Las mujeres migrantes que buscan refugio en México sufren una doble violación a sus derechos humanos y una revictimización que va más allá de las fronteras, concluye un informe elaborado por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
El reporte señala que la violencia que sufren las mujeres que pidieron apoyo a su Clínica Jurídica no terminó al salir de su lugar de origen, ya que en ocasiones fueron perseguidas más allá de sus fronteras, lo que en el documento se conceptualiza como transnacionalización de la violencia.
“En otras palabras, si bien llegar a México representó un respiro ante las agresiones recibidas, este solo duró el tiempo que tardaron los victimarios —ya sea en pandillas, parejas, familiares—en localizar otra vez a sus víctimas, lo que representa una clara extensión de la violencia vivida en el lugar de origen, pero ahora recrudecida por las condiciones de inseguridad que se vive en distintas zonas de México”, concluye.
Lo anterior significa, dice el informe, que la persecución de las víctimas sigue siendo un problema en sus estancias en México por los alcances de sus victimarios. Por ejemplo, entre ellos se encuentran integrantes de pandillas como la Mara Salvatrucha, que incluso las amenazan de muerte.
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Además, la mejora en su calidad de vida es inalcanzable y no existen condiciones para dejar de colocarlas como víctimas, lo cual se da más en casos de mujeres perseguidas por pandillas transnacionales cuya capacidad de operación en México ha obligado a que incluso se interrumpan los procesos para obtener el reconocimiento de condición de refugiadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados (COMAR).
“Pues las usuarias se ven en la necesidad de desplazarse de forma constante ante el temor de ser alcanzadas por la violencia de las pandillas y frente a la omisión del Gobierno mexicano de protegerlas”, se lee.
Un caso que se menciona en el informe es el de una mujer de El Salvador que estuvo cinco meses en Tapachula para iniciar su proceso con la COMAR, pero se encontró con varios miembros de la pandilla Mara Salvatrucha que también solicitaban asilo y que la amenazaron de muerte.
Mientras que otras usuarias reportaron sufrir violencia a partir de actos de discriminación en su contra perpetrados por empleadores, arrendatarios, agentes de la policía municipal, el INM, la Guardia Nacional, así como por parte de autoridades de salud, educativas y en general la sociedad.
“Yo quisiera que mis hijos tuvieran un estudio, pero hay mucha discriminación, racismo, hasta los maestros hacen lo mismo. La niña de 12 años tiene mucha discriminación por ser ‘morenita’, más si tienen el traje típico”, es el testimonio de una mujer originaria de Guatemala.
Migrantes jóvenes
El informe “Análisis de la violencia de género: mujeres solicitantes de protección internacional en México”, concluye que las mujeres que migran son principalmente jóvenes, con una edad promedio que sobrepasa los 30 años y han vivido episodios violentos tanto en el país de origen como en el de destino.
Además, el principal problema reportado durante el 2020 fue la violencia física y psicológica. “Adicionalmente, agresiones sexuales, patrimoniales y económicas también estuvieron presentes en la narrativa de las mujeres, quienes son en su mayoría solicitantes de asilo en México”, señala el documento.
El testimonio de una mujer proveniente de Honduras señala que fue secuestrada durante 15 días cuando estaba en Reynosa, Tamaulipas, por un grupo de pandilleros que también extorsionó a su hermana para que pagara por su rescate, quien se encontraba en su país de origen.
Sin embargo, una de las agresiones más severas que se mencionan en el reporte es la detención que sufren las mujeres en las estaciones migratorias a cargo del Instituto Nacional de Migración, que combinada con distintas violaciones como la discriminación y la xenofobia de las autoridades y la sociedad, obstaculiza su proyecto migratorio.
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“Es sumamente difícil no pensar en la doble violación a los derechos y en la revictimización que sufren las mujeres que salen buscando la protección que en sus países de origen no les han podido brindar cuando llegan al país de acogida y son inmediatamente privadas de la libertad en lugares que no cuentan con mínimos estándares de acceso a derechos de salud, higiene, atención básica y servicios alimentarios.
“Y que en muchas ocasiones son separadas de sus familiares (en algunas estaciones migratorias se separa a los hombres, adolescentes y mujeres) y amenazadas verbalmente por las autoridades para firmar su retorno voluntario y animadas a no solicitar asilo ‘por la poca probabilidad que tienen de ser reconocidas’”, señala.
El IMUMI menciona que al igual que otras organizaciones ha documentado casos de mujeres migrantes que a pesar de ser víctimas por delitos cometidos en México, no son puestas en libertad bajo la figura de protección por razones humanitarias, la cual está contemplada en la Ley de Migración.
