De acuerdo con organizaciones feministas de Jalisco, cerca de 129 mujeres han sido asesinadas entre enero y agosto de 2018, de las cuales solamente 17 por ciento está siendo investigado bajo el tipo penal del feminicidio. Por ese motivo hicieron un llamado al gobierno federal para que sea activado el mecanismo de Alerta de Género en esa entidad.
“Como organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres estamos convencidas de que existen elementos e información suficiente para realizar la Declaratoria de AVG por lo que hacemos un llamado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)”, se lee en el documento.
El próximo 23 de noviembre se cumple un año de que se hiciera la solicitud formal ante la CONAVIM, dependencia de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo las organizaciones refieren que de las 20 medidas que señaló el gobierno federal en su informe para atender la solicitud, ninguno ha sido respondido de forma integral.
“De las 20 medidas urgentes recomendadas por el Grupo de Trabajo de la AVG, ninguna de ellas se ha sido cumplido de manera integral. En este sentido es importante mencionar que las autoridades estatales tienen que demostrar con indicadores confiables la implementación de al menos 80% de las recomendaciones, de lo contrario la Declaratoria es impostergable”, expresaron las agrupaciones en un documento.
La prevalencia de la violencia feminicida, la desaparición de niñas y mujeres, falta de acceso a los servicios especializados de salud que incluyan los casos de Interrupción Legal del Embarazo para víctimas de la violencia sexual, son algunos de los delitos que señalan las organizaciones para expresar que la situación es preocupante en Jalisco.
Señalan que la autoridad no ha sido eficiente en la implementación de medidas locales para combatir esta problemática, al contrario, explicaron que los plazos eran suficientes y fueron adicionales a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el que debían implementar acciones necesarias y revertir la situación de violencia.
“Las propias estadísticas del gobierno evidencian una realidad grave, y los indicadores que buscan probar avances para que la Declaratoria no sea decretada, no son representativos de la realidad”, expresaron.
