Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ofreció pagar dos millones 695 mil 985.32 pesos para reparar daño al erario público y con el objetivo de no ser procesado por el presunto delito de defraudación fiscal.
Y es que las negociaciones de Lozoya se producen a un día que la Fiscalía General de la República (FGR) preparó una nueva acusación en contra de él por el delito de defraudación fiscal.
De hecho, la FGR formuló la imputación en contra Emilio Lozoya por un presunto fraude denunciado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, aunque también se desconoce el monto.
“Fuentes federales confirmaron que la defensa del exdirector general de Pemex decidió comparecer también por videoconferencia para escuchar la imputación de la FGR y hacer valer los argumentos necesarios para evitar la vinculación a proceso del exfuncionario federal”, reportaron medios.
Incluso, este sería el tercer caso que se le imputa a Emilio Lozoya. Si el juez Delgadillo Padierna determina vincularlo a proceso, estaría en riesgo el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad en lo que respecta a Odebrecht y Agronitrogenados.
Ante ello, Lozoya y su defensa consiguieron, por ahora, librar un tercer proceso penal en su contra, luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aceptó diferir la audiencia en tanto se realiza el pago.
“Nosotros hicimos del conocimiento de la Procuraduría Fiscal de la Federación que estamos dispuestos a cubrir el adeudo inmediatamente, sin que eso signifique alguna culpabilidad”, dijo Alejandro Rojas, abogado de Lozoya al iniciar la audiencia.
Puedes leer: AMLO: Lozoya debe reparar el daño e informar de sobornos al PAN para reforma energética
Desde el inicio de la audiencia, que duró sólo 19 minutos, el abogado pidió se difiriera esta audiencia e incluso pidió al Ministerio Público retirar su solicitud de audiencia dado que ya estaba en pláticas para recibir la línea de captura para realizar el pago.
Al respecto, tanto los asesores jurídicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el Ministerio Público, manifestaron que no tenían ningún impedimento en llegar a esta salida alterna.
Por último, el juez concedió un plazo de 30 días para que la Fiscalía General de la República (FGR) informe si persiste en su petición de audiencia o llegaron a un acuerdo.
