A casi 16 meses de ser repatriado a México, Emilio Lozoya pasó su primera noche recluido en un penal por su presunta participación en la trama de corrupción de Odebrecht.
El criterio de oportunidad que la Fiscalía General de la República otorgó al exdirector general de Petróleos Mexicanos llegó a su fin y ahora deberá seguir el resto de su proceso penal lejos de los lujos y comodidades que siguió degustando aún vinculado a proceso.
Desde antes de la audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la FGR le dejó en claro a Lozoya Austin que los buenos modos habían acabado, pues se opuso a la solicitud que hizo su defensa para obtener una prórroga de 60 días, la sexta desde que inició el proceso, y en su lugar pidió que se cerrara la investigación complementaria. Además, el juez de control lo citó presencialmente por primera vez desde su regreso al país.
Ya al interior del penal, Lozoya y su defensa ganaron la primera batalla luego de que el juez de control Artemio Zúñiga les otorgara un plazo de 30 días, no los 60 que solicitaron, para que presentaran sus pruebas respecto a la supuesta recepción de sobornos por parte de la petrolera brasileña.
Será hasta el mes de diciembre cuando se dé por concluida la investigación complementaria y se pase a la etapa intermedia para la depuración de las evidencias.
Minutos después, salió la FGR al contraataque al revocar el estatuto de “testigo colaborador” que se le brindó a Lozoya, ese acuerdo tan confidencial que no se enteró ni su defensa en España, llevada por el despacho de Baltazar Garzón.
Los representantes del fiscal general Alejandro Gertz Manero anunciaron que tomaron la decisión porque no se cumplió con el criterio de oportunidad, por lo que formalizaron inmediatamente los cargos de cohecho, asociación delictuosa y operación con recursos de procedencia ilícita en su contra y solicitaron prisión preventiva para el exdirector de Pemex.
Al calor de la solicitud, representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de Petróleos Mexicanos cerraron la cuña respaldando la petición de la FGR después de presentar los resultados de las investigaciones que realizaron contra Lozoya.
Medidas cautelares para Lozoya
Para sustentar su petición de medidas cautelares, autoridades ministeriales y gubernamentales apuntaron a las polémicas fotografías de Lozoya cenando en un restaurante cinco estrellas, acción que calificaron como “una absoluta falta de respeto y una provocación a las autoridades”.
También argumentaron que la cena de Lozoya en un restaurante de lujo evidencia que el exdirector de Pemex aún tiene a disposición una red con amplio poder económico “que lo puede ayudar a darse a la fuga”.
Tras un receso de media hora, la defensa y el propio Lozoya tomaron la palabra para hacer un último intento. Tratando de que no le llegara la noche dentro del reclusorio, el exfuncionario aseguró ser inocente de los cargos que le fueron fincados por las autoridades ministeriales.
Pese a esta postura, se dijo dispuesto a reparar el daño que pudiera haber causado, siendo que minutos antes la FGR lo acusó de no mostrar el más mínimo interés en una medida de este tipo.
A esto, le siguió un reclamo de Lozoya:
El reclamo se dio ya que de las 17 personas que Lozoya incluyó en su denuncia de hechos interpuesta ante la FGR en agosto de 2020, solo el exsenador Jorge Lavalle ha sido vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva justificada en el mismo Reclusorio Norte.
Con este último posicionamiento, el juez Zúñiga concedió la misma medida de prisión preventiva cautelar por lo que Lozoya fue aprehendido por elementos de la Guardia Nacional para ingresar formalmente al penal.
Desde el Reclusorio Norte el exfuncionario seguirá su proceso judicial en calidad de detenido por el riesgo de que pueda fugarse, otra vez, del país. En tanto que su defensa alegó a medios de comunicación que la FGR proporcionó “desinformación” sobre la cooperación de su cliente.
De esta manera concluyó el primer gran experimento de la justicia mexicana con el criterio de oportunidad, con su beneficiario en prisión preventiva y reanudando su proceso penal tras una interrupción de casi 16 meses, periodo que inició con filtraciones de denuncias y videoescándalos con enormes sacos de billetes, pero que llegó a su fin, a confesión manifiesta de las autoridades ministeriales, por una cena de pato laqueado en un restaurante de lujo, pese a que el juez dijo que esto no influyó en su decisión de modificar las medidas cautelares.