Fiscalía General: contrapeso institucional

La designación del Fiscal General de la República, que tiene hoy en sus manos el Senado, es la oportunidad para fortalecer institucionalmente el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y convertir esta dependencia en un contrapeso para el próximo gobierno gane quien gane la Presidencia de la República en el 2018.

Raúl Cervantes Andrade, actual procurador de la República, cumple con todo el perfil para convertirse en el Fiscal General y su desempeño en el último año como titular de la PGR avala su aspiración legítima.

Sin embargo, Cervantes Andrade sólo tiene un inconveniente: es primo de Humberto Castillejos Cervantes, quien se desempeñaba como consejero jurídico de la Presidencia, una relación que no debería de anularlo para buscar esta posición.

Las credenciales académicas y su trayectoria en el servicio público lo avalan y no están a discusión, lo que se le cuestiona es la independencia y autonomía que tendría el titular de la dependencia que será garante del Estado de Derecho.

El debate en torno a la Fiscalía General se ha centrado en el nombramiento de su titular, y esa discusión se ha politizado, dejando en segundo término el objetivo primario de la reforma de 2014, la transformación del sistema mexicano de impartición de justicia.

La ambiciosa Reforma Político Electoral promulgada en 2014 fue presentada como un esfuerzo institucional para el combate a la corrupción y la impunidad, basado en un nuevo modelo de justicia.

El núcleo de la reforma era la transformación de la actual PGR en una Fiscalía dotada de autonomía y que pudiera ser ajena a las directrices de la administración pública o de las presiones políticas. De igual forma, dicha reforma dio pie el Sistema Nacional Anticorrupción.

Al día de hoy, paradójicamente, los esfuerzos constitucionales por consolidar tanto el SNA como la Fiscalía -que deberá entrar en funcionamiento en 2018- se han visto obstaculizados por los desacuerdos y la falta de voluntad política.

Precisamente la resistencia de algunas bancadas en el Senado al llamado “pase automático” de la PGR a la Fiscalía también ha influido en la falta de nombramientos clave en el SNA, pues la discusión de una y otra ha sido condicionante.

Aunque los cuestionamientos de los organismos de la sociedad civil y de los diversos grupos políticos sobre el titular de la Fiscalía son legítimos, no se puede obviar el hecho de que muchos de los actores políticos que hoy cuestionan a Cervantes formaron parte del acuerdo que hoy buscan dinamitar.

En diciembre de 2014, cuando se aprobó la transformación de la PGR en la Fiscalía General se estableció, entre otros artículos transitorios, el hecho de que al entrar en funciones el nuevo órgano, el titular de la PGR pasaría a hacerse cargo de la nueva Fiscalía.

Esta legislación fue aprobada por la mayoría de los diputados del Congreso de la Unión, entre los que se encontraba Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN y que se ha convertido en el principal crítico del llamado ‘pase automático’.

Además, no se debe pasar por alto que cuando Raúl Cervantes fue propuesto por el Presidente de la República, su nombramiento fue ratificado por el Senado, también por una gran mayoría de los legisladores, sabiendo que con la reforma votada en la Cámara de Diputados, Cervantes pasaría a ser el nuevo Fiscal General.

Falta claridad

Más allá de quien sea el encargado de encabezar la Fiscalía General, la falta de claridad sobre el andamiaje institucional que acompañará la labor del Fiscal es una discusión  fundamental que permanece aplazada.

Hay toda una serie de factores por delinear, desde el replanteamiento del modelo de los ministerios públicos, la creación de contrapeso ciudadanos y sistemas de rendición de cuentas en todos los niveles de la fiscalía, que hoy permanecen en segundo plano ante la politización del nombramiento del Fiscal.

En plena efervescencia por el arranque del proceso electoral 2017-2018, la apuesta política debería ser por el fortalecimiento de las instituciones que puedan darle estabilidad al país en los próximos años, independientemente de los vaivenes electorales y políticos.

