La confirmación de la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 al complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, alarma a las autoridades por el alto riesgo de propagación, pues en esas instalaciones sobrepobladas hay más de 12 mil 400 reclusos federales y estatales.
La Secretaría de Salud Jalisco que encabeza Fernando Petersen Aranguren ha reconocido que el lugar es considerado de “alta prioridad” dentro de la estrategia desplegada para intentar contener la expansión del padecimiento Covid-19 entre los jaliscienses.
Organizaciones civiles advierten que el contagio del Covid-19 representa graves riesgos tanto para las personas que está recluidas como para el personal que ahí labora
El centro penitenciario, en lo que corresponde a su componente estatal del que es responsable el Gobierno de Jalisco, está conformado por las cárceles denominadas Comisaría de Prisión Preventiva, Comisaría de Sentenciados, Comisaría de Reinserción Femenil y Comisaria del Reclusorio Metropolitano.
Entre todas resguardan a 11 mil 644 reclusos, pese a que fueron diseñadas para albergar únicamente a 6 mil 082, lo que implica que están al doble de su capacidad, según la Estadística Penitenciaria Nacional a enero de 2020, que publica el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
En lo que respecta a su componente federal, el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 2 Occidente, hay albergados 835 presos, aunque en esta cárcel de la Federación no hay sobrepoblación, pues su capacidad total es de mil 040 lugares.
Por ello el hallazgo de que el coronavirus ya circula entre los reclusos de Puente Grande encendió las alarmas no solo de las autoridades locales, sino también de asociaciones preocupadas por los derechos humanos de las personas que están presas en esas instalaciones.
El 17 de abril, el Gobierno de Jalisco confirmó la detección del coronavirus en ese centro carcelario, tras aplicar el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria.
“Con el fin de proteger a grupos vulnerables, entre ellos población que vive institucionalizada, el Sistema Radar Jalisco llevó a cabo un muestreo aleatorio de Covid-19 en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, a través de la toma de prueba laboratorial para la oportuna identificación, atención y aislamiento correspondiente de casos de coronavirus.
“Derivado de este protocolo se han efectuado hasta el momento diversas visitas de vigilancia epidemiológica; tomándose muestras de exudado faríngeo y nasofaríngeo de manera aleatoria a personas internas y confirmándose tres casos positivos a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública”.
El 21 de abril la cifra subió a ocho casos.
Alta prioridad de atención en Puente Grande
La Secretaría de Salud Jalisco ha asegurado que ya se tomaron las medidas necesarias para evitar que la propagación del virus continúe y se salga de control.
La SSJ está dando seguimiento a los casos confirmados, quienes permanecerán en aislamiento y separados de áreas comunes del centro durante el periodo de 14 días, a fin de cortar la cadena de transmisión, que es el objetivo del Sistema Radar Jalisco
Sin embargo, reconoció lo sensible de la situación que se vive en el centro carcelario, al considerar la gran cantidad de presos como el intenso flujo de personas que entran y salen todos los días del mismo.
“La vigilancia en el Complejo Penitenciario es de alta prioridad para el Gobierno del estado, tanto por el número de personas privadas de su libertad, como en virtud de las actividades propias del lugar que implican el ingreso diario de personal penitenciario (cocina, proveedores, trabajadores de áreas de mantenimiento y servicios generales; así como familiares)”.
Falló el Estado
A decir del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), una asociación dedicada a la defensa de los derechos humanos, el Gobierno del estado falló en su obligación de garantizar la salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad en el centro carcelario de Puente Grande.
El contagio del coronavirus en el centro carcelario, advirtió la asociación civil, representa graves riesgos tanto para las personas que están recluidas como para el personal que labora ahí.
“Que se brinden atención médica a las personas contagiadas y se tomen las medidas necesarias ante la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y el posible foco de atención que se generaría dentro de los centros penitenciarios”, considera urgente.
Las autoridades sanitarias y penitenciarias también deben identificar “a las demás personas privadas de la libertad que estuvieron en contacto con los mismos (los casos positivos) para evitar la propagación”, además de aplicar los protocolos técnicos correspondientes.
El Cepad incluso recomendó este 18 de abril acelerar la aplicación de liberaciones de presos “dado que el hacinamiento, la sobrepoblación y la insuficiencia de servicios de salud son un riesgo latente, que se despresuricen los centros penitenciarios mediante la preliberación de las personas privadas de la libertad de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal”.
El Gobierno del estado anunció que había tomado medidas para evitar que el coronavirus ingresara al sistema carcelario como la difusión de información útil a la población carcelaria, la sanitización de las instalaciones, el suministro de productos de aseo e higiene y la aplicación de filtros sanitarios en los ingresos.
El Gobierno del estado anunció que había tomado medidas para evitar que el coronavirus ingresara al sistema carcelario como la difusión de información útil a la población carcelaria, la sanitización de las instalaciones, el suministro de productos de aseo e higiene y la aplicación de filtros sanitarios en los ingresos.espacios”, concluyó el Cepad.
