El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que Israel Vallarta no será beneficiado con el acuerdo presidencial de preliberación de presos, pues enfrenta un proceso por secuestro donde no ha sido acreditado la tortura en su contra.
En la conferencia mañanera, el funcionario explicó que si bien Vallarta sufrió tortura y se violó su derecho al debido proceso en el caso Florence Cassez, esta no es la única acusación en su contra.
“El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y esta se acreditó con dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul, en el proceso seguido por el secuestro de Cristián.
“Sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro, en el cual no se ha acreditado la tortura ni la violación al Protocolo de Estambul, por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto”, dijo el funcionario.
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Vallarta se encuentra detenido desde 2005, luego del montaje televisivo donde fue aprehendido junto a la francesa Florence Cassez; sin embargo, desde aquel entonces no ha recibido sentencia condenatoria en su contra por el delito de secuestro.
El secretario de Gobernación Adán Augusto López explicó que Israel Vallarta no puede ser liberado a pesar de haber sido objeto de tortura porque tiene otro caso abierto por el delito de secuestro. pic.twitter.com/MxgsUZY2yY
— Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 14, 2021
Israel Vallarta no, pero 681 presos sí
El secretario de Gobernación informó que 681 personas han sido preliberadas antes del 15 de septiembre conforme al acuerdo presidencia para beneficiar a los presos que tienen años sin sentencia, torturados, adultos mayores o que padezcan enfermedades crónicas.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, detalló que en el ámbito federal se analizan 4 mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva.
Hemos venido trabajando de manera coordinada la Secretaría de Gobernación, los gobiernos estatales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hacer realidad un acto de justicia a favor de las personas privadas de su libertad, adultas mayores que tienen un enfermedad crónica degenerativa o se encuentren en fase terminal, adultas mayores de 70 años, víctima de tortura con protocolo de Estambul, indígenas que no tuvieron una defensa adecuada, así como los que llevan dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia.
Indicó que se realizan las gestiones con los jueces competentes, así como con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República para agilizar los trámites en preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades porque se requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos por ley.
