Conformar el Sistema Nacional de Víctimas será uno de los primeros retos a los que se enfrentarán los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Susana Pedroza de la Llave, Julio Hernández Barros, Adrián Franco Zevada, Sergio Rochín del Rincón, Carlos Ríos Espinoza, Olga Noriega Sáenz y María Torres Mata, recién electos este martes por el Senado mexicano, tienen diversas tareas por delante entre ellas, que el máximo órgano de atención a víctimas pueda quedar establecido en su totalidad la próxima semana, para que comience a funcionar formalmente.
En puerta está además un amplia discusión en muchos entidades federativas y municipios que aún no entiende los alcances de la Ley General de Víctimas.
“Muchos estados de la República no la están aplicando (la Ley General de Víctimas), a pesar de que es obligatoria para ellos. Muchos juzgados locales no están concediéndole a las víctimas la gama de derechos que tiene la ley; la mayor parte de ellos no creo sea por una negativa sino por desconocimiento”, dice Hernández Barros a Reporte Indigo.
El comisionado electo por un periodo de cinco años refiere que otra tarea inmediata será conformar los órganos fundamentales de la CEAV, como la oficina del asesor jurídico victimal, encargada de brindar orientación y atención a seguimiento a todos los casos las víctimas.
Tal labor no ocurrirá solo durante el proceso penal sino a lo largo de todo el proceso victimal. Se deben garantizar los derechos de salud, atención médica, transportación, alimentación, verdad y justicia.
“Es un seguimiento que se hace desde el primer momento que ocurre el suceso victimizante hasta la total solución del caso”, indica el experto.
La Comisión deberá también formar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral cuyo presupuesto asignado es de 0.014 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, aunque también puede recibir donativos.
Se deberán hacer convenios para allegarle más recursos a este importante fondo de donde saldrán las compensaciones económicas a las víctimas de delitos graves, cuyas vidas fueron afectadas, o su integridad física y sicológica o su libertad.
Máxime cuando el propio delincuente “no haya reparado el daño por no haber sido localizado, identificado o por ser insolvente, según los principios de necesidad y proporcionalidad”, explica.
Reparación integral, el objetivo urgente
Otra tarea urgente, asegura Hernández Barros es conformar el Registro Nacional de Víctimas.
“(En México) no se sabe dónde están y quiénes son 30 mil de sus ciudadanos; no tenemos un registro de cuántos muertos hay siquiera, no sabemos cuántas víctimas de otros delitos hay”, argumenta.
Si no se sabe cuántas víctimas hay de homicidio o secuestro, menos se sabe cuántas hay de robo, por ejemplo. Pero se calcula la mitad de habitantes del país ha sido víctima de algún delito.
De ahí que la CEAV evaluará el poder aprovechar la plataforma de cómputo de alguna dependencia como la del Inegi, la Plataforma México o la del IFE, dado que en las condiciones actuales no se cuenta con recursos para una propia.
Conocedor de las necesidades de las víctimas, junto a las cuales ha militado en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Hernández Barros se fijó como reto personal lograr que las víctimas lleven “una vida más llevadera y garantizar todos los derechos que contiene no solo ley general de víctimas sino la Constitución y los tratados internacionales”.
Comisionados
Los comisionados buscan que el máximo órgano de atención a víctimas pueda quedar establecido en su totalidad la próxima semana, para que comience a funcionar formalmente.
> Susana Pedroza de la Llave
5 años
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas
> Julio Hernández Barros
5 años
Fue abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
> Adrián Franco Zevada
5 años
Abogado, fue coordinador de Asuntos Internacionales en la PGR
> Sergio Rochín del Rincón
3 años
Defensor de derechos humanos, consejero ciudadano en la CNDH
> Carlos Ríos Espinoza
3 años
Fue miembro del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU
> Olga Noriega Sáenz
1 año
Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales
> María Torres Mata
1 año
Académica y activista, impulsora de la agrupación Fe y Esperanza
