En México nadie está a salvo. No importa a qué te dediques, la clase social a la que pertenezcas, tu edad o los lugares que frecuentes.
El primer cuatrimestre de 2019 ya fue catalogado como el más violento desde que se tiene registro en el país por los más de 11 mil homicidios que se suscitaron durante este periodo, cifra que no deja de sumar víctimas
La madrugada del día de ayer el cuerpo sin vida de otro estudiante fue encontrado amarrado y envuelto entre cobijas. Lo abandonaron en una zona cerril de la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México.
Se llamaba Norberto Ronquillo, estudiaba mercadotecnia y fue plagiado el martes de la semana pasada al salir de la Universidad del Pedregal.
A pesar de que la familia de la víctima pagó lo que se les solicitó por el rescate a los agresores, los perpetradores del crimen lo despojaron de la vida.
Este hecho se da apenas a unos meses del polémico asesinato de Aideé, una estudiante del CCH Oriente que fue sorprendida por una bala mientras se encontraba en su salón de clases; tampoco sobrevivió y, al día de hoy, el crimen se mantiene impune.
Para José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la “saña” con la que se cometió este crimen es el reflejo de la impunidad que impera en el país, entre muchos otros factores.
“Es indispensable que las autoridades tomen cartas en el asunto, las bandas criminales siguen llevando a cabo sus actividades y no hay nadie haciendo nada al respecto”, comenta.
Además, el experto en la materia revela que durante el 2018, fueron 137 personas las que aproximadamente fueron asesinadas tras ser secuestradas, sin importar si la recompensa solicitada se pagó o no.
En relación a lo que las autoridades de la CDMX deben hacer, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, indica que es fundamental que el gobierno local brinde y garantice una justicia inmediata, transparente, con visión de derechos humanos y que dé acompañamiento durante el proceso a los familiares de la víctima, puntos a los que, de acuerdo con lo publicado tanto por la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y por la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, en Twitter ya están comprometidos.
Lamento profundamente lo ocurrido con el joven Norberto Ronquillo. Nuestro compromiso con la familia y con la sociedad es hacer todo lo que esté en nuestras manos para que haya justicia. Ese es mi compromiso
“La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, se comprometió a profundizar las investigaciones que permitan esclarecer el secuestro y homicidio de un estudiante universitario (Norberto Ronquillo), así como a emplear todas las herramientas técnicas y jurídicas para que el caso no quede en la impunidad”, publicó la PGJCDMX a través de un comunicado.
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El compromiso nacional
El senador y presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, dice en entrevista para Reporte Indigo, que lo sucedido ayer es profundamente lamentable, y señala que la administración actual está haciendo todo lo posible por revertir la crisis de inseguridad en el país.
“Existe una ola de violencia e inseguridad en México, por ese motivo, se han tomado acciones que incluso modifican la Constitución, como la creación de la Guardia Nacional”, afirma.
Ante el cuestionamiento de si este cuerpo armado impulsado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también ayudará en el combate de los delitos del fuero común, los cuales son los que afectan principalmente y de manera directa a los ciudadanos de a pie, el senador explica que la Guardia Nacional por sí sola no resolverá el problema, pues se necesita de un trabajo en conjunto entre sociedad y Estado.
También expone que este cuerpo armado no viene a sustituir a las policías locales: estatales y municipales; las cuales, de fondo, son las que deberían de atender esta problemática y garantizando la seguridad de la ciudadanía.
“Hay una serie de leyes nuevas que se aprobaron recientemente y específicamente para atacar este problema: la primera de ellas es la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, con la cual se norman las condiciones de su operación.
“La segunda es la que establece el registro nacional de detenciones para inhibir la desaparición forzada por parte de las autoridades locales. Por último se encuentra la ley que regula el uso de la fuerza pública con un enfoque de derechos humanos”, agrega Menchaca.
Al darse a conocer la situación de Norberto Ronquillo, diversos funcionarios públicos se manifestaron a través de sus redes sociales.
Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Gobernación, aseguró que no es suficiente con lamentar la muerte del joven universitario.
“Lamentar la muerte de #NorbertoRonquillo queda corto ante las circunstancias. Se trata de un joven que vino a CDMX en busca de sus sueños y han sido cortados brutalmente. ¿Qué nos toca hacer por recuperar para nuestros jóvenes un México con futuro? Condolencias a sus familiares”, publicó.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, posteó: “Lamento profundamente la muerte de Norberto Ronquillo, joven estudiante secuestrado el martes pasado y cuyo cadáver fue hallado hoy en #Xochimilco. No hay palabras para describir el dolor de su familia y amigos. Es un crimen que no puede quedar impune”.
Ahora, lo único que queda por esperar es que todas estas promesas, compromisos y palabras expresadas por parte de los funcionarios públicos que se han comprometido a hacer válido el derecho a vivir una vida libre de violencia, se conviertan en una realidad y no en letra muerta.
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Blanco de la delincuencia
La juventud mexicana está cada vez más expuesta a la inseguridad y la delincuencia que impera en el país.
El más grave de los ilícitos de alto impacto y a través del cual se miden los niveles de violencia que se viven en México es el del homicidio doloso.
La ejecuciones de niños y adolescentes van en aumento, así lo evidencian las cifras oficiales.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre el 2015 y 2018 se registró el asesinato de 4 mil 15 niños o adolescentes de 0 a 17 años; lo que equivale al 4 por ciento de la población total que fue víctima de homicidio a nivel nacional
Las cifras de las ejecuciones en contra de este sector poblacional se han incrementado en un 61 por ciento al comparar las cifras del 2015 con el 2018.
