Ayer, representantes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentaron en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Tixtla, Guerrero, el informe anual del Mecanismo Especial de Seguimiento sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en septiembre de 2014.
En el informe, de carácter preliminar, se insiste en desconocer la “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), y se hace énfasis en la necesidad de profundizar en otras líneas de investigación para poder determinar el paradero de los estudiantes normalistas.
Hoy, el Gobierno de la República dio a conocer su posicionamiento y aclaró que, tras reunirse con representantes de la CIDH y ante representantes de los 43 estudiantes desaparecidos, refrendó la “firme voluntad” de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total de los hechos ocurridos y procurar el castigo para los responsables en el caso.
Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, reconoció la intervención que ha hecho el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y agradeció su manifiesto interés para que haya plena claridad de lo ocurrido a los jóvenes estudiantes.
El funcionario aseguró que existe plena concordancia entre lo que buscan tanto las autoridades como los familiares, ya que el objetivo es el mismo: que se haga justicia y que hechos tan lamentables como éstos no se repitan en nuestro país, por lo que se han realizado acciones necesarias para atender cada uno de los planteamientos realizados por la CIDH.
Por su parte, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para México de la CIDH, subrayó que aún hay temas pendientes en este caso que deberán ser profundizados en las semanas y meses siguientes, al tiempo que informó que realizarán una solicitud de información al Gobierno, a fin de integrarla en la fase de finalización de este período, para preparar un informe final de resultados del trabajo del Mecanismo de Seguimiento, en noviembre próximo.
Mediante un comunicado, el gobierno federal aseveró que las reuniones con la CIDH permitieron a los distintos funcionarios de alto nivel de la PGR actualizar la información sobre el seguimiento al cronograma de trabajo, entre lo que se destacaron asuntos relacionados con la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes, investigaciones en torno al posible papel de funcionarios federales, acciones de búsqueda específicas, el seguimiento a las solicitudes de asistencia jurídica mutua formuladas al gobierno de los Estados Unidos, entre otros.
Al referirse a la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado, que ordenó una Comisión de la Verdad sobre el caso, enfatizó que los recursos de las autoridades contra la sentencia tomaron en cuenta los posibles efectos que podrían haber alterado el orden constitucional mexicano. Se recordó que el asunto se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinará lo conducente.
Ante los cuestionamientos del Comisionado Luis Ernesto Vargas, el gobierno consideró que se debe avanzar en cuestiones relacionadas con esquemas de atención psicosocial a las víctimas, “así como identificar vías para hacer más expedita la colaboración de los detenidos, que facilite conocer la verdad de los hechos y el paradero de los normalistas”.
