El mismo día que la Fiscalía General de la República (FGR) determino no ejercer ninguna acción penal contra Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, también solicitó prisión para la activista indígena Kenia Hernández.
La FGR pidió cinco años de cárcel para la activista en la causa penal 322/2020 del Juzgado Especializado en Sistema Penal Federal de Acapulco, por haber protestado en la caseta de cobro La Venta-Acapulco, en Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa legal de la activista, documenta que la Fiscalía presentó 68 pruebas donde acredita que Kenia Hernández afectó la circulación vehicular de la autopista.
El Centro manifestó su descontento ante las decisiones de la Fiscalía, luego de exonerar a Salvador Cienfuegos Zepeda y, en cambio, solicitar una medida cautelar de prisión preventiva contra Kenia Hernández.
“Esa misma FGR le ofreció recuperar su libertad solamente si se declaraba culpable de delitos que jamás cometió y para doblegarla solicitó prisión preventiva justificada argumentando peligrosidad social”.
Para la organización de la sociedad civil, dejar en libertad a Cienfuegos Zepeda y castigar a la activista representa que “el poder es impune, la protesta es un delito”.
El Centro de Derechos Humanos pide verificar estos hechos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; así como al ministro Arturo Saldívar, al Senado de la República y a la CNDH.
Kenia Hernández Montalván, defensora de los derechos indígenas, ha participado en distintas protestas en casetas para exigir la liberación de otros presos políticos, por lo que la FGR la acusa del delito de ataques a las vías de comunicación.
Irónico: El mismo día que la @FGRMexico exoneró a #Cienfuegos también presentó formal acusación en contra de #KeniaHernandez defensora de DH, indígena y feminista solicitando la pena máxima por el terrible delito de protestar. Así las cosas en México @ParaKenia pic.twitter.com/aIOHX08cQv
— Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (@CDHZL) January 15, 2021