El Congreso del Estado de Yucatán aprobó una ley que establece penas de hasta 9 años a quien revele, divulgue, publique o amenace con difundir imágenes privadas (eróticas, sexuales o pornográficas) por medio de mensajes instantáneos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio sin el consentimiento de una de las partes, una práctica que se conoce como ‘pornovenganza’.
Las penas serán variables en función de la gravedad del hecho, y pueden ir desde los 6 meses hasta los 4 años de prisión; aunque en caso de que las fotos o videos pertenezcan a una menor de edad, el castigo sería hasta de 9 años de cárcel.
Esta legislación entrará en vigor el próximo 1 de agosto en la entidad y fue aprobada por unanimidad por los 25 congresistas locales. Las víctimas que así lo deseen podrán que recurrir a la Fiscalía General de Yucatán a levantar una denuncia por delito en contra de la imagen y la intimidad a partir del primer día de agosto.
La iniciativa de ley fue promovida por la joven yucateca Ana Baquedano de 23 años, quien fue víctima de esta práctica después de compartir una imagen íntima con una persona de confianza, quien se encargó de difundirla entre sus amigos y poco después se hizo pública a través de un sitio web.
A raíz de esta publicación, Ana, estudiante de psicología afirma que sufrió acoso escolar, además de afectaciones en su vida personal. Sin embargo, a pesar del difícil proceso decidió tomar su caso para convertirse en activista en contra de esas prácticas y promover una iniciativa para penalizar la pornovenganza.
En septiembre pasado, el Congreso de Jalisco aprobó una legislación similar que establecía penas de hasta 12 años de prisión a quien publique, difunda o extorsione a través de imágenes con contenido sexual explícito a un tercero.
