El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) realizó otro ordenamiento a la Procuraduría General de la República (PGR), respecto al caso Colosio, para que entregue a un particular el videocasete identificado como BTC-01 titulado con la leyenda “Atentado a Lic. Colosio”, relativo al asesinato del candidato presidencial.
Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Joel Salas Suárez resaltó que la información pública brinda la oportunidad de ampliar la memoria sobre los hechos históricos.
“Cada documento oficial, cada video, cada estadística, cada expresión documental permitirá incluir más voces para ampliar el relato de lo sucedido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, de lo sucedido aquel año de 1994, y andar el camino hacia la memoria y verdad”, afirmó
Indicó que la PGR decidió reservar el expediente de la investigación del caso Colosio en noviembre de 2000 y el último fiscal de la entonces Subprocuraduría Especial cerró el caso y turnó al Archivo General de la Nación, advirtiendo que debía ser clasificada hasta 2035.
“Nuestra labor es garantizar el derecho de acceso a la información pública para, como dije, ampliar los relatos sobre los hechos histórico y colaborar a la construcción de memoria y verdad”, subrayó el comisionado.
La PGR clasificó la información solicitada, argumentando que hacer público el vídeo representa un riesgo, ya que se relaciona con una indagatoria y corresponde a la información reservada en noviembre de 2000; el sujeto obligado indicó que la clasificación fue confirmada por su Comité de Transparencia.
En el análisis del caso se advirtió que el contenido del videocasete solicitado reviste profundo interés público, ya que se relaciona con uno de los momentos que marcó la historia política contemporánea de México.
En agosto, el mismo instituto lanzó otro ordenamiento a la PGR para buscar y entregar los informes de las investigaciones sobre el homicidio del ex candidato presidencial.
La resolución del proyecto, impulsado por el comisionado Carlos Bonnin, señaló que la máxima publicidad impulsa el derecho a la verdad de la sociedad para tener la certeza de que se realizó una investigación efectiva.
La decisión del INAI se dio después de que un particular solicitara la información a la procuraduría y esta le enviara algunos links que supuestamente contenían la información de los cuatro tomos que integraron el informe de la investigación.
Al abrir los enlaces electrónicos, el particular se percató de que la información no correspondía con lo solicitado, por lo que acudió al INAI para presentar un recurso de revisión, mismo que fructificó a su favor.
