Representantes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentaron en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Tixtla Guerrero el informe anual del Mecanismo Especial de Seguimiento sobre la tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en septiembre de 2014.
En el informe, de carácter preliminar, se insiste en desconocer la ‘verdad histórica’ presentada por la Procuraduría General de la República, y se hace énfasis en la necesidad de profundizar en otras líneas de investigación para poder determinar el paradero de los estudiantes normalistas.
A la presentación del informe acudieron la Vicepresidenta de la CIDH Esmeralda Arosemana, el Vicepresidente Luis Ernesto Vargas, y el visitador Francisco Eguiguren. También estuvo presente Jan Jarab, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México y Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esmeralda Arosemena señaló que el informe es resultado de un recorrido a los casi 4 años que han transcurrido desde la noche de la tragedia, muchos de los cuáles permanecen sin respuesta.
“En el caso de los estudiantes de esta escuela, hoy estamos aquí cumpliendo con ese compromiso de solidaridad, pero también de transparencia por nuestro trabajo, por nuestra obligación y queremos hacerlo con ustedes”, señaló.
Muchos de los puntos destacados del informe, señaló la representante de la CIDH, parten de las observaciones y recomendaciones que han sido trabajadas por el grupo de expertos de este organismo, y entre sus conclusiones propone a profundizar nuevas líneas de investigación como la del trasiego de drogas en los autobuses, la participación de autoridades policiacas, la investigación de las presuntas torturas y malos tratos y las posibles obstrucciones en la investigación.
“El informe identifica también grandes desafíos que en materia de la investigación, la búsqueda, la atención a las víctimas todavía enfrentamos, porque hoy el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido. Siguen pendientes varias líneas de investigación que señalamos deben profundizarse. A la fecha no se han realizado cambios en la narrativa para enfocar estas líneas de investigación”, detalló Arosemana.
De igual forma hizo un llamado a encontrar una nueva forma de enfocar las investigaciones, integrar las líneas que ya han identificado el grupo de expertos y la ONU y hacer una revisión n autónoma, imparcial, independiente, integral de toda la investigación que obra en el expediente.
“Esperamos, confiamos, tenemos esta luz de esperanza, que la renovación del gobierno pueda abrir una nueva posibilidad de contar con una investigación con ética profesional, autónoma, eficaz”, concluyó.
A la petición al próximo gobierno federal se sumó Jan Jarab de la Oficina del Alto Comisionado, quien destacó que el Ejecutivo que tomará protesta el próximo 1 de diciembre deberá considerar como punto de partida para revitalizar la investigación, sin dejar de tomar en cuenta la presunta complicidad entre los grupos criminales con distintos niveles de gobierno.
“El caso de los 43 de Ayotzinapa no ha eclipsado los demás casos de desapariciones sino ha visibilidado una tragedia de desaparición que vive el país y la falta de respuesta adecuada por parte del Estado. Se han convertido en símbolos que van más allá del propio caso”, dijo Jarab.
Por su parte, Luis Raúl González Pérez recalcó que la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada dieron origen a que se suscitara una serie de violaciones graves de los derechos humanos en Guerrero entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014, lo más grave la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Esta salvajada visibilizó la aparente normalidad que existe, esa geografía del horror que significan las desapariciones en el país”.
Asimismo, destacó que la principal tarea que tiene la nueva administración en cuanto al caso de los 43 normalista es el derecho a la verdad.
“Desde luego queremos el acceso a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, pero el derecho a la verdad es un eje transversal”, señaló.
