Multas blandas para exservidores acusados de corrupción

Las multas por corrupción pocas veces cumplen su cometido. Los personajes y empresas como Odebrecht, cuando son castigados a través de este instrumento, tienden a impugnar el caso anunciado por el Gobierno federal a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en donde se acaba de dar un relevo con la salida de Irma Eréndira Sandoval.

“Ganar las multas, ganar el juicio, que estos posibles actos de corrupción sean debidamente sancionados es lo importante, pero parece que lo relevante es más bien anunciar que voy a castigar. Nos quedamos en la superficie. Se queda este gobierno en la superficie, en la frivolidad mediática y creo que el tema es de mucha mayor profundidad”, explica Edgar Ortiz Arellano, académico de la UNAM.

#México – Adiós a Irma Eréndira Sandoval: AMLO anuncia que la sustituye en Función Pública por Roberto Salcedo.
El presidente anunció que la tarea es seguir combatiendo la corrupción de nuestro país y seguir haciendo un gobierno austero. https://t.co/qPeOJ5uVxZ

— Anonymous Hispano (@anonopshispano) June 21, 2021

En tanto, la senadora Kenia López Rabadán, lamenta la actuación que ha tenido la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el combate contra la corrupción.

“Lo que tienen que hacer no es solamente interponer una multa, sino defenderla jurídicamente para poder demostrar que se ha establecido con rigor y, por ende, debería haber un equipo especializado para eso. No solamente para quedar en el mensaje o para quedar en la nota, sino para dar resultados y para que efectivamente con ese dinero el erario se pueda fortalecer”, expone la legisladora.

Un recuento de las últimas actuaciones del Gobierno federal contra acciones de corrupción en anteriores gobiernos dan cuenta de que las grandes multas anunciadas con bombo y platillo, con casi medio sexenio de la autodenominada Cuarta Transformación transcurrido, demuestran que la justicia no ha llegado.

Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes, fue sancionado con una multa de 615 millones de pesos según el expediente PAR/001/2018 instaurado por la SFP; además tiene otra multa por 3.2 millones dentro del expediente PAR/003/2018, lo que significa que la sentencia no está firme.

La empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A de C.V. fue multada con 543 mdp dentro del expediente PTRI-S-001/2018; y José Manuel Carrera Panizzo, exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos negocios de Pemex, sancionado con una multa de 4 mil 206 mdp por el caso de la venta de la planta de Agronitrogenados en sentencias que no son firmes.

Expedientes por corrupción débiles

Las instituciones que se encargan de investigar y de integrar un expediente lo hacen de manera deficiente, ya sea por falta de capacidad, conocimientos, experiencia o recursos, señala Pablo Montes, Coordinador de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

“Independientemente de si son fuertes, gigantescas o no, si no se pueden mantener firmes las sanciones, se está dando un mensaje equivocado y entonces cuando se habla del discurso de combate a la corrupción y de que ya se acabó la corrupción, se está ignorando el hecho en lo complicado que es investigar y sancionarlo, y ahí es donde se debería enfocar”, explica el especialista.

Pablo Montes indica que en la investigación y la sanción está el éxito o el fracaso del combate contra la corrupción. El Gobierno federal tiene que conocer qué necesitan para su correcta operación la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y las Fiscalías estatales.

El coordinador anticorrupción del IMCO explica que, en el caso de las multas por corrupción, es muy complicado llegar a obtener sanciones firmes, y es muestra de la debilidad de la Administración Pública Federal.

Además, dice que es el área donde justo empieza lo complicado de combatir la corrupción, independientemente de si hay una buena intención o no detrás, ya que el proceso de investigar y sancionar es muy complejo.

“Más allá del discurso, más allá de lo que nos puedan decir día con día de que se está combatiendo la corrupción, en donde en verdad se pueden ver las capacidades y las intenciones es en el momento de sancionar.

“Cuando hablamos de corrupción está la detección, la investigación y la sanción, y todos estos casos son muy notorios, muy llamativos, fueron producto de investigaciones periodísticas, entonces la parte de la detección ya está, lo que le tocaba a la autoridad es investigar y, conforme a los resultados, sancionar si es necesario, tanto en el ámbito administrativo que le corresponde a la Función Pública, como por la vía penal que le corresponde a la Fiscalía”, comenta el experto del Instituto Mexicano para la Competitividad”.

Agrega que los acusados suelen ser sancionados con castigos menores por actividades que no son necesariamente las más sonadas.

“Los motivos por los cuales se sanciona no suelen ser los más sonados, por ejemplo, en el caso del ‘superdelegado’ en Jalisco, Carlos Lomelí, con las farmacéuticas, también se mencionó una sanción, una inhabilitación, pero cuando se analiza el porqué se inhabilitó y se sancionó… no es por hacer algún tipo de esquema de conflicto de interés, sino por falsificación de información.

“Lo que hemos visto es que la capacidad de probar que se cometió una irregularidad por parte de la Función Pública, que sería quien tiene esa responsabilidad, ha sido deficiente y normalmente sanciona por acciones menores que las que suenan en el caso”, explica.

Palo Montes asegura que es muy importante que el Gobierno federal acredite la fortaleza de las multas y que de esa manera se mande el mensaje de que nadie está por encima de la ley, y para ello se requiere de un equipo que ofrezca un buen sustento jurídico.

“Esa es la importancia de que exista una sanción, ya sea chica o grande, si no hay una certeza de que va a haber una sanción porque se cometió algún tipo de irregularidad, se pierde la disuasión.

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