Este día, dentro del proceso penal que se le sigue en una corte de Nueva York al ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el acusado solicitó al juez Brian M. Cogan que deseche la petición presentada por la Fiscalía General de Estados Unidos, la que pretende que no se conozcan los testimonios ni la identidad de los testigos colaboradores que se usaran en su contra.
A nombre de Joaquín Guzmán Loera, su abogado Eduardo Balarezo presentó un escrito en donde considera que no conocer con antelación las declaraciones de los testigos ni la identidad de ellos dificultaría el proceso de defensa, toda vez que no se contaría con el tiempo suficiente para debatir los argumentos acusatorios contra “El Chapo”.
El juicio de Joaquín Guzmán Loera está programado para llevarse a cabo el 16 de abril del año entrante, en donde habrá de encarar 17 delitos que le imputa el gobierno federal de Estados Unidos, entre los que se encuentran el de conspiración para el trasiego de cocaína y heroína en suelo norteamericano, el que podría ser sancionado con cadena perpetua.
Sin embargo la Fiscalía General de Estados Unidos ha solicitado al juez de la causa que los testimonios y la identidad de los testigos no le sean dados a conocer al acusado y su defensa “hasta una fecha más cercana al juicio”, sin establecer un periodo razonable en el que se pueda defender el acusado de los señalamientos.
Entre los argumentos que señala la Fiscalía General de Estados Unidos para que Guzmán Loera no conozca la identidad de los testigos ni los señalamientos que hagan sobre el acusado, se señala el supuesto de riesgo bajo el que se encontrarían quienes testifiquen en contra del ex jefe del cartel de Sinaloa.
Pero “el supuesto peligro a los cooperadores es, a lo sumo, especulativo”, señala el abogado Balarezo, toda vez que “no ha habido en particular proyección de cualquier testigo específico que se esté amenazado en relación con este caso, ni de ningún peligro que tal testigo puede enfrentar”, ya que “la mayoría de los testigos colaboradores del gobierno están en custodia y también se cree que sus familias están bajo la protección del gobierno”.
La situación de amenaza o riesgo contra los testigos que declaren contra Guzmán Loera es poco creíble, explico Balarezo, “teniendo en cuenta las condiciones restrictivas de confinamiento del señor Guzmán, las que impiden estar en condiciones de dirigir o causar algún daño a los cooperadores, a menos que el gobierno está sugiriendo que el equipo de la defensa transmitirá órdenes de ataque de Guzmán, no hay manera realista para que él haga algo contra los cooperadores”.
Cabe recordar que Joaquín Guzmán Loera se encuentra bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM) en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, en donde no se le permite ninguna visita a excepción de sus hijas de seis años, que lo han visitado dos veces desde que fue extraditado de México en enero de 2017. El gobierno también le prohibió llamadas telefónicas con su esposa.
Pese a que el gobierno norteamericano le permitió a Guzmán Loera visitas de una de sus hermanas, a esta le fue cancelada su visa después de la única visita realizada, por lo que ya no puede entrar en los Estados Unidos. A “El Chapo” sólo se le permiten dos llamadas telefónicas de quince minutos mensuales con su hermana, madre e hijas. “Él está completamente aislado de otros prisioneros y no tiene visitantes regulares a excepción de su equipo de defensa”, explicó el abogado.
De acuerdo al abogado del ex líder del Cartel de Sinaloa, de negarle al acusado la posibilidad de conocer las declaraciones e identidades de sus acusadores “la defensa del señor Guzmán se verá seriamente perjudicada”, pues a cuatro meses de que inicie el juicio “El Chapo” tiene la tarea de “revisar más de 290 mil páginas de documentos y escuchar cientos de miles de conversaciones registradas” que una docena de testigos utilizaran en su contra.
Pese a ello, la Fiscalía General de Estados Unidos ha solicitado que esa información sea del conocimiento del acusado y de su defensa hasta unas semanas antes de que inicie el juicio, lo que impondría una carga en la revisión de documentos imposible de realizar, aun cuando se destinaran días completos de trabajo dentro del espacio limitado en donde Guzmán Loera recibe a sus abogados defensores.
