Morir por la tierra

La defensa por la tierra ha costado sangre. En los últimos cinco años, 78 líderes comunales que se mantenían en pie de lucha contra grandes proyectos extractivos o turísticos de alto impacto ambiental han perdido la vida. Otros 21 han corrido con mejor suerte, solo se encuentran presos, sujetos a procesos penales con posibles sentencias que van de los seis a los 50 años de cárcel.

De acuerdo al Comité de Familiares de Personas Desparecidas, al menos 11 líderes de movimientos sociales e indígenas de diversas partes del país que se oponían a la operación de grandes proyectos económicos en sus regiones –principalmente presas, hidroeléctricas y minas— se encuentran en calidad de desaparecidos.

Prácticamente ninguno ha encontrado justicia. Las procuradurías locales no han esclarecido sus homicidios y sustracciones forzadas. Solo en cuatro casos de asesinato existen detenidos como presuntos responsables de los hechos.

A la lista de los defensores de la tierra, se han sumado 32 defensores de derechos humanos que también fueron asesinados mientras abanderaban acciones de protección para los propios líderes comunales. De esos casos, 31 siguen impunes.

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Pueblos, uno de los principales organismos no gubernamentales que ha denunciado la muerte de activistas sociales, defensores de la tierra y defensores de los derechos humanos asegura que al proceso de desaparecidos y ejecutados, se suma la campaña de criminalización de los movimientos sociales, estrategia que llevan a cabo las transnacionales para poder deslegitimar a sus opositores.

Gerónimo Matías, del colectivo Nación Purépecha, organización indígena que lucha en Michoacán por la defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas, asegura que lo más lamentable es que el marco jurídico y legal que se ha establecido en México favorece a las grandes empresas que atentan contra los derechos de las comunidades naturales del país.

De acuerdo a Matías, a medida en que ha crecido la inversión privada para la explotación de minas, proyectos turísticos o de generación de energía, también ha ido a la alza el número de líderes comunales y defensores de la tierra que han caído muerto o han sido desaparecidos, siempre bajo la sospecha de haber trastocado los intereses de grandes capitales.

En ninguna instancia del Gobierno Federal, ni de los gobiernos locales, se reconoce el estatus de liderazgo social de los que han muerto o desaparecido por intentar frenar los llamados proyectos de desarrollo. Son los colectivos que ellos abanderaron los que a la fecha mantienen una lucha sorda, ya no solo por evitar el saqueo de sus tierras, sino para reclamar ahora justicia para los caídos.

Pese a que México ratificó en el año de 1990 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados en lo que se refiere a proyectos de desarrollo (minas, presas, hidroeléctricas y turismo) trasnacionales sus localidades, ese renglón no ha sido respetado desde que el gobierno federal inició con la entrega de concesiones en una cuarta parte del territorio nacional.

Los beneficios con los que trabajan las grandes transnacionales en México, se refleja en la cifra documentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año 2014, donde se observa que las mineras asentadas en el país pagaron en impuestos solo 21 millones de pesos, pero lograron utilidades por más de 15 mil millones de pesos.

Muerte al aire

A Atilano Román lo mataron dos sicarios que ingresaron a las instalaciones de la radio donde transmitía su programa semanal. Se dirigieron a donde estaba el locutor. Miró a sus agresores. Se quedó mudo. No medió palabra y le dispararon a quemarropa en cuatro ocasiones. Los disparos los escucharon los miles de radioescuchas que lo seguían.

Esa fue la rúbrica con la que alguien desde el anonimato intentó finiquitar el conflicto social generado en la comunidad de Picachos, donde el gobierno federal construyó una presa. Fue la obra cumbre de Felipe Calderón en esa zona del estado de Sinaloa, en donde los vecinos se alzaron contra la decisión oficial. Atilano Román era el principal opositor a la obra impulsada desde la presidencia de la república.

