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México obtuvo el segundo lugar en un nuevo ranking… pero en el de los países más impunes.
Según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, México ocupa el lugar 58 de 59 países de los que se pudo obtener información relacionada con seguridad, justicia y derechos humanos.
México acumuló un puntaje de 75.7 en el rubro de impunidad, solamente superado por Filipinas, que sumó 80. Colombia, Turquía y Rusia, fueron los otros tres países que se colocaron entre los últimos cinco del índice.
El IGI estudió alrededor de 23 indicadores, entre los que destacan la cantidad de policías, jueces y ministerios públicos por cada 100 mil habitantes en el país, así como la cantidad de personal en el sistema penitenciario y los encarcelados en comparación con el total de condenados.
A pesar de que la ONU cuentan con 193 Estados miembros, durante la presentación del informe los catedráticos de la UDLAP explicaron que solo pudieron evaluar a 59 por la poca información con la que cuentan la mayoría de ellos en los rubros que les permitieron evaluar la impunidad.
Los problemas de México
Sobre los factores que contribuyen a la prevalencia de la impunidad en el país, los investigadores señalaron que México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes, una cifra muy por debajo del promedio global de 17 jueces, y un factor determinante por el cual un 46 por ciento de los encarcelados se encuentran detenidos sin sentencia.
Por otro lado, destacaron que la gran inversión en los cuerpos de seguridad en México es inútil si no existen procesos que garanticen la efectividad de sus acciones.
‘Funcional y estructural’
De acuerdo con el reporte, el problema de la impunidad en México “es funcional y estructural”, y, aunque subraya que no nació en esta administración, señala la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que se observaron.
Al respecto, se recomendó al gobierno poner atención a dos aspectos prioritarios: la funcionalidad del sistema de seguridad del país, así como a la estructura del sistema de justicia.
Los países con los índices más bajos reportados en el estudio son Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro y Bulgaria.
