El camino de la Fiscalía

Para que se concrete la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República (FGR) –y con ello el procurador se convierta en fiscal general- basta que el Senado avale la Ley de la Fiscalía que está en sus comisiones desde el 2014.

El cargo de fiscal no estará a discusión; la Constitución establece que el pase del procurador a la Fiscalía es automático. Los senadores no votarán por una persona en particular sino que, al votar la Ley, se consumaría la llegada del funcionario a la FGR por 9 años.

Está Ley ya fue avalada por la Cámara de Diputados en diciembre del 2014, cuando la envió al Senado para su revisión.

Más allá del pase automático que tendría el procurador a la Fiscalía, la aprobación de la ley fue detenida porque los senadores decidieron revisar la estructura de la nueva institución aprobada por los diputados; la oposición pidió que se construyera una FGR verdaderamente autónoma y para eso querían hacer cambios a la Ley.

En ese entonces no fue tema de discusión el hecho de que el entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam, se convirtiera en Fiscal General de forma automática.

Querían cambiar el diseño de la Fiscalía para lograr desvincularla del Ejecutivo. El tema, sin embargo, no avanzó.

En esa construcción de una institución autónoma y funcional estaba de acuerdo incluso el propio Raúl Cervantes, hoy Procurador General de la República y quien cuando asumió el cargo criticó la Ley que habían aprobado los diputados.

El camino legislativo de la Fiscalía General de la República está en manos del Senado, donde planean destrabar la discusión en este periodo de sesiones y tener a la institución funcionando antes de que termine el año.

Al ser una ley reglamentaria, solo se requieren la mitad de los votos más uno de los senadores que estén presentes en la sesión, cuando se vote el asunto, para ser aprobada.

Con el movimiento de los senadores calderonistas del PAN, el PRI y el PVEM alcanzan los votos para aprobar la Ley.

Sin embargo, aprobar la legislación tal como está puede ser un error, pues más que quién encabece la institución, el debate deberá estar en cómo se construirá la nueva Fiscalía.

La gestación

La transformación de la PGR a FGR fue concebida como parte de la Reforma Político Electoral que entró en vigor en febrero del 2014.

Además de eso, el cambio constitucional de esa reforma incluyó nuevas figuras en la Carta Magna, como la reelección, las candidaturas independientes o la consulta ciudadana.

Uno de los artículos transitorios de esa reforma constitucional, el decimosexto, estableció el pase automático del titular de la PGR a la FGR.

“(Los cambios referentes a la FGR) entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

“El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución (9 años)”, señala el artículo 16 transitorio de la reforma político electoral.

En septiembre del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley de la Fiscalía General de la República, la legislación reglamentaria donde se establece la estructura, la forma de organización, las funciones y alcances de la FGR.

El 10 de diciembre del 2014, la Cámara baja aprobó la iniciativa del Ejecutivo sin realizarle un solo cambio.

Fue aprobada por 370 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. Todos los diputados del PAN que estuvieron presentes (96) en la sesión de ese día, votaron a favor.

Una vez que se aprobó por los diputados, la minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República fue enviada al Senado. Se esperaba que fuera votada en esos días, antes de que terminara el periodo de sesiones el 15 de diciembre; sin embargo, los senadores solo dieron el anuncio de recibido y la enviaron a comisiones.

Atorada en el Senado

En la Cámara Alta los senadores decidieron que querían revisar la nueva Ley y no pasarla sin cuestionamientos como hicieron los diputados.

Los legisladores cuestionaban algunos aspectos de la Ley, como que la estructura de la PGR pasara intacta a la FGR; que algunos servicios –como los periciales- debían permanecer a una fiscalía autónoma; y definir la forma en que se formaría a los policías de investigación de la FGR. Los meses pasaron y el asunto quedó en la congeladora del Senado.

El Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó a mediados del 2016 y, en medio del debate sobre la designación del fiscal Anticorrupción, las organizaciones civiles levantaron la voz para pedir al Senado que no permita el pase automático del procurador a la Fiscalía.

