Por violaciones a derechos humanos y una investigación inadecuada sobre la masacre de 49 personas en el municipio de Cadereyta de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas.
La recomendación va dirigida también a la Procuraduría General de la República (PGR), además de los gobernadores de Nuevo León y de Tamaulipas, y se detalla que los servidores públicos de ambos estados no actuaron con la debida diligencia y/o omitieron realizar acciones pertinentes.
En un comunicado explica que se efectuaron de manera deficiente las pesquisas para la adecuada investigación de los homicidios referidos.
Como resultado, la CNDH acreditó que los agentes del Ministerio Público de la Federación y locales, no efectuaron diligencias para establecer líneas de investigación para ubicar a los probables responsables, ni realizaron búsqueda y localización de posibles testigos ni solicitaron las pruebas periciales que el caso requería.
También se comprobó que las autoridades difundieron información carente de veracidad que afectó el honor y la reputación de los familiares de las víctimas.
Por lo anterior, la CNDH consideró que fueron vulnerados los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la seguridad ciudadana y al honor de las víctimas directas e indirectas.
Ante ello, se solicitó a la PGR inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los familiares de las personas fallecidas que no han sido incluidas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Además, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se deberá elaborar un peritaje para evaluar a cada familiar afectado y, reparar los daños.
La CNDH solicitó a ambos gobernadores instruir a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), realicen diagnósticos sobre las rutas de tránsito de migración del país.
Los 49 cuerpos fueron encontrado sin cabeza y algunas extremidades en el kilómetro 47 de la carretera libre Monterrey-Reynosa a la entrada de la comunidad de San Juan el 13 de mayo de 2012 en el municipio neoleonés.
