A más de tres años de la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, el gobierno de Veracruz ofrecerá por primera vez una disculpa pública en el Museo de Memoria y Tolerancia.
El 11 de enero de 2016, José Alfredo González Díaz (25 años), Mario Arturo Orozco Sánchez (27), Susana Tapia Garibo (16), José Benítez de la O (24) y Bernardo Benítez Arróniz (25) quienes iban del Puerto de Veracruz a Playa Vicente, fueron detenidos arbitrariamente por policías en el municipio de Tierra Blanca.
Los primeros días de marzo de 2016, autoridades informaron que se encontraron los restos de los jóvenes en el rancho El Limón ubicado en el municipio de Tlalixcoyan.
La disculpa del gobierno es una de las medidas de reparación señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2017.
En el evento se contó con la presencia del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, entre otros.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, expresó su reconocimiento a las familias de los jóvenes desaparecidos “quienes fueron víctimas de la violencia que ha prevalecido en el país”.
“Este es un acto de inmenso dolor; sin embargo, estamos aquí por la dignidad de los familiares de buscar la reparación y la garantía de no repetición en este país, este acto de disculpa pública es de gran relevancia ya que demuestra la prioridad de poner a las víctimas en el centro de nuestro actuar” declaró el subsecretario Alejandro Encinas.
Además, el funcionario agregó que “si bien las disculpas no reparan la gravedad el hecho si son un paso relevante para hacer justicia y castigar a los perpetradores de estos delitos. Este acto es para empezar un estado más justo, tenemos que transformas nuestro país para frenar más violaciones a derechos humanos que tanto han lastimado a nuestras familias”.
Durante el evento, Encinas afirmó que “asumo en este acto con una profunda responsabilidad que se alcance plenamente la justicia para este caso”.
Bernardo Benítez, padre de Bernardo, expresó que “yo no creo que exista la justicia, si ésta existiera nuestros hijos hoy vivieran y estarían trabajando, estudiando o con sus familias, no creo en la justicia del estado mexicano”.
De acuerdo con el relato del padre de uno de los chicos, “a nuestros hijos los detuvieron elementos de la policía del estado de Veracruz, los entregaron al Cártel de Jalisco Nueva Generación, los mataron por parecer sospechosos”.
El padre que ha luchado por tres años por justicia para su familia declaró que “en todo este tiempo no tenemos ni un sentenciado, no sé que esperan los jueces. Tienen que condenar a las 21 personas detenidas, falta investigar a superiores jerárquicos
Carmen Garibo, madre de Susana no dudó en señalar que “nuestros hijos no hicieron nada malo, mi hija era muy alegre, estudiosa, jamás estuvo en malos pasos como quisieron decir, a mi niña le gustaba salir con sus amigos, ella quería estudiar ingeniería química…le gustaba tantos abrazarnos”.
Como exigencia al gobernador, la madre de Susana expresó que “no debe permitir que la policía trabaje para el crimen organizado, que no se investigue, que el cambio que prometió en su campaña no esté acompañado de justicia”.
Para José Benítez la cuenta es clara “tengo mil 158 días con el mismo pesar. Estoy harto de mentar madres, de pedirle a las autoridades que caminen, yo solo quiero exigir, no pedir porque esa palabra siento que es dar lástima, exigir la finalización de nuestra investigación”.
Cuando Cuitláhuac García tomó la palabra, declaró que “en cumplimiento con la recomendación de la CNDH, se reconoce la responsabilidad estatal por la conducta llevaba a cabo el 11 de enero de 2016 por autoridades del gobierno de Veracruz y que ocasionó la desaparición y ejecución de los cinco jóvenes.
De acuerdo con el gobernador, “es el inicio de darle su lugar a la verdad, reconocemos que el estado falló, no tuvo capacidad de darles seguridad y proteger a sus jóvenes, por ello les ofrezco una disculpa por el actuar de la policía, porque no se detuvo a tiempo la colusión de los elementos de la policía con el crimen organizado, una disculpa por el sufrimiento que vivieron sus hijos, una disculpa por la impunidad a la que se enfrentaron, una disculpa por las veces que se intentó criminalizar a sus hijos”.
La directora del Museo de Memoria y Tolerancia, Sharon Zaga, dijo que “el hecho de Tierra Blanca no habría pasado en un estado de derecho. Este acto de perdón público es un paso a la justicia que da esperanza para que estos actos de odio ya no pasen nunca más”.
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