La periodista Lydia Cacho presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra dos magistradas del Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo, debido a que otorgaran un amparo a favor del empresario Kamel Nacif Borge para detener su orden de aprehensión por el delito de tortura contra la comunicadora.
Fue el pasado 15 de julio cuando Tribunal otorgó a Nacif Borge un amparo para liberarlo de toda responsabilidad por los delitos cometidos contra Lydia Cacho en 2005. “Con esta determinación se abre camino para la absolución del resto de los acusados”, informó Article 19 México tras una conferencia de prensa con la periodista.
Estamos entrando en conferencia de prensa #Urgente sobre los últimos acontecimientos legales sobre Kamel Nacif y la red de trata y explotación sexual de niñas y niños.
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) July 27, 2021
Según el Tribunal, el amparo fue otorgado debido a que el delito de tortura contra Lydia Cacho, ocurrido entre el 16 y 17 de diciembre de 2005, no tuvo relación con la publicación del libro “Los demonios del edén: el poder de la pornografía infantil en México”.
La queja administrativa se presentará contra la decisión de las magistradas Graciela Bonilla Juárez y Selina Avante Juárez, quienes otorgaron el amparo a Nacif con el voto de mayoría. La periodista también teme que las resoluciones de las magistradas puedan favorecer también al exgobernador Mario Marín Torres y dejarlo en libertad.
“El amparo en revisión (bajo el número 143/2021) fue resuelto por mayoría, con el voto a favor de Selina Ahidé Avante Juárez, magistrada ponente del asunto, y Graciela Bonilla González, secretaria de tribunal en funciones de magistrada. El voto en contra fue del magistrado Jorge Mercado Mejía”, apuntó la organización.
En abril, el Segundo Tribunal Unitario del estado había negado el amparo al empresario; sin embargo, éste presentó un recurso de revisión y finalmente el Tercer Tribunal Colegiado resolvió a su favor el pasado 15 de julio.
Para los magistrados, no existe “prueba fehaciente” de que en las grabaciones entre el empresario y el exgobernador Mario Marín exista la orden para torturar a la periodista por publicar el libro donde exhibe una red de pornografía.
“Para un país donde la tortura, particularmente la de índole sexual contra mujeres, es una práctica generalizada y la violencia contra la prensa es una constante que se registra cada 13 horas, el mensaje de las autoridades judiciales es devastador al favorecer la impunidad”, acusó Article 19.
