Este jueves, el juez del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica , Radiodifusión y Telecomunicaciones, suspendió el cobro de una multa que tenía que pagar la energética española Iberdrola a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La suspensión de esta multa estará vigente en tanto se resuelve si Iberdrola vendió o no electricidad de forma ilegal, por lo que de lo contrario tendría que pagar los 9.145 millones de pesos, es decir, unos 442 millones de dólares.
“Se concede la suspensión definitiva de los actos que reclama de las autoridades responsables señaladas en su escrito de demanda”, señaló el juez.
Cabe recordar que en mayo pasado, el regulador energético mexicano había multado a Iberdrola en México por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la Ley de la Industria Eléctrica, que determina que solo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede dar suministro en el país.
Sin embargo, la decisión no exime aún a Iberdrola de pagar la multa en el futuro, pero no se cobrará hasta que no se resuelva el fondo del juicio, es decir, hasta que se determine si vendió electricidad de forma ilegal o no.
Por su parte, el juez programó la audiencia constitucional para el 1 de septiembre de este año, donde resolverá si le otorga el amparo a la empresa.
Asimismo, el efecto de la medida cautelar es para que no se ejecute el cobro de la multa histórica que se le interpuso a Iberdrola, la cual se debe a que, presuntamente, la empresa vendía energía a otras firmas bajo un permiso que solamente le permitía generarla para autoabastecimiento.
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Por ello el juez le concedió la suspensión luego de que acreditó y otorgó la garantía que establece el artículo 135 de la Ley de Amparo, el cual establece que las suspensiones contra cobro de contribuciones sólo surtirán efectos si se garantiza el monto respectivo, salvo casos donde el quejoso compruebe que se excede su capacidad económica.
Finalmente, la empresa española impugnó en junio por 9 mil 145 millones de pesos que le impuso la CRE por la venta ilegal de energía a los más de 500 socios que tiene en la planta Dulces Nombres, la cual se ubica en Pesquería, Nuevo León.