Sin embargo, el desgaste que se ha generado en los últimos meses por el nombramiento de los titulares de los órganos clave ha ocasionado la implementación incompleta de los mismos, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción.

De seguir el mismo camino, la nueva Fiscalía General podría nacer no solo incompleta, sino incluso severamente cuestionada antes de su nacimiento, un riesgo ante la tensión políticas que se vive -y que aumentará de cara a las elecciones-, cuando nunca había sido más necesaria la estabilidad institucional.

Las cartas de Cervantes

Raúl Cervantes Andrade cumple el perfil para ocupar el más alto cargo en la Fiscalía General de la República, tanto por sus credenciales académicas y su trayectoria política en la administración pública federal.

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta también con especialidades en Derecho Económico Corporativo, Derecho Financiero y Comercio Internacional, Derecho Penal y Amparo.

Ha sido dos veces Diputado Federal y es Senador con licencia. Durante su paso por la Cámara Alta fue Presidente de la Mesa Directiva en el Senado entre 2013 y 2014.

En 2016 fue propuesto por el Ejecutivo para el cargo de Procurador General de la República para sustituir a Arely Gómez y ratificado por mayoría en el Senado.

Durante su gestión al frente de la PGR, Cervantes ha logrado que los exgobernadores salpicados por los casos de corrupción rindan cuentas ante la justicia.

A pesar de los cuestionamientos iniciales, la institución a cargo de Cervantes Andrade logró construir un caso sólido en contra de Javier Duarte, lo que lo mantiene tras las rejas en espera de su condena, además de haber desmantelado la red de corrupción que construyó el exgobernador de Veracruz.

Aunque fue herencia de administraciones pasadas, la actuación de la PGR en la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y su negociación con las autoridades estadunidenses que también lo reclamaban fue notable.

La dependencia a su cargo también orquestó la detención del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés al conformar un expediente por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que permitió su ingreso al Reclusorio Oriente a pesar de encontrarse amparado por otros delitos.

La Procuraduría también tiene casos sólidos en contra de los exgobernadores Roberto Borge, de Quintana Roo -quien está en espera de ser extraditado a México- y César Duarte, de Chihuahua, quien continúa prófugo de la justicia.

Estos casos son la mejor carta de presentación de Cervantes Andrade, a quien se le cuestiona sobre todo su autonomía y su verdadero compromiso con la justicia y el combate a la corrupción.

Institución que trascienda

El sistema político mexicano ha adolecido, entre otras cosas, de una verdadera planeación transexenal, del fortalecimiento de instituciones que no estén supeditadas a los vaivenes políticos de cada cambio de gobierno.

Sin embargo, en el caso particular de un cargo tan sensible para la vida pública como el Fiscal General, la duración de 9 años al frente del organismo, sin el acompañamiento de verdaderos contrapesos y mecanismos de evaluación y rendición de cuentas sería el verdadero flanco débil de la designación.

Con la legislación actual el fiscal solo podría ser removido por las causas graves establecidas en la ley y puede ser objetada por el voto de la mayoría de los senadores presentes en la votación.

La Fiscalía General sustituirá a la actual Procuraduría General de la República (PGR), y entre sus objetivos primordiales es el reforzamiento de las funciones del ministerio público y la modernización de las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Con la consolidación del Ministerio Público la intención es que se responda a la exigencia de justicia pronta y expedita, además de priorizar la capacitación y el otorgamiento de mejores incentivos a los funcionarios del sistema de justicia.

Sobre todo, la formación de la nueva institución buscaba la independencia de otros poderes, y que su carácter autónomo e independiente fuera la base para un verdadero combate a la corrupción y la impunidad.

Uno de los puntos impulsados por la sociedad civil fue la creación de consejos de asesoramiento y de consulta ciudadana que ayudarían a la construcción y posteriormente a la evaluación de las políticas públicas y el funcionamiento de la Fiscalía.

La dependencia contará al menos con una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y una Especializada en Combate a la Corrupción, cuyos titulares serán nombrados por el Fiscal General aunque pueden ser objetados por las dos terceras partes de los senadores.

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