"Una es que podría tener derecho a una compensación, segunda sería por vía anónima, y una tercera que tendría derecho a una amnistía"
"Lo que estoy planteando es un trabajo en proceso, recibir información del público sobre actos de corrupción a cambios de tres ventajas”
En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), tiene un programa para recompensar a quien contribuya en el descubrimiento de un fraude fiscal
La Fiscalía Anticorrupción que planea crear el Gobierno del estado pone sobre la mesa una propuesta al estilo del viejo oeste.
Se trata de una recompensa a la persona que señale un posible acto de corrupción de un funcionario. El caso sería investigado por la Fiscalía y, si hay pruebas, el señalado será vinculado a proceso bajo el esquema del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Por ejemplo, en el caso de enriquecimiento inexplicable de un funcionario, si un ciudadano denuncia y la Fiscalía Anticorrupción estatal comprueba el delito, el denunciante se lleva el 30 por ciento de la cantidad malversada que logre recuperar el Estado.
También podría tener una recompensa la persona que denuncie al burócrata que, por ejemplo, pida soborno a una constructora para la asignación de una obra. Si el nuevoleonés tiene una prueba contundente se llevaría la compensación.
Ernesto Canales, presidente de Renace, dijo públicamente que él podría ser designado titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal.
“Lo que estoy planteado es un trabajo en proceso, recibir información del público sobre actos de corrupción a cambios de tres ventajas, una es que podría tener derecho a una compensación de las cantidades que el Estado llegue a recoger, segunda sería por vía anónima, y una tercera que tendría derecho a una amnistía.
“Lo que se trata es crear confianza a la ciudadanía para que se acerque a la oficina del fiscal y aporte las pruebas, y que nos permita con esa información iniciar con las investigaciones y poder vincular a proceso”, dijo Canales.
Van por altas esferas
Aunque en el 2011 el expresidente Felipe Calderón propuso un incentivo para quien denuncie un caso de lavado de dinero y actos de corrupción, hasta el momento no se ha oficializado del todo en las entidades federativas.
En Nuevo León sólo se ha anunciado una recompensa económica para quien aporte información sobre un líder del narcotráfico o por el “moche” de un agente hacia un ciudadano, más no para un funcionario de alto nivel.
Pero ahora parecería que combatir la corrupción en altas esferas políticas va en serio.
Ernesto Canales agregó que en Nuevo León se tendrá una tabla de porcentajes en diferentes casos dependiendo el acto de corrupción, pero el factor económico será fundamental para que la ciudadanía tenga la confianza de denunciar.
“Está en la mesa y aún no hay un pronunciamiento de todas las partes, en particular quien tomará la decisión es el señor gobernador, pero serían compensaciones sustanciales del alrededor de un 30 por ciento, y que sea lo suficientemente atractivo para que una persona se dé su tiempo y su esfuerzo en ayudar para alcanzar estas causas.
“No estamos inventado el hilo negro, la compensación se utiliza en otros países, inclusive hay algunos antecedentes en México como la figura del testigo protegido, la intención es aprovechar las herramientas que existen para organizarlas de una manera efectiva”, explicó Canales.
En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), tiene un programa para recompensar a quien contribuya en el descubrimiento de un fraude fiscal.
Uno de sus casos más renombrados fue en el 2012, cuando el exbanquero suizo Bradley Birkenfeld, de Union Bank of Switzerland (UBS), denunció a casi 4 mil 500 ciudadanos estadounidenses que defraudaban al fisco a través de cuentas bancarias en el extranjero.
Por esta denuncia el exbanquero tuvo una compensación de 104 millones de dólares.
Trabajar de inmediato
Aunque pareciera anticipado crear una Fiscalía Anticorrupción estatal, lo importante será iniciar con la operación lo más rápido posible, consideró Canales.
“Estamos diseñando un sistema que pueda empezar a trabajar de inmediato, si más adelante la legislación tiene ciertas características que tengamos que cambiar lo haremos, pero lo que no queremos es esperar a que exista la ley nacional porque no sabemos cuándo va ser el momento político para lograr su aprobación.
“Lo que quiero decir es que si puede existir en el sistema actual una oficina anticorrupción que sea independiente. Todo esto está en proceso, son temas nuevos que se tiene que ir definiendo. Lo que he señalado que la intención es iniciar a finales de este mes”, dijo Ernesto Canales.
Dentro de su estrategia será crear confianza entre la ciudadanía para que Nuevo León sea de los primeros en aterrizar una Fiscalía Anticorrupción.
Sí habrá ‘dientes’El próximo fiscal anticorrupción estatal y aún presidente de Renace, Ernesto Canales, aseguró que la propuesta de la nueva Fiscalía estatal tendrá herramientas contundentes para investigar actos de corrupción.
“Los dientes y las herramientas son la investigación, pero partiendo de la información que se pudiera obtener, que nos permita vincular a proceso a una acción penal, lo que hace posible que se puedan tomar declaraciones formales de los indiciados”, aseveró Canales.
Agregó que se podrá acusar a un funcionario por el delito de enriquecimiento inexplicable, pues se podrá vigilar sus declaraciones fiscales o patrimoniales.
“Se tendrá juicios abiertos para dar explicaciones sobre las discrepancias que existan de la información pública y las declaraciones patrimoniales, y podría ser por el delito de enriquecimiento inexplicable de funcionarios públicos”, dijo Canales.
Confía que con una buena oficina técnica con alto nivel de profesionalismo se pueden armar expedientes muy sólidos de actos de corrupción.
“Si la oficina se estructura como un organismo descentralizado dependiendo del gobernador, y a su vez este órgano desconcentrado tiene un consejo ciudadano independiente, pues se garantiza la autonomía”, dijo Ernesto Canales.
Se espera que la Fiscalía Anticorrupción no sea una simulación, como sucedió con la Auditoría Superior del Estado, que no cuenta con “dientes” necesarios para castigar las observaciones no sustentadas de los Municipios y órganos descentralizados.
