La población reclusa no es el único sector vulnerable en México afectado por las medidas que se han tomado ante la pandemia. Actualmente las mujeres víctimas de violencia se enfrentan al abandono por parte del Poder Judicial.
La organización feminista y de protección para las mujeres, Equis Justicia, manifiesta que si bien las medidas de confinamiento establecidas para prevenir la propagación del COVID-19 son necesarias, incrementan el riesgo de las mujeres a ser víctimas de violencia, situación que empeora por la suspensión de labores de los poderes judiciales.
En entrevista, Fátima Gamboa, coordinadora del área legal de la organización, explica que el informe Desprotección Judicial en tiempos del COVID-19 muestra que no se está garantizando el derecho de acceso a la justicia a las mujeres que lleguen a padecer algún tipo de agresiones.
Si bien las medidas de confinamiento establecidas para prevenir la propagación del COVID-19 son necesarias, incrementan el riesgo de las mujeres a ser víctimas de violencia
“Estamos ahorita en dos crisis, la primera tiene que ver con el aumento de violencia hacia las mujeres desde que inició el año, han subido los asesinatos de mujeres que están documentados en las más de 33 mil 645 carpetas que se han abierto para investigar la violencia como feminicidios y violencia sexual en contra de las mujeres, bajo ese contexto es que se están suspendiendo labores en el Poder Judicial en la mayoría de los estados del país”, señala.
Gamboa advierte que si bien al aislamiento es necesario para frenar la propagación del coronavirus, expone a las mujeres a sufrir más agresiones, pues se enfrentan a tres factores: el primero es el riesgo de convivir mayor tiempo con sus agresores, seguido de la crisis económica que es un detonante de estrés y el último la reducción de las redes de apoyo.
“No se está considerando el bienestar de las mujeres, las agresiones van a aumentar y ya se está viendo, por ejemplo, a partir de que inició la pandemia nos han reportado que en Nuevo León la violencia contra mujeres ha aumentado 35 por ciento y en Michoacán el 60 por ciento de las mujeres han requerido ser canalizadas a refugios”, ejemplifica.
Mujeres En situación de desamparo
Con base en las declaraciones de Gamboa, otro factor que pone en vulnerabilidad a las mujeres es la reducción de los servicios del Estado, en especial aquellos relacionados con los Poderes Judiciales, pues denuncia que desde hace dos semanas avisaron qué servicios se iban a suspender.
“Entendemos que ante esta situación se proteja el derecho a la salud pero esa no es justificación para caer en una desprotección al derecho a la vida y seguridad de las mujeres”, subraya.
De acuerdo con el informe, solamente 7 de los 32 Poderes Judiciales continúan contemplando el funcionamiento de órdenes de protección, mientras que 22 Poderes no cuentan con personal de guardia para implementar medidas para proteger a las mujeres inmersas en procesos como divorcios y pensiones.
Ha habido un aumento de denuncias por parte de las mujeres, si los Poderes Judiciales no dictan las medidas de protección, están dejando en vulnerabilidad a aquellas que sufrieron violencia sexual, familiar, tentativa de feminicidio o lesiones, las están dejando solas porque no va a haber manera que dentro del proceso penal se pudieran proteger porque los jueces no consideran estas medidas como urgentes y por lo tanto se suspendieron
Otro de los puntos del Informe es que 19 Poderes Judiciales no contemplaron el funcionamiento de audiencias para establecer medidas de protección para dar seguimiento a denuncias penales mientras que, por otra parte, 10 Poderes no se pronunciaron sobre cómo asegurarán la pensión alimenticia.
“Estamos ante un desamparo hacia las mujeres. Nosotras hacemos hincapié en que no se debieron de suspender los mecanismos como órdenes de protección, medidas dentro de un proceso penal o familiar porque es con esto con lo que se protege a las mujeres que ya están llevando un proceso, por ejemplo, para salirse del domicilio, para recuperar a sus hijos… y encontramos que ese tipo de órdenes no fueron contempladas”, sentencia Gamboa.
Para la abogada, dejar sin ninguna garantía para salvaguardar el bienestar de las mujeres viola los derechos a la vida, a la integridad y sobre todo el derecho de acceso a la justicia, el cual calificó de indispensable para garantizar a las mujeres que en caso de que estén viviendo violencia pueda tener un freno.
“Esta pandemia está demostrando que seguimos teniendo Poderes Judiciales que actúan sin perspectiva de género, pues incumplen con su obligación de debida diligencia y de protegerlas inclusive ante un contexto de pandemia o de crisis. Urge dar el mensaje de que los derechos no se pueden restringir de manera absoluta ante una contingencia”, declara.
Medidas mínimas de protección
Para no dejar a las mujeres sin protección legal y sobre todo evitar que la violencia en los hogares y los feminicidios incrementen durante esta cuarentena, Equis Justicia urge a los Poderes Judiciales a implementar a la brevedad algunas medidas tales como establecer un piso mínimo de protección para las mujeres en el contexto de la contingencia, plantear de manera explícita en comunicados y acuerdos información que les enseñe cómo actuar, garantizar guardias presenciales para dictar órdenes de protección tanto en materia familiar como penal y mencionar cómo será su funcionamiento.
También puntualiza que se deben llevar a cabo guardias para la entrega y recepción de pensiones alimenticias.
Además, es conveniente que se tomen en consideración los juicios por alimentación que están por iniciar y no sólo aquellos que ya están en trámite, pues así se previene que tanto las mujeres como sus hijos sean víctimas de violencia económica.
El aislamiento expone a las mujeres por tres factores: conviven mayor tiempo con sus agresores, la crisis económica es un detonante de estrés y se han reducido las redes de apoyo
La organización hace un llamado a establecer canales de comunicación con organizaciones civiles que protegen a las mujeres en situación de violencia, sobre todo con aquellas que operan refugios con el objetivo de poder actuar de manera conjunta ante situaciones de emergencia.
Por último pide que todos los poderes judiciales establezcan líneas de atención telefónica y chats en líneas para brindar información sobre los servicios que se suspenden y aquellos que continuarán vigentes, en especial los relacionados con la protección a mujeres y niñas víctimas de violencia.
