Qué es la ‘Ley Anti-Diego’ de Morena para evitar evasión de impuestos
La ‘Ley Anti-Diego’ hace referencia al conocido caso del adeudo de predial que tenía el abogado Diego Fernández de Cevallos desde la década de 1990
Indigo StaffDiputados de Morena presentarán un proyecto de dictamen, conocido como ‘Ley Anti-Diego’, para la nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos, con la cual se combatirá la evasión de impuestos.
La ‘Ley Anti-Diego’ hace referencia al conocido caso del adeudo de predial que tenía el abogado Diego Fernández de Cevallos desde la década de 1990.
El dictamen pretende armonizar y homologar los catastros y registros públicos inmobiliarios de personas morales, para evitar que se evadan impuestos, señala un comunicado de Morena publicado el domingo.
“En el proyecto de la nueva ley se da certeza a los particulares sobre la propiedad de sus bienes inmuebles, y al mismo tiempo será una herramienta para combatir la evasión de impuestos, y evitar casos como el de Diego Fernández de Cevallos, quien debe por lo menos 900 millones de pesos por adeudos al predial desde 1993″, indica.
La iniciativa buscará homologar criterios, mejorar prácticas y usar nuevas tecnologías, pues se digitalizarán los expedientes.
Además, prevé realizar un inventario real y confiable de los bienes inmuebles públicos y privados del país porque gobiernos anteriores permitieron que se perdieran cientos de juicios por carecer de un registro real.
“Ante este panorama, se prevé un plazo razonable para realizar un inventario real y confiable de los bienes inmuebles públicos y privados del país, porque el actual permitió que en sexenios anteriores se perdieran cientos de juicios por carecer de un registro real, lo que aunado a la corrupción, permitió que por ejemplo muchos hoteleros se hicieran de grandes extensiones de terrenos por esta deficiencia”, apunta.
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La diputada Aleida Alavez Ruiz adelantó el domingo que ya está listo el proyecto de dictamen.
Ley General de Catastros y Registros Públicos se presentará al pleno de la Cámara de Diputados antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, pues se prevé que la dictamine en estos días la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, informó.
Aseguró que en el predictamen se privilegió una norma que fortalezca el federalismo, a fin de acentuar las facultades de cada orden de gobierno que plantea los criterios y datos básicos que se deben considerar en los catastros y registros públicos para identificar los catálogos de predios.
Refirió que, de acuerdo con el Inegi, el inventario de inmuebles inscritos en los catastros municipales es de casi 18 millones, es decir, 50% de lo que tiene censado, “lo que ha permitido una millonaria evasión de impuestos”.
Y recalcó que esta ley no tiene como propósito emitir criterios que se relacionen con la recaudación del impuesto predial, ya que ésta es una facultad constitucional de los municipios.
Listo proyecto de dictamen de nueva Ley de Catastro https://t.co/O7qgLOnjJ4
— Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) December 7, 2020
El adeudo del excandidato presidencial data de 1993
Fue en septiembre de 2019 cuando se reveló que Diego Fernández de Cevallos debía 946 millones 890 mil 993.19 pesos de predial, con todo y multas, recargos y actualización.
Según la autoridad, el adeudo del excandidato presidencial data de 1993.
Tras las presiones, Diego Fernández de Cevallos pagó 12.7 millones de pesos.
En un comunicado, el ayuntamiento informó que el poseedor de la propiedad conocida como Villas del Estanco o Rancho El Estanco, se presentó ante la autoridad fiscal municipal y se acreditó cabalmente.
El monto total de ingreso al erario municipal fue por la cantidad de 12 millones 763 mil 239 pesos con 68 centavos.
“A petición expresa del contribuyente se hace del conocimiento público, reiterando que conforme a derecho el expediente ha sido concluido pudiendo ser consultado en los términos de ley”, señaló.
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Cabe recordar que la deuda global del excandidato presidencial era de 984.7 millones de pesos, pero quedó cubierta una vez que se hizo el pago equivalente a 1.3 por ciento, en apego a las normas jurídicas.
El adeudo del político queretano viene de 1993 y, según el alcalde Alejandro Ochoa, las deducciones aplicadas al caso del “Jefe Diego” se apegan a la legalidad.
