Carlos Garza Ibarra, titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, ha erogado cerca de 4 mil millones de pesos para la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Pero en el gasto millonario no se ha informado con precisión la compra de los insumos de salud.
Observaciones en poder de Reporte Índigo de testigos sociales que han presenciado las reuniones del Comité de Adquisiciones de Servicios de Salud señalan que la información es muy escueta y generalizada.
La testigo social María de Lourdes Macarena Contreras Rodríguez solicitó compartir una descripción clara y precisa de la compra o adjudicación, algo que ya se había pedido desde el 19 de Octubre del 2020.
Contreras Rodríguez también pidió que la descripción del producto no sea de manera generalizada. Por ejemplo, que se incluya la cantidad de material que fue adquirido ya que esto no se transparenta, sólo se menciona un importe total y es necesaria la unidad de medida, cantidad, pieza, lote, habitaciones en caso de hospedaje y costo por unidad.
En el documento, la testigo social solicitó que la información del gasto sea entregada antes.
“Considero que la información dada en CDs, nos sean entregados a testigo sociales antes de asistir a la reunión, por medio de correo electrónico para poder leer y analizar, para que al momento de la reunión podamos llevar nuestras preguntas”, dice en la carta dirigida a la contralora general de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, María de Lourdes Williams.
Finalmente, externó su compromiso de seguir apoyando como testigo social en los procedimientos de contratación, como lo indica el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Inconformidad en compra de cubrebocas y volantes
La testigo social Argentina Mercedes Bermea Caldelas también hizo varias observaciones desde el 19 de noviembre de 2020 en la compra de volantes, cubrebocas y servicios de alimentos.
En la adquisición de 50 mil volantes como parte del programa “Prevengamos juntos el coronavirus”, con un importe total de 17 mil 400 pesos, manifestó estar en contra.
“Se me hizo ilógico que se compraran volantes, puesto que el contacto de persona a persona no está recomendado por las autoridades sanitarias por la misma contingencia sanitaria de COVID-19”, advirtió Bermea Caldelas.
En su segunda observación criticó el costo de 7 mil 500 cubrebocas de tela por un monto de 60 mil 900 pesos.
“En su momento manifesté si no había otras opciones mejores, ya que para el mes de octubre había muchas empresas que anunciaban la venta de cubrebocas de todos tipos”, señaló la testigo social en el documento dirigido a Pablo Silva, encargado del despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Sobre una procesadora de servicios de comida para la Dirección de Hospitales por 5 mil 568 pesos, la testigo social mencionó que el costo se le hizo elevado.
Otras irregularidades se pueden encontrar en los documentos de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, la persona física Adriana Fernández Castañeda, quien se dedica a la producción textil y surtió cubrebocas, ganó un contrato para proveer de medicamentos a la Secretaría de Salud.
El informe financiero de la Secretaría de Salud revela que recibió un contrato con número ADC20200142-1 por 870 mil pesos. Sin embargo, el documento no precisa de qué tipo de medicamento entregó la persona física.
