En Puebla la población sufre los efectos de la privatización del suministro de agua.
En 2013, el Congreso local aprobó modificaciones a la Ley del Agua para otorgar la concesión a operadores privados en 25 municipios, entre ellos, la capital, San Pedro Cholula, Tehuacán, Atlixco, San Martín Texmelucan y Huauchinango, entre otros.
La empresa beneficiaria con el permiso para operar el servicio del líquido es Concesiones Integrales SA de CV, conocida como Agua de Puebla.
La iniciativa fue presentada por el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle y aprobada por los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PT, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.
En la actualidad, los ciudadanos que reciben estos servicios son víctimas de cortes en el servicio de agua potable o drenaje y del cambio de tarifas sin criterios claros, así lo denuncia Omar Jiménez Castro, abogado y defensor del agua en la entidad poblana.
Dentro de la reforma a la Ley de Agua estatal de 2013, se eliminó el artículo 118 Bis, el cual establecía que los facultados para modificar las tarifas del servicio hídrico y alcantarillado eran los diputados locales.
En sustitución de esa norma, se creó el artículo 118, el cual permite que los concesionarios del suministro de agua puedan “actualizar las tarifas y cuotas aprobadas, con base en el incremento reportado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor o bien, utilizando cualquier otro procedimiento que para el efecto determine la Estructura Tarifaria autorizada por el Congreso del Estado”, se lee en la ley.
Jiménez Castro considera que la cesión del suministro a privados bajo la promesa de que mejoraría el acceso al agua no ha sido cumplida.
El servicio es peor. Cuando se traía el tema de la concesión, se decía que se le debía invertir capital privado para bajar costos y para ampliar la red hidráulica (…) sin embargo, hay más de 200 colonias que no tienen red y no se les ha ampliado, en otras 100 no tienen red de drenaje, usan fosa séptica, que todavía la concesionaria cobra entre 100 y 400 pesos para desazolvarlas
Omar Jiménez relata que otros de los abusos por parte de la compañía Agua de Puebla son los cortes al suministro cuando los usuarios adeudan pagos, una situación que vulnera el derecho humano de acceder a este recurso.
El defensor legal argumenta que estas interrupciones del servicio provocan afectaciones a la salud de la población y más en el actual contexto de la pandemia por COVID-19.
Asegura que ha promovido que se modifique la Constitución local para que se prohíban las suspensiones que opera la empresa y se cataloguen como un delito penal, pero sus peticiones han sido ignoradas.
“Si cortas agua y drenaje le estás provocando la muerte a las personas. Me conformaría con que queden prohibidos los cortes de agua y de drenaje”, concluye.
Falta de acceso al agua, problema generalizado
La falta de acceso al agua es un problema generalizado en el país derivado de la escasez del líquido, los cobros excesivos del servicio y la desigualdad del suministro.
El artículo 4º constitucional establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, sin embargo, el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental (FCEA), estima que 47 por ciento de los mexicanos no tiene a su alcance agua potable. Esto depende de diversos factores, entre el que destaca el consumo hídrico de las grandes empresas.
La industria cervecera es una de las más relevantes para la economía de México, pero por cada litro de cerveza se necesitan 3.5 litros de agua, de acuerdo con estimaciones de las propias compañías.
Esto ha llevado a que las grandes cerveceras como Heineken o Constellation Brands (propietaria de las marcas Corona, Modelo, Victoria y Pacífico) se confronten con las poblaciones donde operan o donde buscan el permiso para establecerse.
La última polémica ocurrió con la consulta popular que se realizó en marzo del año pasado y en la que se decidió que la planta de Constellation Brands no se construiría, debido a que esto desataría un conflicto hídrico para las comunidades aledañas al complejo en Mexicali.
Greenpeace México alertó en un comunicado que, con base en los títulos de concesión de derechos de agua superficial y subterránea en el Valle de Mexicali, si el proyecto se ejecutaba podría ocurrir un desabasto del líquido en la región.
Aunque la organización también destacó que los datos disponibles de manera pública se contradecían derivado de alguna omisión en el reporte de concesiones.
Otro sector que también es cuestionado por el uso del agua es el de la minería por el gran impacto en los recursos hídricos, ya que no solo agota el suministro en las localidades donde operan las multinacionales, también lo contamina.
En el sitio de la organización Agua para Tod@s se detalla que con la Ley de Aguas Nacionales de 1992 se buscó poner al líquido vital bajo un sistema de concesiones.
Desde entonces la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha entregado más de 537 mil concesiones en violación de vedas y los derechos de los pueblos indígenas. A la fecha, el 70 por ciento de los permisos se encuentra en manos del 7 por ciento de los concesionarios.
