La eliminación de la figura de los superdelegados, instaurados en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dividió la votación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este martes, el Alto Tribunal inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores y diputados federales de oposición en contra de los cambios en la ley que permitieron la creación de “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, para coordinar, implementar y supervisar los planes de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal.
Sin embargo, la votación quedó pareja entre quienes se pronunciaron por eliminarlos y quienes votaron por mantenerlos vigentes.
El voto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf será determinante para que el próximo lunes se avale la figura del “superdelegado” de Bienestar, ya que no estuvo presente en la sesión de este martes.
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— Suprema Corte (@SCJN) May 17, 2022
El proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar planteó la eliminación de la nueva figura administrativa, con el argumento de que sus facultades no quedaron suficientemente delimitadas.
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En su proyecto de resolución, el ministro Aguilar Morales propuso declarar la invalidez del artículo 17, argumentando que la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo pone en riesgo el federalismo, pues no existe certeza sobre los límites de sus atribuciones y facultades.
“No existe certeza sobre cuáles son los límites de las facultades de las delegaciones en la implementación en los programas de desarrollo, lo cual genera la posibilidad de que el alcance de sus atribuciones pudiera incluir la implementación irrestricta de medidas en las entidades federativas que no necesariamente se relacionen con las facultades de la Secretaría del Bienestar. La inconstitucionalidad del artículo por violación al principio de legalidad, debido a su imprecisión, es tal que pone en riesgo el principio de federalismo”, expuso.
Previo a la votación se perfilaba que la SCJN declarará la validez de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entró en vigor a partir del gobierno actual.
La medida pretendía eliminar las 2 mil 300 delegaciones que las secretarías y diversas entidades del gobierno federal tenían, para concentrar sus facultades en solo un delegado por estado, figura a la que se conoce como “superdelegados”.
Fue la ministra Margarita Ríos Farjat quien externó su desacuerdo con el proyecto de Aguilar Morales, al argumentar que las delegaciones no ponen en riesgo el federalismo.
