La Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que la mayoría de las cárceles mexicanas son gobernadas por los reos.
La conclusión se presentó en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, luego de que la CNDH revisara las condiciones operativas de 198 de las 378 prisiones del país.
En la mayoría de los centros carcelarios, refiere la CNDH, “se pudo observar un bajo control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza”, muchas de las cuales están a cargo de los internos.
La condición de autogobierno que se registra en por lo menos 69 prisiones estatales del país, también se observa en “el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y de la seguridad”, servicios que están bajo el control de algunos internos, lo que vulnera el control que debe tener la autoridad sobre esos centros.
Al presentar el Diagnóstico, la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva informó que se visitaron un total de 198 centros varoniles, mixtos y femeniles, de los cuales 131 centros estatales obtuvieron una calificación promedio de 6.30; los 20 centros federales, de 7.33; las 3 prisiones militares, 8.13; y las 44 cárceles municipales, 3.99.
Otro problema que detectó la CNDH es que la mayoría de los centros revisados no cuentan con un programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación.
Además de que en 46 de los centros estatales revisados persiste la sobrepoblación, en 64 más existe hacinamiento, y en la mitad la mitad de los centros verificados se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas.
“De igual manera existen deficiencias en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos y en la mayoría no contemplan die tas especiales para los enfermos que así lo requieren, tales como quienes padecen diabetes”.
También en las federales y municipales
Las cárceles federales también registran deficiencias, en 16 de las 20 que operan en el país no se cuenta con suficiente personal, en 14 hay carencia de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
Pese a que en las cárceles federales se cuenta con un presupuesto para ello, “el derecho de protección de la salud es un problema generalizado, dada la falta de personal médico, así como por la deficiencia de su atención”, refiere el informe.
Así, se señala que en 11 centros penitenciarios federales se observaron deficiencias en la atención a personas adultas mayores, mientras que en otros 13 existe deficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, a esto se suma que en 6 de los centros federales se detectó falta de acceso de las personas privadas de la libertad en actividades deportivas.
De todas las deficiencias encontradas en el sistema carcelario mexicano, es en las prisiones de jurisdicción municipal en donde se concentra la mayor proporción de condiciones adversas para una estancia digna de los internos.
De acuerdo al informe las deficiencias que más resaltan son las que se refieren la falta de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación para el trabajo.
La mayoría de las cárceles municipales carecen de instrumental y medicamentos, así como de acciones para prevenir y atender incidentes violentos, falta de capacitación del personal penitenciario y deficiencia en la alimentación de las personas internas.
Por ello, dijo la presentadora del informe, “es fundamental que las autoridades encargadas de conducir el Sistema Penitenciario Nacional utilicen el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de forma propositiva, para desarrollar y concretar acciones de evaluación y planeación que determinen las políticas públicas necesarias para optimizar los muchos aspectos que incidan de manera cotidiana en las condiciones, estancia digna y gobernabilidad de los centros”.