Aun cuando el movimiento –que reclama la indemnización oficial para los vecinos desplazados por la construcción de la presa- no se ha apagado, también es cierto que bajó de intensidad tras la muerte de Atilano Román. Hay miedo entre los vecinos. Cada vez son menos personas las que acuden a las reuniones informativas y de organización para continuar con la exigencia de la indemnización.

Cherán, morir de odio

En su última junta, Jesús Sebastián Ortiz habló de la forma de frenar la presencia del crimen organizado, que estaba consumiendo el bosque de la meseta michoacana. Sonriendo les dijo a sus camaradas que esa noche se persignaran para que no se les apareciera el diablo. Se perdió en lo oscuro de las calles de Cherán.

Jesús Sebastián nunca llegó a su casa. Unos vecinos solo escucharon la forma en que dos camionetas derraparon en el mojado empedrado y se perdieron en la boca de lobo que fue esa noche. El cuerpo del líder comunal, el que había dicho públicamente la colusión entre funcionarios locales y el cártel de Los Caballeros Templarios apareció ocho días después. Oficialmente fue un secuestro por el que pidieron un millonario rescate que no se pagó, pero la víctima era tan pobre como todos en Cherán.

El cadáver del líder comunal de 70 años de edad no movió al gobierno estatal a dar una solución al urgente conflicto de la tala inmoderada en la zona boscosa de la entidad. Las muertes siguieron en ascenso hasta llegar a 24 víctimas directas, cuya causa principal de deceso fue la defensa de los recursos naturales de esa región, los mismos recursos que el gobierno estatal entregó al crimen organizado, acusan algunos de los vecinos de esa localidad, que se dicen “muertos de odio” por el abandono oficial.

Buscando, encontró la muerte

Miguel Ángel Jiménez Blanco, que fuera comandante y fundador de la policía comunitaria en la comunidad de Xaltianguis, en la zona rural del municipio de Acapulco, y uno de los buscadores de los 43 normalistas desaparecidos, pagó su cuota de sangre. Fue asesinado por protestar.

Entre los que lo acompañaban en la búsqueda de los 43 desaparecidos existe el convencimiento de que fue el Estado el que lo ejecutó. “La forma en que fue asesinado. La manera en que fue encontrado el cuerpo. Los dos disparos que presentaba el cuero. Eso lo dice todo: una muerte sin mayores pistas, como hace el estado”, dice uno de los más allegados del caído líder comunal, “al que no se le perdonará desde la federación que haya enseñado a todo un pueblo a luchar”.

El agradecimiento de toda la comunidad Xaltianguis hacia su líder caído es evidente. Más de 100 mujeres que él organizó, siguen armadas. Cuidan noche y día a sus familias. Los robos, extorsiones y asesinatos en esa localidad han disminuido desde el 2013, cuando Miguel Ángel Jiménez Blanco alzó la voz y convocó a armarse contra el Crimen Organizado, el que –siempre insistió- es una representación del gobierno en esa localidad, recuerdan sus allegados.

Estado lento y torpe

A la fecha el gobierno estatal de Michoacán no ha sido capaz de esclarecer la forma en que Moisés Ángel Ramírez fue privado de la vida. La última vez que se le vio con vida estaba organizando la resistencia contra dos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad que tenían que ver con la tala de árboles en la zona del municipio de Salvador Escalante.

Moisés se había distinguido por su insistente denuncia ante el Gobierno Federal sobre la colusión entre el crimen organizado y el gobierno estatal de Michoacán, incluso atribuyó las acciones de deforestación en la zona del municipio de Salvador Escalante y en gran parte de la zona lacustre de Pátzcuaro a una acción de beneficio conjunto entre crimen organizado y gobierno estatal y federal.

Lo asesinaron de siete balazos. Dicen que ya estaba amenazado de muerte. Él mismo se lo hizo saber al gobierno del estado de Michoacán. Pidió protección para él y otros líderes comunales de la zona.  En la dirección de gobernación no le hicieron caso a su reclamo de seguridad. Fueron a buscarlo para ofrecer protección cuando su cuerpo ya estaba tendido. Lo único a que se comprometió el gobierno fue a esclarecer su crimen. A la fecha nada de se sabe de sus agresores.

