La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene su postura de proceder penalmente en contra de 31 académicos en seguimiento de una denuncia interpuesta por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Esto pese a que la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero ya ha acumulado dos negativas por parte de jueces federales para aprehender a los señalados por delitos catalogados como graves en el Código Penal Federal.
Pese a las diversas negativas del Poder Judicial, la FGR insiste en seguir con la denuncia presentada contra investigadores el Conacyt
La ofensiva desde la FGR surge de la denuncia por cargos de peculado, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita interpuesta por Conacyt, dirigido por la doctora María Elena Álvarez-Buylla desde el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contra 31 exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, asociación civil que recibió alrededor de 200 millones de pesos del consejo entre 2013 y 2018.
Jueces de control localizados en el penal federal de máxima seguridad “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, rechazaron conceder las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR con un mes de diferencia, primero en agosto y después en septiembre, al considerar que no había sustento para fincarles dichos cargos. Ante la negativa, la institución a cargo del fiscal general Gertz Manero respondió diciendo que insistirán una tercera vez.
Ante la polémica generada por el caso, incluso la dirección de Álvarez-Buylla se deslindó del proceder de la FGR y acusó ser víctima de una “ola concertada de desinformación en medios y redes” con el argumento de que, si bien denunciaron presuntas irregularidades de administraciones anteriores ante las autoridades ministeriales, “las acciones emprendidas por estas instancias no son responsabilidad ni atribución del Conacyt”.
En 2019, la Suprema Corte resolvió como legal la transferencia de recursos del Conacyt al Foro Consultivo hecha hasta antes de ese año
Para sustentar su postura, la FGR esgrime que el Foro Consultivo no es un órgano colegiado interno y autónomo de opinión del Conacyt, como marca la Ley General de Ciencia y Tecnología, sino una asociación civil externa, hecho que se documenta desde 2020 en el reportaje “La mafia de la ciencia”, en donde se narra cómo Patricio Zúñiga Cendejas y José Antonio de la Peña Mena constituyeron la AC en 2002 tras la publicación de dicha ley.
Sin embargo, desde 2019 la Suprema Corte de Justicia determinó que la colaboración entre el Conacyt y el Foro Consultivo AC fue lícita, ya que los mismos estatutos del Consejo ordenaban una partida presupuestal para la organización, hasta que la dirección de Álvarez-Buylla los modificó, dando inicio a una disputa legal que llegó hasta la resolución del máximo tribunal, que también reconoció que, a partir de la reforma, terminó la obligación de suministrar esos recursos.
FGR, desenfocada en denuncia de Conacyt
Reporte Índigo entrevistó a Javier Martín Reyes, académico de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, quien considera alarmante la insistencia de la FGR, no solo por llevar a proceso a los 31 exintegrantes del Foro Consultivo, sino por mantener los cargos que, al ser meritorios de prisión preventiva oficiosa, los haría enfrentar sus juicios en un penal federal.
“Eso es lo más preocupante. ¿Jurídicamente hace sentido la acusación? Por supuesto que no. Dando el beneficio de la duda de que la FGR genuinamente creía que esto era incorrecto, ya un juez federal les dijo que no hay elementos, y además está la sentencia de la Suprema Corte”, explica.
Dada la insistencia de la FGR por seguir con la denuncia presentada por el Conacyt pese a las diversas negativas del Poder Judicial y recordando polémicas recientes como el que la dirección de Álvarez-Buylla otorgó el máximo grado del Sistema Nacional de Investigadores apenas en junio pasado a Alejandro Gertz Manero, el académico considera que hay motivaciones extrajurídicas en el accionar de la institución. Llegando, incluso, a acusar una persecución contra la comunidad científica.
“Es difícil no interpretar todos estos hechos dentro un marco más amplio, una serie de circunstancias y situaciones en las cuales la FGR, en particular el fiscal general, se han involucrado en hechos muy lamentables”, dice.
En este sentido, la doctora Julieta Fierro Gossman, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuestionó en Twitter:
“¿No será que este ataque desmedido a científicos se debe a que está por aprobarse la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación y se quiere crear un ambiente de terror para que no haya protesta por una ley que pretende concentrar el poder y limitar recursos públicos y la libertad de investigación?”
¿No será que este ataque desmedido a los científicos se debe a que está por aprobarse la nueva ley de C T H I y se quiere crear un ambiente de terror para que no haya protestas por una ley que pretende concentrar el poder y limitar los recursos y la libertad de investigación? pic.twitter.com/tYevFlWCmn
— Julieta Fierro Gossman (@FierroGossman) September 23, 2021
Reporte Índigo consultó a José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, quien, si bien señala que no conoce a detalle el proceso debido a la “media visibilidad” que las autoridades ministeriales han permitido, también considera que el asunto debería ventilarse de otra manera tras la segunda negativa que recibió la FGR.
“La FGR está enfocando mal sus baterías, porque ese tipo de delitos los debería fincar contra las organizaciones criminales y sus milicias privadas que están causando tanta violencia en varias partes del país. No en académicos que, de alguna manera, operaron un fondo en el Conacyt que fue regulado de acuerdo a la ley que en ese momento había. La FGR tiene que enderezar su cañón y apuntar hacia otras partes”
Sobre las alternativas legales de los académicos ante esta insistencia, señala que “tienen pocas, lo que se requiere es que el Poder Judicial de la Federación siga actuando apegado a la ley y no admita presiones de la Fiscalía, que resuelva conforme a derecho. Un Estado de Derecho implica que el Poder Judicial resuelva con toda independencia los asuntos que le son planteados. Ojalá y así suceda para que los académicos puedan solucionar el asunto de otra forma”.
