Con los votos de 9 de los 11 ministros, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en diciembre de 2017.
El único que votó a favor de la constitucionalidad de la norma fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien elaboró el proyecto que se debatió durante tres días en el pleno de la Corte. La ministra Margarita Luna abandonó la sesión antes de la votación, aunque también había manifestado que el sentido de su voto era por la invalidez total.
Durante la sesión del día de hoy, el primero en tomar la palabra fue el ministro José Fernando Franco, quien coincidió con la postura que habían expresado otros ministros en la sesión del martes pasado, señalando que el Congreso de la Unión no tenía facultades para legislar en materia de seguridad interior.
En su intervención la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos señaló que el Congreso sí tiene facultades para haber expedido esta ley, pero también se posicionó por su invalidez total debido a las violaciones al proceso legislativo que se dieron en el Congreso durante la discusión y votación de la norma.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también argumentó por la invalidez total, añadiendo que no se llevó a cabo la consulta indígena necesaria para la dictaminación de la ley, además de que no quedaba en claro las reglas y supuestos de la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública.
Por su parte, el ministro presidente Luis María Aguilar opinó que el Congreso sí tiene competencia para legislar en la materia, y aunque al principio de su intervención recalcó que en el marco constitucional, los vicios presentes en la Ley podrían no llevar a una invalidez total, sino a purgar el contenido de la misma, afirmó que la Ley quedaría desarticulada y por tanto lo más conveniente era invalidarla en su totalidad.
El último en tomar la palabra fue el ministro ponente Jorge Mario Pardo, quien defendió su proyecto y señaló que si bien existen diversos artículos y porciones normativas que deban declararse inválidos, la Ley pudo haber sido analizada más a profundidad por los ministros antes de tomar la decisión de invalidarla en su totalidad. Agregó que a través de esta Ley se intentaba regular de alguna manera la participación de las fuerzas armadas, pero que no se les empodera para sustituir a las autoridades civiles.
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