A siete años de la privatización del agua en Puebla, habitantes de esa entidad mantienen una lucha constante por el acceso a este recurso.
Activistas acusan que en vez de mejorar la vida de las personas, la concesión otorgada a una empresa privada viola los derechos humanos, sobre todo en las colonias más pobres donde no hay infraestructura.
La situación se agravó durante la pandemia de COVID-19, a causa de la pérdida de empleo muchas personas no pueden pagar, situación que provocó cortes de agua y drenaje por parte de la empresa.
“Es una desgracia en términos de salud, de derechos humanos y medioambientales.
“Desde hace siete años se entregó una concesión a una empresa que no existía mediante un contrato leonino, ventajoso, en donde varios actores políticos actuaron de mala fe”, dice Omar Jiménez Castro, representante de la Asamblea Social del Agua (ASA).
La privatización del agua empezó en 2013, durante la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien envió una iniciativa para reformar la Ley del Agua del Estado de Puebla donde se contempló la concesión del servicio a empresas privadas.
El Congreso estatal aprobó una reestructuración de las tarifas del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y se conformaron seis estratos socioeconómicos para establecerlas; además, los pagos pasaron a ser mensuales en lugar de bimestrales.
La concesión fue otorgada a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, conocida comercialmente como Agua de Puebla, para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla.
Así como en las circunscripciones específicas de los territorios de los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc.
La empresa, propiedad de Carlos Hank Rhon, también dueño de Grupo Banorte, recibió una concesión de 30 años y puede prorrogarse por otro periodo igual.
Desde el proceso de licitación hay vicios ocultos, vicios de origen, en donde es muy claro que podría proceder la nulidad del título de concesión pero no lo ha querido hacer el Congreso local, esa es una realidad
Agua, Problema nacional
Puebla no es el único estado del país que entregó la administración del agua a la iniciativa privada y donde se acusan irregularidades en la entrega de la concesión, además de múltiples quejas de los usuarios.
En la conferencia mañanera, Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que hay seis entidades que han privatizado el agua, entre ellas Aguascalientes y Quintana Roo.
En octubre pasado, Jiménez Cisneros mencionó que trabaja con este último estado y sus municipios para revertir la concesión a la empresa Aguakán, por anomalías en el proceso de otorgamiento.
En 2014, cuando el priista Roberto Borge —actualmente está acusado de peculado y lavado de dinero— era gobernador, el Congreso estatal aprobó prorrogar de manera anticipada hasta el 2053 la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, dueña de Aguakán.
La prórroga del permiso —adjudicado de manera directa— fue para los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
Desde abril de 2019, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que se atenderían las denuncias en contra de la empresa Aguakán por cobros indebidos. Según los datos que proporcionó, en 2018 se registraron 2 mil 500 y de enero a abril de 2019 ya se habían interpuesto 700.
Pobladores de Aguascalientes también sufren el abasto de agua mediante manos privadas.
En dicha entidad, el servicio de agua potable y alcantarillado se privatizó en 1993 para un periodo de 30 años que termina en el 2023. Las quejas suelen ser por las altas tarifas y la mala calidad del servicio.
La administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra del esquema de abasto privado del agua, también ha acusado que en otros sexenios se entregaron diversas concesiones de servicios.
“Se privatizó todo, hay lugares donde todo se entregó a empresas vinculadas a políticos y cobran por todos estos servicios”, comentó el presidente en su conferencia del 22 de octubre.
Activistas acusan que Agua de Puebla viola derechos humanos, por no garantizar acceso al líquido en colonias sin infraestructura
Los estragos en Puebla
Concesionar los servicios de agua y drenaje en Puebla no mejoró las condiciones de vida, solo incrementó la desigualdad entre personas pobres y ricas.
Omar Jiménez Castro, representante de la ASA, explica que hay colonias como el fraccionamiento La Barranca que reciben dos horas de agua a la semana, lo que viola el mínimo vital.
“La Organización Mundial de la Salud nos dice que deben de recibir 100 litros de agua por persona al día, que debe de ser de forma continuada. Eso en Puebla no se aplica”, apunta.
Jiménez Castro dice que ha realizado más de 550 demandas de amparos contra los cortes de agua, drenaje y las tarifas exageradas.