Solo en Guerrero sucede

A Andrés Rosales Aguirre lo mataron ante los ojos del gobierno estatal y su caso todavía no ha sido resuelto

Él fue el principal promotor de la presencia política de Andrés Manuel López Obrador en la zona de Cutzamala de Pinzón. Allí comenzó a organizar a la gente para integrar los grupos de autodefensa, a la par de frenar proyectos turísticos de alto impacto ambiental. Siempre fue incómodo para el gobierno estatal luego de ahuyentar algunos proyectos de inversión turística.

Su lucha se centró en la defensa de la tierra. Pero el aparato de inteligencia del gobierno de Ángel Aguirre lo calificó como “un comunista guerrillero”, por eso le dieron seguimiento. El día que lo asesinaron estaba siendo seguido de cerca por agentes de inteligencia del gobierno estatal, pese a ello oficialmente no se sabe cómo fueron los hechos que desenlazaron con su muerte.

El asesinato de Andrés Rosales sigue sin esclarecerse.

La mano del gobernador

Noé Salomón Vásquez Ortiz movilizaba a los ciudadanos de Amatlán de Los Reyes para protestar por el proyecto hidroeléctrico El Naranjal y Bandera Blanca. Por eso el gobierno de Veracruz lo tenía clasificado como “revoltoso”.

Había anunciado un movimiento nacional para denunciar el deterioro ecológico que estaba cobijando el gobierno de Veracruz a través de las empresas privadas a las que se les entregó la concesión para las obras hidrológicas en Zongolica. Ya no pudo asistir al décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano en Contra de las Presas y en Defensa de los Ríos.

A Noé Salomón Vásquez Ortiz lo mataron a pedradas. En lo que se cubrió como una riña personal entre él y cuatro de sus agresores, el gobierno estatal se deslindó de responsabilidad en la muerte del luchador social. Dijeron los agresores en el expediente que todo fue producto de una riña por problemas personales. 

Pero lo que no han dicho es la relación de los agresores de Salomón, a los que el gobierno estatal les paga su defensa y reciben prebendas económicas de la administración estatal actual.

Defensores y periodistas, en la mira

De acuerdo a un informe de la organización internacional Global Witness, la mayoría de los defensores de la tierra que han caído asesinados en los últimos cinco años en México, son indígenas que no encontraron eco a sus reclamos en ninguna esfera de los gobiernos locales y federal. Casi el 60 por ciento de los homicidios de los líderes comunales, son atentados directos a las comunidades indígenas y pueblos naturales.

Los homicidios sin esclarecer de Mariano Abarca Roblero, de Chiapas; Bernardo Vásquez, Antonio Esteban Cruz de Puebla; Ramón Corrales Vega, Atilano Román Tirado de Sinaloa; Jorge Torres, Efraín Moreno de Tabasco, y Jazmín Rosario Azamar de Rosas de Veracruz, hablan del riesgo que representa en México la defensa de la tierra.

Aun cuando se trata de una tendencia mundial, en donde los líderes indígenas opositores a los mal llamados proyectos de desarrollo son asesinados por intereses de las grandes transnacionales, en México el índice de homicidios es alarmante, es en función de la cantidad de recursos naturales en donde se encuentran asentadas las comunidades indígenas, dijo Gerónimo Mateo de la organización Nación Purépecha.

De acuerdo al conteo que se lleva dentro de ese organismo, solo en el 2014 se registraron al menos 116 asesinatos en por lo menos 17 países en donde tienen presencia las cinco empresas mineras más importantes del mundo. El número de defensores de la tierra que han sido asesinados es apenas mínimamente superior al número de periodista que son ejecutados en esos mismos 17 países, en donde México se coloca en la tercera posición, apenas debajo de Brasil y Colombia.