El Grupo Cementos de Chihuahua mantiene un conflicto legal debido a un laudo en su contra por parte de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos, que lo obligará a pagar cerca de 50 millones de dólares a la Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA), de lo que deberá informar su director general, Héctor Enrique Escalante en su Reporte de Resultados del Tercer Trimestre de este año, este 27 y 28 de octubre.
De acuerdo con distintos analistas, una vez que la cementera fue notificada de la sentencia en su contra, debió cumplir de inmediato con el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores que estipula que toda empresa está obligada a proporcionar oportunamente información relevante acerca de la situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, así como de sus riesgos potenciales, puesto que se reconoce que toda esta información puede afectar la toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del precio de los valores emitidos por la propia emisora, conforme a los usos y prácticas de análisis del mercado de valores mexicano.
El litigio que persigue al Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) se originó en 2011, a partir de que esta empresa violó un acuerdo con los accionistas de CIMSA, su socia entonces y con la que participaba en la Sociedad Boliviana del Cemento. Dicho acuerdo establecía que CIMSA tendría, en cualquier caso de venta de acciones de GCC, el derecho preferencial de compra.
El hecho es que no fue así y GCC optó por vender más del 40 por ciento de sus acciones al Grupo Cementero del Sur. El incumplimiento de este acuerdo ocasionó una demanda por parte de CIMSA que en varios momentos ha tenido a su favor el arbitraje internacional y que ahora es resuelto, nuevamente en ese sentido, por la Corte de Apelaciones de EU.
De acuerdo con diversas fuentes, llegados a este punto la cementera mexicana podría ser sancionada por contravenir la Ley de la BMV si omitió u ocultó información tan relevante como la del proceso judicial que ha enfrentado en los últimos años y que ahora concluye con una sentencia que inicialmente la obligaba al pago de 36 millones de dólares, pero que hoy asciende a alrededor de 50 millones de dólares.
El hermetismo en torno de estos hechos que ha guardado el Director General del Grupo Cementos Chihuahua, Héctor Enrique Escalante, continúa. Y la cifra por el embargo crece.
Grupo cementero Chihuahua es más que un amigo republicano.
Dicho grupo tiene, además, una añeja relación comercial con miembros del Partido Republicano que le llevó a apoyar al presidente Donald Trump en la construcción del muro y la compra de la planta Dacotah Cemento en Dakota del Sur.
En el año 2000 compró la planta Dacotah Cement localizada en el Condado de Dewey, Dakota del Sur, Estados Unidos, por 252.3 millones de dólares, ubicada en la tierra fiduciaria estatal cerca de Dewey, que es rica en piedra caliza. Le fue arrendada, a decir de varios ambientalistas (https://bit.ly/35shNaT), por un dólar durante 99 años, con opción a renovarse dos veces, por lo que GCC recibió los derechos de explotación de minerales durante 297 años únicamente por 3 dólares.
El acuerdo fue firmado por Pete Lien and Sons, Inc., además de GCC y entre la cementera mexicana y el entonces gobernador republicano de Dakota del Sur, ahora fallecido, Bill Janklow.
Dentro del contrato de compra venta, GCC acordó ingresar $3 millones de dólares al presupuesto estatal, además de los impuestos estatales y locales correspondientes, también se comprometió a no despedir a los 221 trabajadores que ahí laboraban ni a vender los 12 mil acres de Black Hill incluidos en la propiedad de la planta.
Para el año 2009 la planta solamente contaba con 90 trabajadores de los 221 originales y en el 2013 el gobierno local tuvo que invertir $4 millones de dólares en un sistema de saneamiento, porque desde que GCC comenzó la operación de la planta los niveles de contaminación y concentraciones de partículas suspendidas en el aire se incrementó.
Durante las décadas de 1980 y 1990, la planta de cemento de Dakota del Sur ingresaba al presupuesto estatal cerca de 12 millones de dólares anuales, y a la fecha GCC no ha podido superar la barrera de los $11 millones de dólares anuales.
Otro punto a observar es que la venta fue controvertida, especialmente porque se apresuró la aprobación por la Legislatura local, cuando en meses anteriores personal del gobernador aseguró a los mismos legisladores que no se estaba preparando un acuerdo de ese tipo. Los únicos en oponerse fueron los legisladores demócratas alegando que el precio de venta de la planta estatal era exageradamente bajo.
