La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, rompió el silencio ayer tras cinco años de haber estado en prisión por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Durante su discurso dijo que lo suyo fue una persecución política.
“Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona, y es producto de una persecución política, de acoso e injusticia, es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente y muestro a ustedes, lo que justifica judicialmente el acuerdo”, dijo Gordillo mientras mostraba su acta de liberación.
Al igual que ella, otros actores de la política nacional han dicho ser “perseguidos” cuando han enfrentado investigaciones y cargos por presuntamente haber cometido algún delito.
Durante el año en curso, el exlíder de las autodefensas de Michoacán, José Mireles; la exprimera dama de Veracruz, Karime Macías; la exlíder de la policía comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado y el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, han dicho lo mismo que dijo ayer Elba Esther Gordillo.
Karime Macías
La exprimera dama de Veracruz, Karime Macías, es buscada por la Fiscalía General del Estado por presuntamente haber desviado 112 millones de pesos a empresas fantasma cuando fue presidenta del DIF de la entidad.
Ricardo Sánchez Retana, abogado de Macías, aseguro a finales de junio que las autoridades del Reino Unido admitieron el trámite de asilo político a favor de su clienta, ya que reúne las característica de “perseguida política”.
“Como ha sido público y notorio, la señora Karime Macías Tubilla ha sido víctima de acoso y espionaje por parte del actual Gobernador del Estado de Veracruz, lo que subraya la persecución política de la cual ha sido blanco”, dijo su defensa.
De esta manera, las autoridades judiciales británicas admitieron la solicitud de asilo político a favor de Macías y de sus tres hijos, quienes vivían en un barrio exclusivo de Londrés.
Nestora Salgado
La excomandante de la policía comunitaria de Olinalá Guerrero, Nestora Salgado, fue detenida el 21 de agosto del 2013, acusada de secuestro y delincuencia organizada. Luego de estar presa durante dos años y siete meses, quedó en libertad el 18 de marzo del 2016, después de que le dictaran tres autos de libertad.
El 18 de febrero del 2018, Morena anunció su postulación como senadora plurinominal de Guerrero.
En campaña, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acusó persecución política contra Salgado y reprochó las críticas de sus opositores por su candidatura.
“Nestora Salgado no está aquí porque es víctima de la persecución, pero la vamos a apoyar siempre. Ahora le están fabricando delitos. Cada vez que quieren hacer a un lado a un dirigente social, a un opositor, le inventan delitos”, expresó el político tabasqueño
José Mireles
El 18 de julio de este año, el exlíder de las autodefensas de Michoacán, José Mireles, fue absuelto del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Proceso legal que comenzó el 15 de enero del 2016.
“Se me fabricaron delitos cuando decidí salvar mi pueblo; consciente de ello seguí luchando. Estuve preso y hoy por fin, después de toda esta persecución política el Poder Judicial me declara inocente y absuelto de todo delito”, dijo Mireles a través de su cuenta de Twitter ese mismo día.
El médico fue detenido el 27 de junio del 2014 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un operativo en el que el Ejército y la Policía Federal reportaron haberle asegurado una pistola y un fusil de asalto, así como envoltorios de mariguana y cocaína.
Ricardo Anaya
En pleno proceso electoral, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, fue acusado de lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro
El albiazul declaró que se trataban de maniobras de “guerra sucia” en su contra por parte del PRl.
Legisladores y organizaciones sociales denunciaron la presunta persecución política en contra de Anaya. Las quejas incluso llegaron a la Organización de Estados Americanos (OEA).
“La Administración de Enrique Peña Nieto utiliza a las instituciones del Estado mexicano, concretamente a la Procuraduría General de la República (PGR), para intervenir en la contienda presidencial, creando una ruptura en el orden democrático”, denunciaron el 7 de marzo, legisladores de la coalición Por México al Frente.