Las víctimas de homicidio de 0 a 17 años en el 2015 fue de 767, al 2016 subió a 878, para el 2017 llegó a mil 132 y para el 2018 escaló a mil 238 casos, según el SNSP. En los primeros cuatro meses del 2019 se contaron 398 casos.
Aun cuando los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan claridad sobre el número de asesinatos que ocurren año con año en el territorio nacional, estos no son suficientes para saber de manera exacta cuántos jóvenes son víctimas de este ilícito.
El conteo de los homicidios dolosos que realiza el Inegi, el cual incluye aquellos casos que no son denunciados –también llamado cifra negra–, indica que en el 2017 hubo 32 mil 79 asesinatos en todo el país, de los cuales 11 mil 886 fueron jóvenes de entre 15 y 29 años de edad.
La cifra del Inegi revela que en ese año cuatro de cada 10 de los asesinatos registrados en todo el país fueron cometidos en contra de la juventud.
La pobreza, la impunidad y el resquebrajamiento del tejido social se expresa también en el nivel de victimización de los jóvenes mexicanos, asegura Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
Los datos proporcionados por el Gobierno federal en materia de inseguridad revelan que desde el 2015, los jóvenes y menores de edad mexicanos son las principales víctimas de la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país
“Hoy en día casos como el (feminicidio) de Lesvy Berlín en 2017, el (homicidio) de Aideé Mendoza y el de Norberto Ronquillo, nos dan cuenta de cómo el escenario social hostil permea y coloca en posiciones de alta vulnerabilidad a todo el tejido social, pero fundamentalmente a nuestra niñez y a nuestra juventud.
“(Los jóvenes) deberían desarrollarse en contextos más seguros y que sean cabalmente garantes de sus derechos, aun cuando contamos con un aparato jurídico normativo que nos define como sujetos de derechos a la vida libre de violencia, no ha sido posible materializar estos derechos y cada vez se agudiza más la transgresión de los mismos”, explica la especialista.
Gabriela Ruiz explica que los jóvenes no solo son víctima de homicidio, pues otros ilícitos como el feminicidio, el secuestro, la desaparición forzada o la trata de personas, también son riesgos a los que se enfrentan diariamente.
Datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del fuero federal, actualizado al 30 de abril de 2018, señala que de las mil 170 personas desaparecidas, 439 son jóvenes de 15 a 29 años; es decir, el 38 por ciento del total
Por su parte, del fuero común, de las 36 mil 265 personas desaparecidas, 14 mil 649 también pertenecían a este sector, lo que equivale al 40 por ciento del total.
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La deuda con la juventud
Las problemáticas de violencia por las que atraviesa México han abierto miles de heridas en los jóvenes y una deuda que el Estado debe resarcir.
Organizaciones de la sociedad civil han reiterado que los tres niveles de gobierno deben tomar medidas al respecto para generar el desarrollo de la niñez y la juventud; también han coincidido en que la educación es el camino para revertir los altos índices de inseguridad en todos los ámbitos.
Expertos en la materia y organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado desde administraciones pasadas para que los compromisos adquiridos por las autoridades en relación al apoyo y respaldo para los jóvenes se vuelvan una realidad
En junio de 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentó el “Plan de Acción México”, en el que enlistó una serie de recomendaciones para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
La primera recomendación emitida por el Unicef en el informe indica que se deben desarrollar medidas para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones de niños y jóvenes, pero también de sus padres y madres.
El Unicef también recomendó a los tres niveles de gobierno atender de manera integral a los niños y adolescentes que perdieron a alguno de sus padres como consecuencia de la violencia generalizada.
Crear políticas públicas que integren capacitación, evaluación y rendición de cuentas sobre la niñez y la juventud son recomendaciones hechas al Gobierno de México por el Unicef
En su discurso como titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador ha puesto como uno de los puntos centrales dar atención a los jóvenes.
Con el propósito de impulsar la economía de este sector, promovió becas y programas sociales para que continúen sus estudios o se integren al mercado laboral como aprendices.
Jóvenes Construyendo el Futuro es una de la iniciativas enfocada a personas de 18 a 29 años para que se capaciten en el trabajo, insertándolos en empresas en donde se les otorgan 3 mil 600 pesos mensuales con la intención de que en lugar de unirse a las filas del crimen se vuelvan productivos y ciudadanos de bien para el país.
Por otra parte, el Gobierno federal brinda actualmente un apoyo de 800 pesos mensuales a estudiantes menores de 18 años a través de la Beca para el Bienestar Benito Juárez.
Pese a que existe este esfuerzo económico presupuestal para los niños y jóvenes estudiantes, todavía se debe emprender la tarea de otorgarles lugares seguros, como los trayectos de su vivienda a su escuela o trabajo.
“En materia del Estado y de las instituciones gubernamentales hay una gran tarea que se tiene que exigir para generar estos espacios seguros para nuestra juventud y pensar en políticas públicas que sean de impacto y no solamente reactivas, frente a lo que sucede en un momento que puede ser mediático”, opina Ruiz Serrano.
Con respecto a lo ocurrido con Norberto Ronquillo y en otros casos similares, la especialista considera que es un reflejo de lo que se vive a nivel nacional con el incremento de la delincuencia; y el hecho de que la juventud sea presa de esta problemática con mayor frecuencia, es un síntoma más.
Me parece que en tanto no se generen las condiciones económicas y sociales a las cuales puedan acceder todos nuestros grupos poblacionales difícilmente vamos a poder mermar esta violencia que ataña a nuestro país y que no se puede mirar de manera aislada
