En el Poder Judicial existe un 40 por ciento de casos en trámite, en donde el inculpado por delitos menores debe llevar su proceso legal en la cárcel; antes lo podía enfrentar afuera de ella
"El trabajo que está haciendo la Defensoría Pública no es nulo, es menos nulo, porque no se está asumiendo una verdadera defensa de los casos, porque los abogados no tienen contacto con el acusado"
En Nuevo León, asesorarse por un defensor público durante un caso penal es prácticamente una condena a pisar la cárcel.
La religiosa Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), considera que el trabajo del Instituto de la Defensoría Pública estatal es nulo.
Los defensores parecen tomar a la ligera los casos penales, pues muchos inculpados que hoy en día están en la cárcel no saben quién los está defendiendo.
Aunado a eso, los litigantes no asumen una verdadera defensa en delitos menores, al no auxiliarse del instrumento legal adecuado para lograr una sentencia favorable a la persona en vinculación a proceso.
“En una encuesta que nosotros hicimos, del total de los casos que se atienden por la defensoría, la persona está privada de su libertad en los centros penitenciarios de Nuevo León. El 87 por ciento de los casos estatales lo llevan los defensores públicos.
“Y de ese porcentaje, la inmensa mayoría tiene sentencias condenatorias, o sea el trabajo que está haciendo la Defensoría Pública no es nulo, es menos nulo, porque no se está asumiendo una verdadera defensa de los casos, porque los abogados no tienen contacto con el acusado”, explicó Morales Elizondo.
Dice que hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos no hay acercamiento de los defensores con el inculpado.
“Les cambian el abogado a cada rato, les han pedido a los familiares de los reos hasta dinero para sacar o que pase el proceso de una manera.
“El Estado ha hecho un esfuerzo muy grandes para que se les mejore el salario, porque antes tenían un nivel de salario muy bajito, y ahorita el nivel salarial es alto, y me parece que tenemos una grave situación en la Defensoría, porque tenemos un gran cantidad de internos en los penales”, explicó la activista.
Actualmente, en el Poder Judicial existe un 40 por ciento de casos en trámite, en donde el inculpado por delitos menores tiene que llevar su proceso legal en la cárcel, cuando antes lo podía enfrentar afuera de ella.
“Hoy en día hay muchos instrumentos legales para tener un resultado favorable para la persona, pero realmente la Defensoría, para nosotros, es verdaderamente nula”, reiteró la religiosa.
Reporte Indigo publicó que el Instituto de la Defensoría Pública estatal tiene una imagen de incompetencia por la falta de transparencia en sus registros.
Los defensores no realizan reportes de la cantidad de sentencias favorables que consiguen para los inculpados.
Y sólo lleva un reporte de cuántos asuntos jurídicos fueron iniciados y cuántos concluidos.
Esto pone sobre la mesa el debate de si los defensores públicos están preparados en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, cuya piedra angular es la presunción de inocencia del acusado.
El trabajo que está haciendo la Defensoría Pública no es nulo, es menos nulo, porque no se está asumiendo una verdadera defensa de los casos, porque los abogados no tienen contacto con el acusado”
Revira Defensoría
David Peña González, director del Instituto de la Defensoría Pública, reviró sus comentarios sobre la falta de registro de casos con resolución favorable.
Para la entrevista publicada el martes dijo que no tenía un informe, y ayer solicitó corregir esa versión.
“Sí, claro… tenemos concentrados los asuntos, pero no pasan al informe, pero tenemos concentrados en materia civil, el número de expediente y tenemos porcentaje que se han ganado. Tengo un estimado de que el indiciado no es procesado en un 70 por ciento.
“En el área de investigaciones penales manejamos el 90 por ciento de los expedientes estatales, de los cuales el 30 por ciento está en la suspensión del proceso a prueba o acuerdo reparatorios, de medidas cautelares tenemos un 28 por ciento. En prisión preventiva se tiene un 10 por ciento, en sobre seguimiento hay un 10 por ciento, y los asuntos que llegan a etapa intermedia es el 12 por ciento”, explicó el director.
Sin embargo, el funcionario había reconocido previamente que el instituto no cuenta con un estimado de los casos que han tenido un resultado positivo.
“Es que tenemos en materia de amparos, sí viene muy bien los conseguidos y los negados… pero en los casos nos da el número de trámite y concluido, pero no refiere los casos favorables”, dijo Peña en entrevista.
Se comprometió a entregar una copia de las cifras de los procesos que llevan los defensores de oficio en todo Nuevo León.
“Se tiene en porcentaje, pero se lo podemos enviar, una copia muy detallada de muchas direcciones donde están los casos que son favorables y los que no, y cuántos expedientes lleva cada defensor.
“Hay que recordar que muchos de los asuntos en materia penal se resuelven antes de llegar a etapa intermedia, es decir, se resuelven antes de llegar al juez de control”, explicó Peña González.
Aseguró que se buscará tener mayor transparencia en cuanto el rendimiento de cada defensor, así como continuar con la capacitación de los mismos en la migración al Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Hay gente inocente
Con la migración al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, los defensores públicos llevan la mayoría de los casos penales, como muestra la gráfica.
El Instituto de la Defensoría Pública no lleva un registro que pueda determinar en cuántos casos ha logrado una resolución favorables para personas procesadas.
En el Poder Judicial existe un 40 por ciento de casos en trámite, en donde el inculpado por delitos menores debe llevar su proceso legal en la cárcel; antes lo podía enfrentar afuera de ella
Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), consideró que el Poder Legislativo endureció las penas de forma tan irracional, que ocasionó que mucha gente inocente caiga en prisión.
“Las cárceles se han llenado de gente que no tiene porqué estar ahí, porque el Poder Legislativo reformó delitos que no tiene que ser… como el delito contra la comunidad que ya la Suprema Corte dijo que es inconstitucional, como el ‘halconeo’.
“El hecho que pongas robo con violencia, y la persona sólo jaloneó a la víctima, es decir, todo aquél que hace cualquier movimiento que pudiera pensarse agresivo es sancionado y va a la cárcel”, dijo la religiosa.
Explicó que en una sociedad democrática la privación de la libertad debería ser la última opción del proceso, por lo que se tendría que tener otras instancias antes de llegar a la sentencia.
“Por un lado se ha llenado nuestras cárceles de gente que no tiene que estar ahí, y por otro tenemos unos policías que todo aquél que tiene tatuaje, tiene pelo raro y que es sospechoso lo puede acusar de robo, pero además de robo, le pone violencia, y con eso ya lo puso en condiciones muy difíciles y no lo dejan salir de la cárcel”, detalló Morales Elizondo.
Y todas las personas que llegan a la cárcel, dijo la hermana, están en riesgo de ser asesinadas, porque el Estado no puede garantizar condiciones de seguridad en los reclusorios.
“Cuando salen, salen con una carta de antecedentes penales, que cuando buscan conseguir trabajo no lo encuentran por esa carta, entonces los estamos obligando a que vuelvan a delinquir, si es que delinquieron”, concluyó.
