La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantienen como información reservada la cantidad de sus ministros, magistrados y jueces que cuentan con medidas especiales de seguridad, debido a que enfrentan condiciones de riesgo que así lo ameritan.
A las dos instituciones judiciales se les solicitó información sobre las evaluaciones de riesgo que han realizado sobre su personal, en el periodo 2007-2021, así como sobre la cantidad de juzgadores federales que cuentan con seguridad personal para afrontar estas condiciones de peligro. Sin embargo, ambas negaron el acceso a los datos.
Tanto la Corte como el Consejo aseguran que la divulgación de esta información incrementaría el grado de vulnerabilidad de los juzgadores federales que están en riesgo, principalmente al considerar la amenaza constante que representan los grupos criminales que operan en México.
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En la argumentación entregada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se señala: “Por lo que se refiere a las presiones, amenazas o intromisiones indebidas, es importante considerar que la violencia ejercida contra las y los operadores de justicia a través de dicho contexto, continúa siendo uno de los principales obstáculos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones”.
Y complementa: “En ese tenor, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) observó que México atraviesa por un periodo de crisis debido al aumento exponencial de episodios violentos vinculados principalmente al crimen organizado, lo que afecta directamente el trabajo de juezas y jueces, pues les impide actuar con libertad y de manera plenamente independiente y autónoma al ser sujetos a amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones indebidas (folio de transparencia 0320000484421)”.
El Consejo advierte que los grupos delictivos están cada vez más interesados en intervenir en las instancias de justicia: “La ONU identifica que en México el crimen organizado tiene mayor propensión a infiltrarse e interferir de manera creciente en las instituciones de justicia a través de la corrupción y de amenazas, por lo que sugiere tener en cuenta el riesgo especifico al que son sometidos los operadores de justicia a nivel federal, por ejemplo, en casos particularmente sensibles como los de corrupción, delincuencia organizada o violaciones de derechos humanos”.
La respuesta de la Corte fue similar, pues señala: “Con la reserva de la información se pretende proteger la vida, la seguridad y la salud de las y los servidores públicos de la SCJN, puesto que en el simple pronunciamiento sobre su existencia o no pudiera alertar a personas o grupos con intenciones delictivas y estos actuar en contra de determinada persona o grupo de personas o, incluso, se pueden revelar aspectos o circunstancias específicas que colocarán a dichos servidores públicos en una situación vulnerable para su seguridad (folio 0330000150921)”.
Jueces bajo protección
En su reporte “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas”, de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en México había casi una centena de juzgadores con medidas especiales de seguridad.
“La situación actual de México preocupa a la Comisión. Según lo señalado por la Relatoría de la ONU en su misión a dicho país como una consecuencia de la creciente violencia del crimen organizado en muchas ocasiones, las magistradas y magistrados, operadores judiciales y profesionales del derecho no podrían actuar con plena libertad pues serían sujetos a amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones indebidas”.
Y revela que “la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal de México indica que, en 2012, 98 jueces y magistrados federales que han tenido a su cargo procesos judiciales relacionados con delitos contra la salud cuentan con medidas especiales de seguridad para favorecer las condiciones para que continúen en el conocimiento de los casos”.
Por su parte, en su Informe Anual de Labores 2020, el ministro presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señala que tan solo ese año se realizaron más de una centena de evaluaciones de riesgo, pero no precisa en cuántos casos sí se otorgaron medidas de protección a los juzgadores.
“Con el objetivo de garantizar la seguridad, protección e independencia del personal jurisdiccional que consideró encontrarse en un entorno de riesgo, se elaboraron 29 opiniones técnicas y 168 evaluaciones de riesgo. Lo anterior, permitió proponer a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia que, de resultar procedente, se otorgaran medidas de seguridad, así como sugerir su temporalidad, continuidad o conclusión”.
Asesinato en Colima
En junio de 2020, ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiz, junto con su esposa, en Colima, un caso que tuvo gran impacto en el país y cuya investigación fue asumida plenamente por la Fiscalía General de la República (FGR).
La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura es la instancia responsable de elaborar los proyectos de protección para los jueces y magistrados federales y, en su caso, de gestionar los servicios de seguridad que resulten conducentes:
“Derivado de dichas atribuciones, se asigna personal y equipos de seguridad a las y los juzgadores que han solicitado medidas de protección o que se ha justificado la necesidad de su implementación, a través de la identificación de riesgos, la valoración de grados de exposición y el cálculo de las consecuencias que tendría el que se materializara una eventualidad de riesgo a su integridad, vida y seguridad”.
En la Corte, por su parte, es la Dirección General de Seguridad (DGS) la instancia responsable de “preservar en todo momento la integridad física de las y los servidores públicos, visitantes, bienes arquitectónicos, acervos históricos y la propia seguridad de los inmuebles”.