Ante el escándalo, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para eliminar el artículo 16 transitorio de la reforma político electoral para quitar el pase automático, pero nunca fue dictaminada.

El PAN tomó la bandera de las organizaciones civiles y se opuso al nombramiento del fiscal anticorrupción si antes no se modificaba la Ley de la Fiscalía General, a lo que después sumó su rechazo al pase automático de Cervantes.

Para aprobar la Ley y hacer la declaratoria de entrada en vigor de la Fiscalía, solo se requieren la mitad de los votos más uno de los senadores

¿Cambiarán la Ley?

El propio Raúl Cervantes, hoy Procurador General de la República, criticó la Ley de la Fiscalía que aprobaron los diputados cuando compareció ante senadores porque había sido nominado como procurador por el presidente.

Sabiendo que, de continuar al frente de la PGR, se convertiría en el primer fiscal general, Cervantes dijo a los senadores que debían trabajar juntos –y con la sociedad civil- para consolidar la Fiscalía.

“El gran reto que tiene ahorita la Procuraduría es llevar con atingencia lo que ya está, pero llevar el modelo a lo que necesitamos y un diagnóstico sustancial dentro de la misma Procuraduría, de qué es lo que está funcionando bien y lo que está funcionando mal, y que la iniciativa –y lo digo con mucho respeto– que se mandó de Cámara de Diputados, mejor tendríamos que empezar algo completamente nuevo.

“Eso, en mi visión –y me hago responsable de mi dicho-, me parece más una simulación. O sea, llamar ‘subfiscalías’, que me parece hasta el término, el concepto, inadecuado, como si fueran subprocuradurías; entonces íbamos a tener subfiscalías, pero fiscalía de delitos electorales; subfiscalías, pero fiscalía anticorrupción. “Cambiarle el nombre a la institución no es suficiente, esa es una simulación desde el punto de vista jurídico, que viola los principios constitucionales y lo que tenemos que hacer es una institución que surta la eficacia de los principios constitucionales”, dijo Cervantes el 26 de octubre del 2016, cuando compareció para ser ratificado como procurador.

Para Fernando Dworak, politólogo y catedrático del ITAM, imponer a Cervantes sin cambiar la Ley de la Fiscalía General sería un error mayúsculo.

Desde su perspectiva, una buena estrategia del tricolor sería modificar la Ley, ganarse así la voluntad de la sociedad civil y, de paso, marginar al PAN.

“Imponer a Cervantes con la minuta de Diputados sin cambios, el PRI puede hacerlo con el arreglo pactado en el Senado, pero sería una tontería absoluta: se fortalece a Anaya no sólo al interior del PAN, sino ante la opinión pública, afianzándolo como candidato natural de ese partido. El calderonismo y Margarita Zavala mueren políticamente, pues los senadores que jugaron con el PRI pertenecen a esa facción. Y faltarían dos giros de argumentación para que quede tocado de muerte el precandidato afín al PAN con experiencia de gobierno: Meade. Todo lo anterior sin mencionar el tremendo desgaste que tendría el PRI rumbo a 2018. Por eso digo: podrían pero serían muy tontos si lo hiciesen.

“Si Anaya endureció su postura a condicionar toda la agenda del Congreso a un capricho maximalista, la jugada en el Senado puede servir para aislarlo y exhibirlo. La coalición con algunos panistas puede servir para calibrar la ley secundaria y ganar la adhesión de los representantes suficientes de la sociedad civil para legitimar la decisión. Anaya queda marginado: el PRI y aliados tienen mayoría en San Lázaro y en la Senado hay una nueva coalición ganadora por si se ocupa”, sostuvo Dworak.

Para el experto, el hecho de que Cervantes llegue a la Fiscalía General no sería tan dañino como sí lo es que se apruebe una Fiscalía mal diseñada, por lo que urge que el Senado modifique lo que le envió la Cámara de Diputados.

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