A tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, en donde edificios colapsaron en la Ciudad de México debido a vicios en sus procesos de construcción, aún no hay castigo para los responsables.
Rebeca Moreno, coordinadora de responsabilidades de la organización Ciudadanía 19S, afirma en entrevista que las familias de las víctimas de construcciones que no respetaron los reglamentos y por eso colapsaron, tienen un camino difícil a la justicia.
La defensora de los derechos humanos indica que en casos como el de Álvaro Obregón 286 donde murieron 49 personas, Zapata 56, en el que fallecieron dos y en el del Helipuerto Condesa, construcción ilegal que provocó daños estructurales a dos edificios aledaños, no hay avances en las investigaciones y ni siquiera los afectados han podido acceder a las carpetas de investigación.
“A las mismas personas damnificadas y abogados les niegan la información de su propio caso. Actualmente, las autoridades cerraron casi la mitad de los expedientes judiciales derivados del sismo porque el Ministerio Público dice que no hay posibilidad de acción”, explica Moreno.
Añade que no dejar en la impunidad los casos donde hubo irregularidades en la construcción, es una forma de prevenir que este tipo de situaciones puedan repetirse.
“Estos procesos de justicia son una forma de prevenir más víctimas en futuros desastres. Se debe garantizar que estos actos no se vuelvan a repetir para que en otro desastre que suceda, se puedan castigar a los culpables”, explica.
Cabe destacar que apenas ayer 18 de septiembre de 2020, tres años después del sismo, fue sentenciada Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen, cuya edificación y diseño no respetaba las normas y se derrumbó en el movimiento telúrico referido.
En el lugar murieron 26 personas entre menores estudiantes y maestros.
