Sistema penal, tarea pendiente

De acuerdo con las autoridades estatales, en Jalisco se han tenido avances importantes en materia de justicia, como lo dijo el secretario general de Gobierno. 

Roberto López Lara compartió las cifras durante su ponencia en la Glosa Ciudadana del tercer informe de gobierno.

Pero datos nacionales arrojan resultados menos alentadores para la entidad, donde se muestra un rezago en la transición al nuevo Sistema de Justicia Penal, a la vez que Jalisco carece de un sólido sistema judicial.

En junio del 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que implicó cambios profundos a diez artículos, siete de ellos en materia penal. Con esto se dio paso a que las entidades modificaran sus estructuras judiciales.

A este nuevo sistema se le dio el nombre de Sistema de Justicia Penal acusatorio, adversarial y oral, que sentó las bases para un modelo ad hoc con estándares de derechos humanos constitucionalmente reconocidos.

Con base en este mandato constitucional, en agosto de 2009 se instituyó a nivel federal el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de la Secretaría de Gobernación. 

El consejo cuenta con un órgano administrativo que es la Secretaría Técnica, con la función de apoyar a los gobiernos federal y estatales en el proceso reformista. Cada estado del país dispone de un homólogo local.

Para que se diera un sólido tránsito hacia el nuevo sistema, el Congreso de la Unión estableció una fecha límite de ocho años para que los estados pudieran capacitar a sus elementos judiciales.

Esta fecha tiene como límite el 18 de junio de este año, aún cuando especialistas han señalado que las entidades aún carecen de un porcentaje que les permita alcanzar la meta impuesta por el legislativo federal.

De acuerdo con el secretario General de Gobierno, a partir del 15 de mayo este nuevo sistema de justicia estará funcionando en los 125 municipios de Jalisco, pues el modelo ya opera en 82 municipios de la entidad. 

Es decir, que existe un avance del 70 por ciento en la aplicación de los juicios orales, según la autoridad. 

López Lara también anunció durante la Glosa que han sido capacitados 16 mil funcionarios bajo el nuevo modelo penal. 

Entre estos se encuentran jueces, defensores, policías, peritos, agentes del Ministerio Público, mediadores y conciliadores.

No obstante que reconoció que existe un rezago en 7 mil 900 funcionarios que apenas están siendo capacitados en el tema. Además de que esperan que el 15 de febrero esté inaugurada la sala de oralidad del municipio de Chapala, el 15 de abril los de Ocotlán y Colotlán, mientras que para mayo estarían los de Cihuatlán y Tonalá.

Cifras desalentadoras

Organismos como el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, de la Universidad de las Américas de Puebla, expusieron en su informe 2016 del Índice Global de Impunidad en México que Jalisco se encuentra muy rezagado en su armonización legal hacia el nuevo sistema.

El informe presentado en este mes de febrero da cuenta que esta entidad es uno de los estados que está apenas iniciando su tránsito hacia el Sistema Penal Acusatorio, estimando que cuenta con apenas un 14 por ciento de avance de su armonización normativa con dicho sistema.

Este porcentaje lo comparte Jalisco con otras importantes entidades que han quedado rezagas, como el Estado de México, Distrito Federal y Baja California Sur.

En el caso de Baja California Sur no existe una formal transición, contrario a la que inició en el 2009 para el Estado de México, y en 2015 para la Ciudad de México.

A su vez son 25 los estados que operan de forma parcial el nuevo sistema penal. Mientras Yucatán, Tabasco, Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Durango, Chihuahua y Baja California ya cuentan con una transición completa.

Aunque el caso Jalisco preocupa dado el contraste entre lo informado por la autoridad y la realidad plasmada en el estudio nacional sobre justicia e impunidad. De este estado se señala que su porcentaje afecta a la justicia porque:

“No está incidiendo significativamente en la resolución de casos y conflictos de los que se hace cargo el sistema penal tradicional”.

Esto ha llevado a que el Índice posicione a Jalisco en el tercer grupo donde clasifica el grado de impunidad de los estados de la república, en donde esta entidad se registró con un alto grado.

“El estado de Jalisco presenta ausencia de datos en la cadena de impunidad, lo que refiere a poca transparencia de las instituciones penales o bien, a una gran debilidad en sus formas de registro”, destacó el informe, contrastando con la presunción de que Jalisco es el estado número uno en transparencia.

De igual forma el Sistema de Justicia en el estado presenta una insuficiencia estructural, pues carece del personal necesario. Tiene 3 magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 4. 

Primeros en cifra negra

Aunado a un débil sistema de justicia, el informe señala también que Jalisco se encuentra entre los primeros lugares de cifra negra, lo que revela un alto número de delitos que no son denunciados por los ciudadanos ante la desconfianza en sus instituciones de seguridad pública.

En 2013, apunta el Índice de Impunidad, Jalisco registró una cifra negra del 94.8 por ciento, uno de los porcentajes más altos a nivel nacional.

En este tema la entidad sólo está por debajo de San Luis Potosí, cuya cifra negra es de 96.5 por ciento –siendo el primer lugar–, y Guerrero, con un 95.8 por ciento en segundo lugar.

Mientras que Jalisco comparte el tercer lugar con Zacatecas, entidad vecina con similares índices de inseguridad respecto a los informes sobre el control de los cárteles.

Al respecto el informe señala para Jalisco que sus datos sobre la cifra negra permiten “dimensionar el clima de inseguridad que se vive día a día en este estado.

Aunque las autoridades estatales anuncian cambios sustanciales y estructuras sólidas en su Sistema de Justicia Penal, los informes académicos muestran que Jalisco está lejos de ser una entidad con un buen sistema de justicia,  y lo posicionan entre los estados con mayor impunidad y cifra negra en México.