En las zonas afectadas por los sismos de septiembre pasado viven una doble crisis, la del aumento de precios no solo en alimentos, sino en algo más que se ha vuelto básico para ellos: los materiales de construcción.

Con aumentos de hasta el 100 por ciento en estos materiales, las personas que perdieron su casa llevan las labores de reconstrucción no solo a paso más lento, sino a menor escala, pues alcanzará para menos.

Y no solo eso. Los habitantes de lugares como Chiapas y Oaxaca han acusado que hay acaparamiento de los materiales de construcción.

En municipios como Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, la arena dobló su precio, al pasar de 500 a mil pesos; con la grava pasó lo mismo, pues aumentó de 600 a mil 200 pesos.

Solo en octubre, al mes siguiente del sismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 81 quejas por el aumento injustificado en los precios de los materiales de construcción.

Estas quejas llevaron a que el Congreso de la Unión pida a la Profeco y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que prevengan y eviten el aumento de precios y castiguen un posible acaparamiento de los materiales.

Los legisladores reconocen, eso sí, que la dinámica de oferta y demanda afectó los precios, por lo que pidieron a las autoridades dar un informe sobre el comportamiento de estos precios.

“La reconstrucción de los daños causados por los sismos se considera un bien público, en la forma que todas las personas puedan al menos volver al estado previo de las cosas. El aumento de precios dificulta esta meta, por lo que es necesaria la intervención de estos órganos reguladores.

“Sin embargo, el aumento en la oferta para satisfacer la demanda es solo una opción que los comerciantes tienen para generar ganancias a partir de esta coyuntura particular e implica inversión para el aumento de stock. Es necesario (…) garantizar que existen los recursos materiales que la reconstrucción demanda, principalmente en las zonas menos urbanas que tienen difícil acceso a los mercados”, señalaron los congresistas en un punto de acuerdo.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por los sismos de septiembre se dañaron 172 mil 91 viviendas, de las que 60 mil 398 fueron pérdida total.