Consejo.  

En cambio, los números de la Procuraduría del sexenio 2007-2012 en esa misma materia, muestran que obtuvo sentencias condenatorias sobre el 69 por ciento de homicidas; el 63 por ciento de extorsionadores, y el 52 por ciento de secuestradores –más de la mitad-. 

Eficiencia artificial

En su afán por elevar sus indicadores de eficiencia en la resolución de sus casos, la Fiscalía General está cometiendo violaciones a los derechos humanos muy graves, como la invención de cargos a sus detenidos, de acuerdo con el Colegio de Abogados Penalistas. 

Su presidente, José Luis Guízar Abarca, asegura que los abogados que lidera han detectado que los agentes de Fiscalía buscan aminorar el rezago de sus expedientes pendientes de resolución, descargando varios de ellos sobre un mismo detenido, acusándolo así de delitos en los que no participó.  

Es una práctica viciada, expone el abogado, que se usa para elevar artificialmente los índices de desempeño de la dependencia, y que está presente en delitos de toda índole, aun en los de mayor impacto social:

“Yo estoy defendiendo a una persona que se robó un carro y dice ‘licenciado, ese carro sí me lo robé, pero me dejaron caer 10’, lo hicieron que firmara 10 actas, entonces se las van a ir mandando porque trabajan ellos por números y les exigen trabajo; les cae uno y le dejan caer todo, a un roba-casas lo mismo”. 

Se le pregunta si eso también está ocurriendo en homicidios:

“Sí, también, es igual. A ellos no les pasa nada con un delito o con otro, es lo mismo, nomás esperan que ya vaya terminando el otro y ya cuando va para afuera le dejan caer la otra averiguación, y si va saliendo lo agarran y va para adentro otra vez. 

“En secuestro sí, también lo hacen; aquí lo que les interesa a ellos es mantenerlos allá adentro (…) por eso les maquinan, encuadran, inventan”.

El equilibrio perdido

Las malas prácticas que observan los abogados dentro de los procesos penales no son, sin embargo, exclusivas de la Fiscalía, otro tanto son responsabilidad de los defensores públicos de la Procuraduría Social (Prosoc). 

Si en la Fiscalía impera la violación de derechos humanos que se manifiesta en detenciones ilegales y tortura sistemática, señala el abogado, en la Prosoc la omisión e indolencia de sus defensores terminan sosteniendo ese trato a los detenidos. 

El Colegio ha podido determinar que en el 90 por ciento de los casos que lleva el detenido fue torturado, lo extendido de esta violación a los derechos humanos, por tanto, también debe ser del conocimiento de la Prosoc, la cual, sin embargo, no ha tomado medidas firmes al respecto. 

La indiferencia de la Prosoc posibilita, a decir del entrevistado, irregularidades de la Fiscalía tan graves como la manipulación de las declaraciones de los detenidos, o el que estas presenten la firma del defensor público sin haber estado presente. 

“Sale el detenido y se le pregunta ‘oye, aquí aparece la firma del defensor’, ‘sí, pero cuando yo declaré no estaba, y a mí no me dejaron declarar, ya tenían hecha la declaración, nomás me hicieron firmar y poner las huellas, yo hasta ahorita estoy sabiendo qué fue lo que firmé“.

“Quiere decir que ellos hacen su cuadro, cuadran todo, confeccionan todo, y nomás salen y firman”. Y aúna:

“Los defensores de oficio se sienten intimidados por los agentes del MP y por los investigadores, entonces para no tener problemas se van a su casa y les llevan las actas (con la declaración) a firmar allá, o después vienen y firman, y ahí arréglenselas, ese vicio lo tenemos que erradicar”. 

Desde el 30 de junio el Colegio solicitó la salida de Felícitas Velázquez Serrano de la titularidad de la Prosoc, la responsable de los defensores de oficio, con el argumento de que sus omisiones alimentaban las múltiples violaciones a los derechos humanos. 

El cambio en la Prosoc se dio finalmente el 4 de noviembre, fue sustituida por Carlos Trejo Herrera. Velázquez Serrano era considerada una pieza del magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador.

“Necesitamos defensores de oficio con calidad y con muchos pantalones (sic) para que se enfrenten a los agentes del MP y a los investigadores, y hagan valer los derechos de los detenidos”, dice Guízar Abarca. 

“Si quieren declarar, que declaren, y como ellos quieren declarar; si se quieren abstener, que se abstengan, y si quieren golpearlos ahí esta el defensor y a su alcance el procurador social, y esté en línea con el fiscal para decirle ‘oiga, sus gentes están obstaculizando la labor de mi elemento ahí, lo están intimidando’”.   

En su análisis, sólo un 25 o 30 por ciento de los agentes y policías investigadores están capacitados para desarrollar investigaciones criminales científicas, basadas en periciales, no dependientes de la confesión que generalmente es arrancada por la fuerza.