La llegada de Emilio Lozoya Austin a México para enfrentar la justicia por los actos de corrupción que se le señalan relacionados con la compra de Agro Nitrogenados y con la constructora Brasileña Odebretch podría ser más complicada de lo esperado.
A pesar de que el ex director de Pemex entregó por escrito su solicitud de extradición, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española aún debe estudiar la petición para ver si procede de manera simplificada, es decir, sin que el Consejo de Ministros del Gobierno de España tenga que pronunciarse sobre la entrega con las autoridades mexicanas.
Mientras tanto, Lozoya permanecerá en la prisión de Navalcarnero, ubicada en Madrid, España.
La extradición también se puede ver afectada ya que el acceso a la justicia en México está interrumpido.
La pandemia de COVID-19 acertó un fuerte golpe tanto a los Poderes Judiciales Federal como a los estatales en términos de su capacidad para dotar a la población de esquemas de justicia digital.
De acuerdo con el Mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones y recursos orientados a enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos sociales y económicos, al día de hoy solo el Poder Judicial de la Federación y 14 poderes judiciales estatales han reactivado sus plazos judiciales y habilitado la atención de todos los casos
“Los otros 18 poderes judiciales de entidades continúan con suspensión de plazos y solo permiten la recepción de casos urgentes, aunque estos supuestos de urgencia se han ido ampliando”, advierten las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil a través de su investigación Justicia Digital y Post Covid.
El documento presentado por ambas ONGs también señala que en términos de uso de la tecnología, el Poder Judicial de la Federación permite la tramitación de todos sus casos en línea y a nivel estatal 16 poderes judiciales permiten la presentación de demandas o solicitudes vía remota, mientras que 9 permiten el seguimiento completo de sus casos a través del llamado “juicio en línea”.
“El “juicio en línea” y la forma que tome en las próximas semanas determinará el futuro inmediato del acceso a la justicia. Por ello hay que destacar que tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes estatales requieren de un elemento identificador de los usuarios del sistema, lo que ha puesto a discusión la eficacia y eficiencia de este mecanismo.
“Será objeto de investigaciones futuras, pero en esta etapa Tojil y Transparencia Mexicana informaron que 8 exigen contar con una firma electrónica FIEL (SAT) o FIREL (firma electrónica del Poder Judicial de la Federación) o una firma electrónica proporcionada por el propio Poder Judicial estatal”.
Aunado a esto, pese a que las audiencias en materia penal deben ser públicas para todas las personas, al momento solo el Estado de Coahuila prevé normatividad que garantiza esa publicidad.
Ante esta realidad, Tojil y Transparencia Mexicana piden que no se use la crisis sanitaria como excusa para limitar los derechos de la ciudadanía.
Como servicio público esencial en momentos donde se prevé un incremento en la conflictividad y la violencia, derivado de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales, el acceso a la justicia penal debe ser transparente a todas las personas
“La pandemia y sus efectos no pueden convertirse en justificación para limitar derechos sin motivación o fundamento, o de manera indefinida”.
Hoy en #juevesjurídico (@adygreaves), #Tojil y #TransparenciaMexicana solicitamos al Poder Judicial de la Federación que tome las medidas necesarias para garantizar el principio de máxima publicidad. De esta manera, los ciudadanos mexicanos podemos legitimar el proceso del caso. pic.twitter.com/XUgmP7c4TV
— TOJIL (@TojilAJ) July 2, 2020
