La Fiscalía Anticorrupción que el Gobierno plantea crear próximamente podría llegar diluida y sin suficientes herramientas para castigar la corrupción.
Diputados priistas aseguran que si la Fiscalía depende de la Procuraduría de Justicia, esto le restaría imparcialidad a la hora de revisar un caso de deshonestidad.
Un posible caso de corrupción tendría que ser sometido ante la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia, por lo que suena imposible que el fiscal anticorrupción pretenda ser independiente en su investigación si a la vez es subordinado del procurador.
Motivo por el cual se convertiría en un órgano sin “dientes” y falto de poderío autónomo.
Ernesto Canales, presidente de Renace, afirmó públicamente que él podría asumir el cargo de fiscal anticorrupción estatal durante la segunda quincena de este mes. Reconoció que sería un ente que estaría en el organigrama de la Procuraduría
Canales adelantó que la fiscalía tendría autonomía y hasta podría ofrecer una recompensa a la ciudadanía que señale un acto de corrupción.
La anticorrupción vía Congreso
Para Héctor García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, la Fiscalía Anticorrupción estatal es inadecuada.
“No sería muy creíble la anticorrupción, por eso creo que debe de ser muy autónomo el fiscal y que no tenga relación con el Poder Ejecutivo que pudiese dar a entender que algo se está tapando.
“La figura del fiscal anticorrupción tiene que tener autonomía para actuar con libertad financiera, imparcial, y evidentemente que no tenga parcialidad para que se trabaje de manera objetiva”, consideró García.
Recomendó que quienes integren la Fiscalía Anticorrupción tengan un perfil muy específico en auditorías y contabilidad.
“La corrupción no se puede vigilar con un policía ministerial, tiene que ser un agente con conocimientos técnicos en auditoría y contabilidad en derecho para que, cuando se tenga que actuar contra una persona, tenga suficiente peso de conocimiento”, explicó el legislador.
El Congreso local tendrá la facultad para crear una ley anticorrupción en el estado, que a su vez contempla crear la figura de un fiscal, por lo que para el diputado Héctor García es muy prematuro que el Estado lance la Fiscalía Anticorrupción.
“El Ejecutivo sabe que va a haber una ley anticorrupción estatal y la va a haber porque lo está exigiendo la sociedad, entonces… si va a haber una ley, para qué adelantarse, huele a ya tenerlo para que no se le dé marcha atrás a su propuesta”, señaló el diputado.
Figura sin respaldo
Gabriel Tláloc Cantú, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso local, consideró que la nueva Fiscalía Anticorrupción estatal no está bien respaldada constitucionalmente.
“El tema que se está viendo del organismo anticorrupción en mi opinión está bofo… el organismo anticorrupción no lo van a tener bien fundamentado y sin respaldado con toda la constitucionalidad”, dijo Tláloc Cantú.
Aclaró que para tener una Fiscalía Anticorrupción con autonomía se tendría que tener un respaldo jurídico en la Constitución.
“Yo creo que el niño (la fiscalía anticorrupción) viene con anormalidades, si bien los padres (el gobierno), hablando de una manera metafórica, engendraron un niño con mucho amor, pues el niño viene con malformaciones, malformaciones que van a ser sujetas a una vulnerabilidad constitucional.
“Lo que tenemos que hacer es que los órganos tengan verdaderamente las herramientas, los dientes y el respaldo de un Legislativo, y no tanto de un Poder Ejecutivo”, aseguró Tláloc Cantú.
Criticó que la creación de la Fiscalía Anticorrupción dependerá de la Procuraduría de Justicia, y la calificó como un consuelo para la ciudadanía.
“Todavía depende del procurador; crear órganos independientes es como crear un cuarto poder, a lo mejor se le puede dar como institucionalidad que le dé un consuelo a la población.
“Pero lo cierto es que no se debe notar que es un solo equipo, que son de una línea, que son amiguitos de primaria que crecieron y estoy metiéndolo a mi amigo en este trabajo”, señaló Cantú.
A nivel nacional
La formación de una Fiscalía Anticorrupción nacional sólo será un árbitro para saber qué está pasando en las entidades federativas, pero no tendrá facultades para intervenir en un problema de corrupción estatal.
El legislador Héctor García explicó que el fiscal nacional sólo podría actuar en cada estado si hay un caso de corrupción en delegaciones federales, más no en una dependencia estatal.
“El fiscal no tendría facultad jurídica para intervenir en un estado o municipio, por eso se tiene que aterrizar una ley estatal anticorrupción en Nuevo León”, dijo el diputado.
Ante esto, confió en que se podrá tener a un fiscal autónomo en cada entidad federativa.
La Ley Nacional Contra la Corrupción fue aprobada en el Congreso de la Unión el pasado mes de abril, y la mayoría de los Congresos estatales autorizaron la minuta de ley.
Lo único que falta es que se promulgue en el Diario Oficial de la Federación para que cada estado pueda conformar una ley estatal con reglas similares a las federales.
Y no deberán ser contrarias, y sobre todo no pueden ser inconstitucionales.
“Anticipo que se podrá tener un fiscal autónomo en cada entidad federativa, se trata de ir primero de correlación federal con las dependencias federales, luego una coordinación estatal que vigile las dependencias estatales”, explicó el diputado.
En Nuevo León, el Congreso local contempla crear la figura del fiscal anticorrupción que dependería de un presupuesto estatal, pero con autonomía total de su gasto; además la ley permitiría libertad al órgano.
Y se tendría una baraja de varios candidatos y se escogería el perfil adecuado, pero el Congreso tendría que hacer un filtro para seleccionar al mejor.
“La ley general de anticorrupción tendría que salir en mayo del próximo año, y se puede concretar después de esta fecha. Y se pretende tener el dictamen final en Comisión votado en este mismo periodo”, adelantó el legislador.